La sola selección de las tres ternas de candidatos para ocupar las vacantes de los magistrados de la Sala de lo Penal, recientemente jubilados, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, es una de los trabajos más arduos a los que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –en funciones de Comisión de Calificación– se está enfrentando
¿Por qué? Por la calidad de los candidatos. En total 28, de los que 16 ya han pasado por «el examen oral», como lo llaman algunos, entre el martes y el miércoles.
Entre ellos hay, nada menos, que dos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. El de Cataluña, Jesús María Barrientos Pacho. Y el de Andalucía, Lorenzo Jesús del Río Fernández.
También el presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro Miranda, y la presidenta de la Sala de lo Penal de ese mismo órgano judicial, Concepción Espejel Jorquera.
De la Audiencia Nacional se presentan un total de 11 magistrados, contando a los dos mencionados. El 39,2 por ciento de los candidatos.
12 si incluimos a Clara Eugenia Bayarri García, que hasta hace unos meses tenía ese mismo destino que cambió por otro en la Audiencia Provincial de Valencia. Lo que elevaría la proporción a un 42,8 por ciento.
Entre ellos hay dos jueces de instrucción, José de la Mata Amaya, del Central de Instrucción 5, y María Tardón Olmos, del 3. Tres de la Sala de Apelación, Ángel Hurtado Adrián, Manuela Fernández Prado –titulares– y Eloy Velasco Núñez –adscrito–.
Y 4 de la Sala de lo Penal: José Eduardo Gutiérrez Gómez, María Teresa Palacios Criado, Carolina Rius Alarcó y Juan Ramón Sáez Valcarcel.
El resto proceden de TSJ, como Leopoldo Puente Segura, en este caso de Madrid. O de las Audiencias Provinciales de Madrid (5), Valencia (3), Cádiz (2), Toledo (1), Tarragona (1), y Badajoz (1).
De todos los candidatos, 10 son mujeres un 35,7 por ciento y 18 hombres, un 64,3 por ciento.
UN «TRIBUNAL» MÁS RIGUROSO
El pasado mes de diciembre, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), entre cuyo articulado se encuentra el 326.2. Este artículo insta al CGPJ ha establecer unas bases para la elección de los candidatos partiendo de conceptos como mérito y capacidad, puesto por puesto.
Algo que se ha visto muy contestado por las cuatro asociaciones de jueces.
En estos pasados dos días –martes y miércoles– el presidente en funciones del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, acompañado de los vocales Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, José María Macías, Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero, han examinado a los 16 primeros candidatos en el Salón de Plenos del órgano de gobierno de los jueces, reconvertido en sala de deposición.
La sensación que tienen algunos de los examinados bascula entre dos sensaciones: el «aquí está todo el pescado vendido» y el «a ver si suena la flauta».
Ninguno las tiene todas consigo. La selección es una incógnita, en esta ocasión.
«Mira, hay dos presidentes de TSJ, uno de ellos el de Cataluña. Tiene mucho mérito en estos tiempos. Barrientos es un candidato seguro», explicaba uno de los aspirantes.
«Espejel está en la lista», decía otra de las personas que han pasado durante estos dos días. «Pero puede ocurrir que se de una carambola», añadía.
«Esto, al final, está dado. Es como siempre», precisaba una tercera persona, quizá en una versión actualizada del cuento de la zorra y las uvas.
Para todos ellos, la intervención es un mal trago, hay que decirlo. Porque vienen de destinos donde tienen el ordeno y mando, la jerarquía máxima.
Y se dan de bruces con un cuasi tribunal de oposiciones.
Tienen que modular todo el discurso. Deben persuadir a los vocales de que ellos son los mejores para ese puesto que ha quedado vacante en un periodo de tiempo de 50 minutos.
Estructurado en cuatro partes: 10 minutos para explicar el curriculum 10 minutos en explicar sus sentencias de ayer relevancia jurídica, 20 minutos para preguntas, que realiza el ponente, y 10 más para que el resto de los vocales puedan preguntar.
Los «exámenes» de antes de la reforma duraban entre 20 y 30 minutos, y algunos menos, y consistían en explicar lo bueno que era uno. Sin preguntas de los vocales.
No porque no pudieran hacerlas sino porque no las hacían.
NO ESTÁ EN LA CULTURA DE LOS JUECES SER EXAMINADOS
Uno de los componentes del «tribunal examinador», que luego tiene elaborar las ternas finales sobre las que tendrán que decidir los 21 miembros del Pleno del CGPJ, con una mayoría cualificada de 13 votos, José María Macías, reflexionaba recientemente ante Confilegal sobre la conveniencia de estas comparecencias.
«Yo entiendo que no está en la cultura del juez verse examinado de esta forma. Yo pensaba así antes. La primera vez que me vi en una de esas, en mi despacho, Cuatrecasas, pensé, ‘con lo listo que soy yo. Y me han ido a buscar. Y que soy magistrado. ¡Por favor!'», explicó a Confilegal en una reciente entrevista.
«Pero estaba equivocado. Lo tuve que aprender porque no estaba en mi cultural profesional de juez. En esas comparecencias lo que se hace es una evaluación para buscar mérito y capacidad», añadió.
«Y si eres directo e incisivo, que es a lo que acostumbrado un juez, se puede entender que el trato es ofensivo. Que después de 25 o 30 años de profesión que alguien te venga a valorar es duro, lo entiendo. Pero es el sistema que nos ha dado el legislador y es eficaz. Yo lo creo así. Te haces una idea muy aproximada de quién es el candidato», precisó.
Sobre todo si los que están delante son el Alto Mando del órgano de los jueces del poder judicial. En especial el presidente Lesmes, que a pesar de tener 61 años, la barba tan tupida y canosa, ha impresionado a más de dos y de tres a lo largo de estos dos días.
