El Círculo de Empresarios presentaba este miércoles sus tradicionales propuestas económicas de cara a la nueva legislatura.
El Círculo, que ya propuso ante las elecciones de abril una agenda reformista, plantea ahora la mayor urgencia de la misma ya que la situación económica y el contexto internacional han empeorado significativamente desde entonces.
Mientras la política monetaria pierde eficacia, España no cuenta con margen fiscal para reactivar el crecimiento en la actual situación.
En primer lugar, a nivel institucional se pide que se supere la incertidumbre política después de una legislatura históricamente fallida.
Y el Gobierno que salga de las elecciones del próximo 10 de noviembre, sea del color que sea, tendrá que abordar de inmediato una agenda auténticamente reformista en materia socioeconómica para combatir los principales problemas del país, entre los que destacan los elevados niveles de paro y deuda pública.
Así se desprende del Documento “Reformas socioeconómicas para la nueva Legislatura” presentado por el presidente del Círculo, John de Zulueta, el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin, y la directora de Economía, Alicia Coronil.
Entre otras cosas, el Círculo considera necesario orientar la Educación hacia un empleo estable y de calidad, con una formación enfocada hacia las nuevas tecnologías y un marco laboral adaptado a las nuevas realidades empresariales.
Otro elemento que se reclama es modernizar el sistema de contratación, dotándolo de mayor racionalización y simplicidad, estableciendo un menú de tres grandes contratos, tanto a tiempo parcial como completo: indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil (de formación).
Junto a ello se plantea equiparar las indemnizaciones por terminación de los contratos temporales en indefinidos, y reducir sus costes, convergiendo a los niveles de los países con menores tasas de temporalidad y desempleo, como Reino Unido o Alemania.
A este respecto se plantea al mismo tiempo rediseñar las políticas activas de empleo, con mayor peso de la formación continua, especialmente en un contexto de transformación digital y del mercado laboral, como en Dinamarca.
A nivel legislativo creen necesario salvaguardar el uso indiscriminado de la legislación vía Decreto Ley fuera de los casos previstos para su utilización. La calidad del marco legal reside en el uso adecuado de la técnica legislativa, que debe ir asociada al diálogo con los agentes de los sectores implicados.
También creen que hay que garantizar adecuadamente la seguridad jurídica, asegurando la estabilidad de las normas para evitar cambios sorpresivos que dificulten la planificación de la actividad empresarial.
Adicionalmente, las modificaciones regulatorias deben ir asociados al cumplimiento del principio de irretroactividad.
Otro elemento que reclama el Círculo de Empresarios es el de profundizar en la modernización tecnológica de la Justicia, asegurando la máxima interoperabilidad de los sistemas informáticos de los diversos territorios y una adecuada formación en este ámbito de los jueces, de los fiscales y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Al mismo tiempo se reclama un plan integral y estratégico contra la corrupción fruto del consenso político en el que entre otras medidas se establezcan nuevos códigos éticos en la función pública, se reduzcan las inmunidades y los aforamientos, y se actualice la Ley de Contratos del Sector Público siguiendo la directiva europea de contratación pública.
Reforma sistema de pensiones
En el ámbito de las pensiones, plantea desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años. Asimismo, sugiere introducir medidas fiscales orientadas a incentivar el ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
La idea que subyace en esta entidad empresarial es que se transforme progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto basado en tres soportes (reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria), para garantizar prestaciones dignas a largo plazo, como en Suecia.
Otro elemento que se reclama al nuevo Gobierno que salga de las urnas es que introduzca medidas fiscales orientadas a incentivar el ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
También propone mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, fomentar la colaboración público-privada en Sanidad Innovación, transformación digital, infraestructuras, energía y medio ambiente e impulso a la natalidad, conciliación y acceso a la vivienda son también cuestiones que aborda el Documento de propuestas.
Cambios fiscales importantes
Otra cuestión que plantean es una Reforma integral del sistema fiscal para equiparar su diseño al de los países más competitivos de nuestro entorno, en tipos y en incentivos fiscales. Actualmente, España tiene tipos impositivos por encima o en media con la UE.
Sin embargo, presenta principalmente una menor recaudación tributaria en IRPF y cotizaciones sociales debido a las elevadas tasas de paro (13,9%) y de economía sumergida (17,2%).
Por ello, es preciso: en el Impuesto de Sociedades, establecer un tipo único y más reducido, en torno al 20% de la base imponible, y un esquema de beneficios fiscales equiparable al de los países más competitivos de la UE, como Suecia, Reino Unido y Países Bajos.
En el IVA, simplificar su diseño y reasignar los bienes sujetos al tipo general y reducido, siguiendo el esquema mayoritario de los países de la UE, y en especial el aplicado en Austria y Alemania.
En el IRPF, la ampliación de las bases imponibles, mediante la creación de empleo y la reducción del peso de la economía sumergida, posibilitaría aumentar la recaudación y equiparar el tipo marginal, actualmente del 45%, a la media de la OCDE (41,6%) o de la Eurozona (41,7%).
A su vez, la creación de nuevas figuras tributarias debe hacerse de forma coordinada y armonizada con los países miembros de la UE y de la OCDE, para que no penalice la competitividad, la creación de empleo, la inversión y el ahorro privado en nuestro país.
En materia de natalidad y conciliación son partidarios desde esta entidad de acelerar la equiparación de los permisos parentales compartidos e intransferibles y fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria.
En el caso de los permisos parentales compartidos, España debería reformular su diseño tomando como referencia el modelo de Islandia, en el que existe una total equiparación en su periodo obligatorio para ambos progenitores.
También en este documento se indica de la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en el mercado de alquiler y en la vivienda social y protegida, impulsando las políticas de oferta.
Para ello, se precisa reformar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, un marco regulatorio más estable para la inversión privada, aumentar el suelo finalista, agilizar los trámites burocráticos e incrementar la inversión en vivienda social con mayor colaboración público-privada, entre otras medidas.
Desde el Círculo de Empresarios se lanza el mensaje final de que es tiempo de dialogar, de superar diferencias y consensuar las reformas estructurales que permitan lograr un crecimiento más sostenible e integrador, evitando incurrir en los mismos errores de política socioeconómica de la anterior crisis iniciada en 2008.
Se trata de adaptar “nuestro país al mundo que viene”.
