El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar el próximo 10 de diciembre como investigado a Francisco Puig, hermano del presidente valenciano Ximo Puig y responsable de las empresas ‘Comunicació dels Ports’ y ‘Mas Mut Produccions’, y al director general de Política Lingüística de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano, en el marco de una causa por presunta malversación abierta tras una querella del PP valenciano.
El magistrado Pedro Antonio Casas Cobo los ha citado a las 9:30 horas.
El PP presentó una querella, firmada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz, en la que pidió que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano, provenientes de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Según señala el PP en la querella, Francisco Puig ha recibido alrededor de 600.000 euros en subvenciones públicas desde que su hermano ocupa la presidencia de la Generalitat.
Para el PP, estas subvenciones «constituyen una auténtica trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas de una gran familia».
En una providencia, con fecha de ayer, además de la citación como investigados de Puig y Trenzano, el magistrado, tras recibir diversa documentación requerida a la Consejería de Educación, de la que depende la Dirección General de Multilingüismo, ha decretado que se forme una pieza aparte con dichos documentos a fin de dar traslado a las partes.
Pide que se informe a la Fiscalía y a las partes personadas para que en una audiencia formulen alegaciones sobre el plazo de instrucción de la causa o la posible declaración de complejidad.
Contra esta providencia cabe recurso.
El PP solicitó en la querella una investigación para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que «no se cumplían los requisitos exigidos».
También pidió investigar «las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones».
Además de esta querella, el PP interpuso otra contra Trenzano por presunta falsedad documental.
Asegura que el director general «mentía» cuando dijo que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas «vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig».
Los ‘populares’ llevaron a los tribunales el acuerdo del 6 de abril de 2018, dictado por Trenzano, por el que desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por la diputada Eva Ortiz, en la cual «intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016» para el fomento del valenciano a las dos empresas citadas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia citó a declarar a Trenzano el pasado julio, y requirió documentación a la Consejería de Educación.
Éste dijo entonces en declaraciones a los medios de comunicación que estaba «muy tranquilo» y que esta causa forma parte de «una estrategia del PP para erosionar».
