El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata exige el «cese inmediato» de las reclamaciones de pago por créditos de iDental, tras tener constancia de que bancos y empresas de recobro están exigiendo a los perjudicados por la estafa que salden sus deudas.
De la Mata ha dictado hoy un auto en el que recuerda que el pasado 5 de diciembre acordó como medida cautelar la suspensión de todas las reclamaciones judiciales que se hubieran formulado para un total de 10 entidades financieras por los contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del grupo iDental.
El magistrado ha reiterado la vigencia de esta medida cautelar, y ha ordenado que cesen “de inmediato” en dicha actuación aquellas entidades que los hubieran reanudado, una medida que hace extensiva especialmente a aquellas otras mercantiles que hayan comprado la titularidad de aquellos contratos de crédito y estén exigiendo el pago.
De la mata adoptó dicha medida con el fin de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor, evitando que una situación claramente injusta se mantenga durante la tramitación del procedimiento judicial, lo que permitirá a los usuarios/prestatarios no sufrir aún más perjuicios “ahora como consecuencia de la ejecución de un contrato al consumo vinculado a un contrato de servicios que no han sido prestados”.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la AN explica que han recibido escritos poniendo de manifiesto la existencia de entidades financieras que están realizando reclamaciones con sustento en aquellos contratos de crédito.
También le han trasmitido la existencia de entidades que podrían haber comprado paquetes de esos créditos a las prestamistas originarias y que están exigiendo el pago a los perjudicados.
Expresa que en estas circunstancias procede reiterar nuevamente la medida cautelar en la que se acordaba la suspensión de las reclamaciones de los créditos a los perjudicados de iDental vinculados a los tratamientos odontológicos, sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan celebrado de forma particular o colectiva por las asociaciones de consumidores o perjudicados.
La medida continúa afectando a Sabadell Consumer Finance, Banco Cooperativo Español, Evo Financie, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem, Banco Pichincha, Uno-E Bank, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU Peper EFC, Montjuic EFC y otras que hayan suscrito tales contratos de crédito a fin de que cesen en las reclamaciones.
Igualmente requiere a las anteriores para que se abstengan de incluir en ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y que procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos.
REQUERIMIENTOS A LAS ENTIDADES QUE COMPRARON LOS CRÉDITOS
En el mismo sentido, el magistrado requiere a “aquellas otras entidades de crédito, financieras o de cualquier otra índole o naturaleza que hayan adquirido u obtenido la titularidad por cualquier título, razón o precio de aquellos contratos de crédito” para que cesen en la reclamación.
Señala directamente a las entidades reportadas ante el Juzgado: Link Finanzas SLU, LC Asset 1 Sarl y Hoist Finance Spain.
Subraya que tanto los perjudicados en la causa como aquellos que todavía no se han personado y que estén siendo afectados por las reclamaciones -en particular en el caso de las entidades de crédito que hayan adquirido la titularidad de los contratos de crédito- que podrán comunicarlo al juzgado para adoptar las medidas necesarias para la efectividad de la medida acordada.
Contra este auto cabe recurso de reforma y/o de apelación.
José de la Mata inició la investigación del caso iDental en julio de 2018. Se sigue por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, lesiones y contra la salud pública.
Las clínicas iDental se publicitaban como “dentistas con corazón”, como proyecto de “responsabilidad social”, manifestando que su política era acercar la odontología a quienes tuvieran dificultades para acceder al dentista.
Entre abril y junio del año pasado, sin previo aviso, se cerraron las 24 clínicas odontológicas que tenía el grupo por toda España, y los clientes se quedaron con tratamientos a medio terminar, pero que habían pagado íntegramente por adelantado, con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias.
La consultora Deloitte se encarga ahora de gestionar las sociedades para asegurar la atención de los clientes y los derechos de los trabajadores.
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