En la foto, la Junta Directiva de ALTODO con el decano del Colegio de Abogados de Madrid. De izquierda a derecha, José Maríña de la Morena, Antonio Abellán, África Calleja, José María Maíllo -presidente de ALTODO-, José María Alonso -decano del ICAM-, Virginia de la Cruz, Luis Álvarez Collado, Víctor Hugo Fernández Olivares y Nieves Izquierdo Herrada.
Una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa blindaría la justicia gratuita, según los congresistas de ALTODO
Los abogados de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno suscriben las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo
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23/11/2019 06:49
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Actualizado: 23/11/2019 01:01
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Los abogados de ALTODO le toman la palabra a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y, tal y como reflejaba ayer este diario, y consideran necesaria esa Ley Orgánica de Derecho a la Defensa una reivindicación histórica de la abogacía de los últimos veinte años que ayudaría a salvaguardar la justicia gratuita como servicio público.
Desde esta asociación se está dispuesto a presentar las propuestas necesarias que ayuden a reivindicar la justicia gratuita y a protegerla de cualquier intento de privatización o de merma de recursos.
Ya presentaron en trámite de alegaciones diferentes propuestas al Reglamento de Justicia Gratuita. “Hay que escuchar también a la abogacía de a pie, no solo a la institucional”, nos comentan.
En la situación actual por la que pasa el país, hasta que no se constituya el nuevo Gobierno esta iniciativa sigue parada. Cuando se constituya el Congreso de los Diputados haría falta una mayoría absoluta para aprobar dicha normativa.
Desde ALTODO, que este viernes dio por finalizado su I Congreso Nacional, a la espera de recibir las aportaciones de sus asociados y asistentes al mismo para elaborar un documento final de conclusiones, se piensa que en este marco normativo global tendría sentido una actualización de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita sobrepasada por muchos acontecimientos.
Para Juan Manuel Maíllo, presidente de ALTODO “creo que en esta Congreso hemos analizado la problemática del Turno de Oficio con las aportaciones de compañeros de toda España”.
A su juicio ha llegado el momento que el movimiento asociativo del Turno de Oficio siga creciendo y tenga más representatividad “La unidad de acción en el territorio nacional es necesaria porque mucha normativa que nos atañe es estatal”.
En nuestro país, está palpable la diferencia de retribución vía baremos que hay en territorio gestionado por el Ministerio de Justicia en relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
“No hay una uniformidad en cuanto a las retribuciones del los abogados del Turno de Oficio, habría que buscar la fórmula para igualar por arriba todos estos honorarios”.
Más diálogo con las administraciones
Uno de los principales problemas de fondo es que la Administración, a todos los niveles tenga en cuenta las opiniones de este colectivo de letrados que atienden a los más vulnerables.
Maíllo ve con preocupación que se anuncia una nueva crisis económica con lo cual habrá más ciudadanos con problemas económicos. “Habrá que ver si se incrementan las inversiones en justicia gratuita”.
Maíllo cree que si se aprueba en esta legislatura la tan ansiada Ley Orgánica del Derecho a la Defensa se podrán articular “diferentes medidas para frenar la escalada de amenazas y agresiones que sufren los abogados del Turno de Oficio; como el reconocernos como autoridad; mejorar los baremos del propio servicio, evitar la privatización y del servicio y quizás definir un Estatuto del Abogado del Turno de Oficio del que sabemos hay un borrador porque participamos en su configuración. Ayudaría a definir nuestros derechos como profesionales”.
Para el presidente del ALTODO uno de los problemas que sufre el Turno de Oficio tiene que ver con que “al no aplicarse diferentes directivas comunitarias el derecho a la defensa en nuestro país está siendo cuestionado y está vulnerando la igualdad de partes porque el fiscal si tiene ese atestado”.
También advierte que en este Congreso se han visto dos visiones del mismo problema en cuanto el acceso al atestado.
“La abogacía del Turno de Oficio se encuentra con problemas tanto en comisaria como en los juzgados, mientras que la postura de las Fuerzas de Seguridad es muy diferente y no están por la labor de colaborar con nuestra labor”.
Para este letrado, que encabeza la nueva Junta Directiva de ALTODO desde la primavera de este año, ser abogado del Turno de Oficio es muy vocacional y es muy complicado vivir únicamente de la prestación de este servicio porque los baremos actuales siguen siendo muy bajos.
Desde ALTODO es fundamental que asociaciones de este tipo se encuentren en las instituciones de la abogacía institucional y en permanente diálogo con los respectivos Colegios de Abogados.
En Madrid hay tres diputados de la Junta de Gobierno provenientes de esta asociación, lo que ha ayudado a una mejor comprensión de la problemática de este colectivo.
La Audiencia Provincial de Madrid de Madrid restringe el derecho a la defensa
Sobre el acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid para restringir las apelaciones en segunda instancia, recurrido por el despacho Gabeiras & Asociados y pendiente de un próximo recurso en la misma línea del ICAM, Maíllo cree que “esta medida es preocupante porque restringir el derecho de defensa a 25 folios puede generar indefensión en algunos casos, dependiendo del asunto en cuestión”.
Desde el ICAM, Marisol Cuevas, director de los servicios a la ciudadanía del Colegio de Abogados de Madrid, reconoce que las expectativas de este I Congreso de ALTODO ha servido para profundizar en los asuntos que preocupan a los abogados que forman parte de este servicio de asistencia jurídica gratuita.
“En el momento que tengamos las conclusiones definitivas empezaremos a trabajar en ellas”, apunta.
Desde su punto de vista, con la visión del medio plazo se podrán poner en marcha algunas cuestiones fijadas en este Congreso, tal y como dijo el propio decano madrileño, José María Alonso, en su intervención en el primer día de este evento, este viernes desplazado a Córdoba este viernes en un Pleno del Consejo General de la Abogacía Española.
“A largo plazo sería la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una norma que data de 1996 y que necesita una actualización importante con los tiempos que vivimos en estos momentos”.
Cuevas, como mucho de los expertos que han acudido a este Congreso cree que la propia Ley Orgánica de Derecho a la Defensa en el momento de su aprobación podría ayudar a dicha actualización de la actual normativa sobre asistencia jurídica gratuita.
“Es importante que se potencia este servicio público como derecho a la defensa para los colectivos más vulnerables de la sociedad que tienen escasos recursos”.
A su juicio “el derecho a la defensa no es tanto que esté en peligro en estos momentos, es posible que tenga algunas fisuras, pero una nueva normativa podría solventar las restricciones que en ocasiones sufre”.
Sobre la posible recesión que puede llegar y que generara mas beneficios del servicio cree que las Administraciones tendrán que incrementar sus presupuestos en justicia gratuita.
“Es necesario actualizar los baremos de estos abogados y garantizar el cobro de todas las actuaciones de estos letrados que no siempre se logra”.
Cuevas cree que el diálogo existente “y permanente contacto” que hay entre el ICAM y los abogados del Turno de oficio es un modelo que debería replicarse en otras entidades colegiales para un mejor funcionamiento del servicio.
En su opinión habría que estudiar si es necesario recuperar aquel Estatuto del Abogado del Turno de Oficio elaborado por diferentes asociaciones del sector.
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