El juez procesa a 25 personas por una trama de amaño de partidos de tenis con la que habrían ganado 3,6 millones

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les imputa delitos de corrupción entre particulares, estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y organización criminal.

Sin perjuicio de que en el marco del procedimiento se puedan añadir otros.

Los investigados, entre los que hay tenistas profesionales, se ponían de acuerdo para, «a cambio de precio, alterar el curso normal del juego, dejándose perder partidos, sets, juegos o puntos, conforme a lo acordado ilícitamente».

«De ese modo, aseguraban el resultado de las apuestas sobre seguro realizadas por los miembros de la organización, que se beneficiaban de los premios obtenidos».

Entre los imputados están los tenistas Marc Fornell –quien sería uno de los ‘cabecillas’ de la trama–, Enrique López, Marcos Torralbo, Jordi Marsé y Marcos Giraldi, pero también estaban implicados familiares, intermediarios, inversores y cedentes de identidades.

Corrupción en partidos de tenis a lo largo y ancho del mundo

Según el magistrado, habrían actuado en competiciones tanto en España como en otros países como Irán, Egipto, Italia, Portugal, Túnez, Polonia, Alemania, Marruecos, Francia, Ucrania, Hungría o Países Bajos.

El ‘modus operandi’ descrito por el juez en su auto relata un primer paso que sería «la corrupción del evento deportivo, bien mediante información privilegiada o corrompiendo a los tenistas directamente».

Tras esto, habrían recurrido a la «incorporación de identidades usurpadas, esto es, de identidades conseguidas, usurpadas, sustraídas o creadas de manera subrepticia e ilegal».

Con estas identidades falsas se creaban dos grupos diferenciados con los que operaban: las que usaban para las casas de apuestas y las titulares de las cuentas de los medios de pago.

Extracción, reparto e incorporación al patrimonio

Una vez completaban esta fase, realizaban apuestas ganadoras e incorporaban los beneficios conseguidos a las cuentas de los medios de pago, para posteriormente realizar la extracción, reparto e incorporación al patrimonio de los distintos miembros de la organización criminal.

El último paso de esta trama, explica De la Mata, era buscar «acciones de inversión patrimonial con las que enmascarar las ganancias ilícitas y conseguir introducir el dinero no declarado en el tráfico monetario regular».