La Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en el supuesto de que la sentencia por el proceso independentista en Cataluña no se dé a conocer antes del próximo 16 de octubre, celebre una vista para decidir si se debe prorrogar la prisión provisional para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ya que ese día cumplen dos años en la cárcel.
En el informe firmado por los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno, se recuerda que los artículos 504 y 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula que el tiempo máximo de prisión provisional es de dos años, prorrogable por el mismo tiempo.
Por ello entienden que permanecer en la cárcel «más allá del límite permitido legalmente» sin que se haya notificado de forma expresa dicha prorroga «vulneraría el derecho a la libertad personal».
Debido a que los 12 acusados por el ‘procés‘, de los cuáles nueve están en prisión provisional, se encuentran a la espera de conocer el fallo por los que han sido juzgados, el Ministerio Público pide al Supremo que si el día 16 de octubre aún no lo ha dado a conocer convoque esta comparecencia para que decida si la medida cautelar impuesta contra los conocidos como ‘los Jordis’ continúa vigente.
TRASLADO A LAS PARTES
Asimismo, según han informado fuentes jurídicas, el tribunal del procés ha dado traslado este martes a las partes de esta petición del Ministerio Público para que en el plazo de un día formulen sus alegaciones sobre la pertinencia de realizar esta vista o no.
La Fiscalía ha realizado este trámite para asegurarse que dicha decisión se llevará a cabo si la sentencia no se notifica antes del segundo aniversario de prisión de los líderes de las asociaciones catalanas, aunque los magistrados prevén tenerla lista antes de ese día.
Si ninguna acusación pide la celebración de dicha ‘vistilla’ y por tanto, la prórroga de la prisión provisional no se ha decretado, los acusados deberían quedar en libertad mientras conocen la resolución.
‘Los Jordis’ fueron los primeros investigados por el ‘procés’ que fueron encarcelados.
La entonces jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó el 16 de octubre de 2017 su ingreso en prisión provisional como investigados por el delito de sedición por los hechos ocurridos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de ese año.
Finalmente, han sido juzgados en el alto tribunal por estos hechos y por los acontecidos durante la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre, por los que Fiscalía solicita 17 años de prisión por el delito de rebelión.
