El ‘Parlament’ ha aprobado este martes una propuesta de resolución que reivindica poder debatir y votar sobre la autodeterminación en la Cámara pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido un punto que hacía referencia al derecho de autodeterminación.
Concretamente, el punto suspendido por el TC reiteraba la defensa del derecho de autodeterminación y la reprobación de la Monarquía, por lo que quedó eliminado del texto.
Pero JxCat, ERC y la CUP registraron enmiendas que, o bien rechazan la suspensión del punto y, para ello, incluyen el redactado suspendido, o reivindican «poder debatir y votar» la autodeterminación.
El independentismo pretendía que esta resolución fuera la respuesta conjunta a la sentencia del 1-O.
Sin embargo, los partidos no se han puesto de acuerdo en presentar una enmienda conjunta para sortear al TC, han presentado enmiendas por separado y han acordado apoyarse entre ellos, por lo que todas han salido adelante en el pleno del Parlament.
La resolución, que se ha votado entera junto a las enmiendas, ha contado con 68 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, 21 en contra del PSC-Units y el PP, y 8 abstenciones de los comuns, mientras que Cs no ha participado en la votación porque ha abandonado el pleno.
La enmienda de la CUP rechaza la suspensión del TC del texto suspendido (y lo cita) y afirma que la actuación del tribunal es «contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, ideológica y participación política».
Apoyo al presidente del Parlament, Roger Torrent
Las enmiendas de ERC hacen lo mismo y además expresan su apoyo al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa investigados por la Fiscalía.
Además, considera que «la persecución judicial de la Mesa del Parlament constituye una grave vulneración de la autonomía parlamentaria y de la inviolabilidad de los diputados».
Las de JxCat también critican la suspensión del TC citando el texto suspendido, rechazan las injerencias del TC con el objetivo de limitar el debate democrático que lesionan la autonomía y la inviolabilidad de la cámara y atentan contra los derechos de los diputados».
También acusan al tribunal de haberse convertido en un instrumento del Estado para silenciar las demandas democráticas de los catalanes, según el texto.
Además, «reivindica poder debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la Monarquía y el reconocimiento de soberanía de Cataluña y su derecho a decidir», que son elementos del punto suspendido por el TC.
Del resto de la propuesta presentada por los tres grupos, destaca el objetivo por el que se presenta: el rechazo a la sentencia del 1-O porque es «injusta y limita el ejercicio de los derechos fundamentales y se enmarca en una deriva autoritaria del Estado que afecta a los demócratas».
También pide la libertad de los dirigentes políticos encarcelados, reitera que el conflicto en Cataluña es político y que no se puede resolver mediante los tribunales y acusa al Estado de estar «imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política».
Vidal Aragonès (CUP) ha hecho autocrítica por la respuesta a la sentencia, que ha tachado de salvajada, y ha criticado la suspensión del TC, al que ha avisado:
«Nunca lo conseguirán. Ya nos pueden hacer lo que quieran, que nunca serán los que determinen de qué hablamos», y ha cargado contra la Monarquía, cuyo fin empezará con una república catalana, ha sostenido.
La portavoz de ERC, Malta Vilalta, ha destacado que la resolución aprobada no será la solución al conflicto y que, tras su aprobación, ha llegado el momento del diálogo con el Gobierno para apostar por la vía política con una mesa de negociación «al servicio del país, para comenzar a construir la solución democrática», y paralelamente ha instado a seguir fuertes en la calle, en las instituciones y a nivel internacional.
Por parte de JxCat, Elsa Artadi ha afirmado que la sentencia evidencia que los presos soberanistas son «presos políticos».
No han estado a la altura en la respuesta institucional a la sentencia
Ha defendido que, incluso en esta situación, están dispuestos a dialogar con el Estado, pero ha advertido de que no será posible si el Gobierno sigue recurriendo al TC iniciativas del Parlament, y ha reconocido que no han estado a la altura en la respuesta institucional a la sentencia.
Lorena Roldán (Cs) ha tachado al Govern de insurrecto como el anterior y ha señalado a Torrent como el que ha hecho posible que se debata y vote la resolución que ha afirmado que será tumbada por el TC:
¿Es que no han hecho ya suficiente daño a Cataluña?»; mientras Alejandro Fernández (PP) ha tachado la iniciativa independentista de enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer.
Ferran Pedret (PSC) cree que la propuesta es una «legítima expresión de disconformidad» con la sentencia y la suspensión del TC, pero que constata que están lejos de soluciones políticas –ha propuesto unos consensos mínimos para abordarlas–.
Tras esto, Marta Ribas (comuns), ha dicho que el Parlament debe poder hablar de todo y que la iniciativa llega tarde, en un momento de esperanza con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, según ella.
