El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ve alejarse sus aspiraciones de volver a ocupar la presidencia del país tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero. Los magistrados de Porto Alegre han ratificado la condena que interpuso el pasado mes de julio el juez de Curitiba Sergio Moro de 9 años y medio de prisión.
Lula es el candidato favorito de los brasileños en las elecciones a la presidencia que se celebrarán en 2018, pero dos de los tres jueces de un tribunal de apelaciones se han posicionado a favor de mantener la condena por corrupción.
Los tres magistrados que conforman el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, debían pronunciarse sobre la condena dictada el 13 de julio de 2017 por el juez federal Sergio Moro, en cuyas manos recae la macrocausa de Petrobras, donde se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de jugosos contratos de la petrolera estatal.
Los magistrados Pedro Gebran y Leandro Paulsen, los primeros en tomar la palabra para exponer sus conclusiones, se han mostrado a favor de mantener las acusaciones contra Lula e incluso el primero de ellos ha abogado por ampliar la pena de cárcel hasta los doce años y un mes –frente a los nueve años y medio dictados por Moro–.
Moro condenó a Lula por blanqueo de capitales y corrupción pasiva al considerar probado que el líder izquierdista recibió un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos. Lula siempre ha negado que fuera un soborno, esgrimiendo que fue una inversión familiar.
De hecho, el expresidente ha dicho en Twitter que está «extremadamente tranquilo», ya que mantiene que no ha cometido «ningún delito». Para Lula, «lo único que puede suceder es que digan que (el juez Sergio) Moro se equivocó» en su fallo.
Ha lamentado su caso, pero ha dicho que es «muy poco» si se compara con la situación de millones de desempleados y, en este sentido, ha advertido de que parece no haber pasado «el efecto de la anestesia» que se le dio al pueblo brasileño.
A su juicio, «se han contado muchas mentiras» sobre el Partido de los Trabajadores (PT) y sobre la expresidenta Dilma Rousseff. «Decidieron criticar porque el PT estaba haciendo demasiado», ha apostillado, en alusión a una clase política que estaría ahora «rifando» las principales empresas del país sudamericano.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Una condena firme impediría a Lula registrarse como candidato para las elecciones presidenciales que Brasil celebrará el próximo 7 de octubre, carrera en la que parte como favorito, según todos los sondeos sobre intención de voto.
Lula tiene también pendientes otras cuatro causas por corrupción y abuso de poder.
Hasta ahora, la estrategia de Lula era agarrarse a una hipotética posición judicial discrepante para presentar un nuevo recurso. Sin embargo, esta posición se aleja tras la resolución de este miércoles.
El cumplimiento de la condena sólo se llevará a cabo una vez que se agoten todos los recursos. El ex mandatario todavía no iría a la cárcel y podría seguir con su campaña electoral e inscribirse como candidato el próximo 15 de agosto.
A partir de esa fecha el Tribunal Superior Electoral (TSE) será quien decida sobre su participación en los comicios. Según la Ley de la Ficha Limpia son inelegibles los candidatos condenados por crímenes contra la administración pública.
