La Justicia Federal de Brasil absolvió ayer a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a dos exministros y a un extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de las acusaciones de formar parte de una organización criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido.
El juez duodécimo federal de Brasilia, Marcus Vinicius Reis Bastos, señala en la sentencia que en la denuncia no había elementos constitutivos de delito.
Lula y Rousseff, los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega, y el tesorero Joao Vaccari Neto estaban acusados de haber integrado una organización criminal destinada a desviar recursos de la petrolera Petrobras y de otras empresas estatales durante los gobiernos del PT, primero con Lula (2003-2010) y después con Rousseff (2011-2016), para supuestamente financiar las campañas electorales del partido.
La denuncia fue presentada en 2017 por el entonces fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes de dejar su cargo.
Denunció que la cúpula del Partido de los Trabajadores recibió más de 1.400 millones de fondos desviados de las arcas públicas.
Los sucesores en el cargo de Janot, Raquel Dodge y Augusto Aras, no la respaldaron.
El juez Marcus Vinicius Reis afirma que la denuncia es un intento de «criminalizar la actividad política», pues «supone que existe una organización criminal que perdura hasta el mandato de Dilma Rousseff sin siquiera apuntar elementos esenciales de la caracterización de esa actividad delictiva».
«La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad», explica.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, ha celebrado en Twitter la decisión judicial: «Ante un juez imparcial, conseguimos hoy la absolución sumaria de Lula».
Perante um juiz imparcial, conseguimos hoje a absolvição sumária de @LulaOficial. O magistrado de Brasília indicou a “tentativa de criminalizar a atividade política” pela descabida acusação que ficou conhecida como “quadrilhão” – que faz parte do Lawfare contra @LulaOficial.
— Cristiano Zanin Martins (@czmartins) December 4, 2019
Lula da Silva tiene otros 8 procesos abiertos.
El pasado 8 de noviembre salió de la cárcel después de que la Corte Suprema le autorizara a esperar en libertad hasta que agote todos los recursos contra sus condenas.
Aprobó, por seis votos a favor y cinco en contra, revocar la ley que establece que los convictos comienzan a cumplir sus sentencias después de perder su primera apelación.
Llevaba interno en la prisión de Curitiba más de un año y medio, desde abril de 2018.
Tiene dos condenas por corrupción.
En julio de 2017 fue condenado 9 años y medio de prisión por aceptar un tríplex de lujo como pago a los favores políticos que hizo a la constructora OAS. Posteriormente, la pena se cambió a 12 años y un mes, y finalmente a ocho años y diez meses.
El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) de Brasil lo condenó por unanimidad por corrupción y blanqueo de dinero, por lo que amplió una pena a prisión que pesaba en su contra de 12 a 17 años.
Tras quedar en libertad, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha señalado que «está suelto, pero sigue teniendo todos los delitos a sus espaldas».
«Momentáneamente está libre, pero cargado de culpa», remachó.
