La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de los recursos sobre acuerdos o novaciones que los hipotecados suscribieron con sus bancos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, según una providencia que tiene fecha de 10 de septiembre pasado.
«Esta Sala tiene constancia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó la vista de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Teruel (asunto C-452-18) inicialmente para el pasado 10 de julio, y suspendió entretanto la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Orense (asunto C-268-19)», dice el Alto Tribunal.
En consecuencia ha suspendió todos los autos pendientes de resolución del recurso de casación en tanto en cuanto eso suceda.
La fecha prevista para que el abogado general del TJUE presente su informe es el 12 de diciembre, aunque la sentencia se conocerá ya en 2020.
En diciembre de 2017, el TJUE decidió que la restitución de las cláusulas abusivas debía producirse a partir de la firma del contrato, aclarando que los efectos económicos de la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013 sobre este mismo asunto no se limitaban a esta última fecha, sino a toda la vida de la hipoteca.
A partir de entonces, muchos titulares de un préstamo hipotecario firmaron con sus bancos acuerdos para modificar sus contratos, bien en el propio banco o a través de un notario.
Y lo que ahora ha puesto en suspenso el alto tribunal español es la tramitación de los recursos presentados por los clientes que novaron su hipoteca, para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y a recuperar lo cobrado en exceso, ya que si se anula una cláusula abusiva se considera que no existe, por lo que no se puede renegociar.
De acuerdo con la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, «esto no es bueno. El hecho de que todo termine en forma de cuestiones prejudiciales en el TJUE crea tiempos de inseguridad jurídica en España. Al Supremo, que ha hecho mucho, no debería temblarse el pulso y tendría que aplicar la ley de acuerdo con las Directrices europeas».
