Un numeroso grupo de abogados españoles, liderados por Josep Jover, presidente de Aspertic, y por José Muelas, de Abogados de #R -promotores del Primer Congreso de la Abogacía Independiente- expusieron ayer en Bruselas la disonancia entre la nueva Directiva de Conciliación Familiar, que pronto verá la luz para los 28 países de la Unión Europea, y lo que establecen la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal españolas (LECRIM), que impiden que se produzca entre los abogados.
«Hay un hecho claro: la LEC dice que los plazos son improrrogables. Traducido, los abogados y abogadas no podemos enfermar. Y si nuestras compañeras están embarazadas y tienen que dar a luz, tampoco es motivo para pedir ningún aplazamiento. Esto se tiene que cambiar», explica Muelas.
Eso es justamente lo que hicieron en la mañana de ayer, durante dos horas, ante los eurodiputados Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú -encuadrado en Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea- y Manu Pineda, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a los que Jover y Muelas les explicaron esta contradicción y a los que requirieron su apoyo.
«La idea que hemos puesto sobre la mesa es una simple pregunta: Si las legislaciones penal y civil en España están en consonancia con la normativa europea de conciliación familiar y si son conforme a la materia de defensa del consumidor, porque es al ciudadano al que afecta de forma directa este estado de cosas», añade Muelas.
Tanto Jover como Muelas señalan un precedente claro: los asesores fiscales.
«¿Por qué a los asesores fiscales se les concede la posibilidad de elegir treinta días al año -un acuerdo que cerraron con el Ministerio de Hacienda- para este tipo de situaciones y a los abogados no? Es un contrasentido», señala Jover, que también es representante de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado y de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español.
Acompañando a los dos eurodiputados españoles asistieron a la reunión con los abogados un equipo de técnicos.
«En este momento, en el que se está cerrando la Directiva de Conciliación Familiar nos sirve un simple párrafo aclarando esto», cuenta Jover, erigido ya en cabeza de «lobby» que está pugnando por una ampliación del Reglamento General de Protección de Datos.
