El Supremo ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un tribunal del jurado de la Audiencia de Almería.
Ha rechazado el recurso del funcionario acusado, Miguel Gallardo Lorenzo, que además de la pena de cárcel es condenado a 9 años de inhabilitación absoluta y a indemnizar con 239.638 a la Junta de Andalucía.
BBVA pagará la indemnización de forma subsidiaria
Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338,20 euros responderá subsidiariamente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador.
Según los hechos probados, el funcionario acusado, “con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador”.
“Con la misma intención -añade la sentencia-, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal«.
«En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su DNI además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta».
«A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del BBVA abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias”.
«Irregularidades»
Fue la Administración autonómica la que puso en conocimiento de los juzgados de instrucción y del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas «irregularidades».
Estas se habían detectado en una cuenta bancaria «sin fiscalizar» hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.
En el procedimiento paralelo del Tribunal de Cuentas, el funcionario fue considerado responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.
