Manifestación de los afectados por las ventas de las casas del IVIMA en la Puerta del Sol de Madrid.
Abogados de perjudicados por el IVIMA piden a la CAM que deje de litigar y compense a los afectados
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16/12/2019 00:00
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Actualizado: 16/12/2019 00:00
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Escenario complejo que se abre tras el auto del Supremo que no admite a trámite los recursos de la Comunidad de Madrid y del fondo de inversión Goldman Sachs Azora con cientos de afectados afectados por procesos de desahucios, dando así por buena –y firme– la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anuló la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros.
Entonces el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid era Ignacio González.
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) exige ahora a la Comunidad de Madrid revertir «inmediatamente» docta venta.
Al parecer el citado fondo de inversión, que opera con el nombre de Encasa Cibeles, ya habría vendido 1.159 viviendas: 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido.
En la actualidad solo quedan 600 de los más de 2.200 inquilinos originales del IVIMA y múltiples procesos judiciales abiertos por los afectados que quieren cuestionar lo nuevos contratos de venta y alquiler realizados en ese contexto.
Ahora se abre un escenario jurídico complicado.
Por un lado están los inquilinos que adquirieron de buena fe esas viviendas y sus derechos; de otro, los propietarios antiguos que perdieron las viviendas al ser desahuciados y el propio fondo de inversión que ya baraja la posibilidad de demandar a la Comunidad de Madrid.
Hay muchas cuestiones jurídicas que se podrán plantear en los próximos meses.
Para el colectivo de abogados que lleva peleando desde hace siete años para revertir esta venta, encabezado por Manuel César Pinto, que arrancó el tema en el 2013 desde el Turno de Oficio ante un inquilino que veía peligrar su vivienda.
Cristóbal Sitjar entregó el premio de ALTODO a Manuel César Pinto, quien aparece con él en la mano. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
En aquel otoño de 2013, época en la que decenas de afectados por la operación, que tuvo lugar en julio de ese año, presentaron recursos contra la actuación de la Comunidad de Madrid.
La mayoría fueron desestimados en primera instancia ya que los tribunales no consideraron a los inquilinos como “parte interesada” en el acuerdo comercial entre esta Administración y la empresa Azora-Goldman Sachs.
Afortunadamente, el TSJM atendió el recurso presentado por Pinto, en apelación, al igual que ha hecho con otros dos recursos.
Los responsables de la venta recurrieron en casación al Supremo y ahora el alto tribunal ha dado la razón a este vecino de Navalcarnero y, por extensión, a todos los damnificados.
Lo ha hecho al entender que la Administración no justificó debidamente “que las concretas promociones que se enajenan no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”.
En este escenario los abogados de estos afectados Felipe Alonso, Manuel San Pastor, Javier Rubio y Alejandra Jacinto interpondrían distintos recursos en la vía contenciosa para frenar dicha venta.
Ahora creen que es el momento de estudiar bien dicho auto y pedir la ejecución de la sentencia del TSJM, que fue recurrida por la CAM y el propio fondo de inversión.
En opinión de Alejandra Jacinto, «desde la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) requerimos que se paralicen todos los procedimientos judiciales de desahucio en curso emprendidos por Encasa Cibeles. El Tribunal Supremo lo ha dejado claro, el propietario de esas viviendas es el IVIMA. Nunca debió de dejar de serlo”.
Jacinto recuerda que “los afectados son centenares. Muchos tuvieron ya fecha de desahucio y fue suspendida, pero se pueden reanudar en cualquier momento. De hecho muchos de ellos no recurrieron porque la Comunidad de Madrid no les informó que podrían hacerlo”.
Ahora desde PAVPS se está organizando este colectivo para que reclame su derecho a la vivienda.
Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social.
BUSCAR UNA FORMA DE REPARACIÓN
También creen la necesidad de una reunión con la Comunidad de Madrid para plantearles la posibilidad de “una via de reparación para todos aquellos afectados por desahucio y ver como reparar ese daño”.
Otra cuestión que analizan es la posibilidad de pedir “responsabilidad patrimonial a esta administración pública por lo surgido”.
Desde esta Plataforma se es consciente que la Comunidad de Madrid no va a poner fácil el cumplimiento de la sentencia.
“Faltan datos que nos puedan señalar las personas desahuciadas hasta el momento, las que se fueron por coacciones y las que están en vía de ser desahuciadas y resisten como pueden. Hay que cuantificar los supuestos de hecho que hay en estos momentos”, señala.
La abogada recuerda que “estamos pendientes de un fallo de la Sala Especial del TSJM sobre este mismo asunto. Estamos a la expectativa, aunque no creemos que pudiera contradecir lo que ya dijo el Supremo en el auto recibido hace unos días y por tres veces ya el TSJM y su Sala de lo Contencioso. No sería explicable un fallo en la otra dirección ”.
Felipe Alonso, otro de los abogados de la Plataforma de Afectados explica que en dicho recurso «se planteó que había una infracción de la normativa autonómica. Es posible que el fallo del Supremo puedan tenerlo en cuenta, pero no lo sabremos hasta que conozcamos el fallo final de este TSJM”.
Para esta experta en derecho hipotecario, “a falta de una Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid, la única con Asturias que no tiene de esta normativa, lo que hay que evita es que se modifiquen, como así se hizo los Reglamentos de Vivienda del IVIMA y EMV para hacer factible dichas operaciones”.
También destaca que el parque de vivienda social en Madrid es muy escaso.
Respecto a la gestión de David Pérez, nuevo Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, reconoce que su visión de la vivienda es diferente a “ la que nosotros planteamos. Tendremos que reunirnos de forma urgente para ver si hay algún mecanismo administrativo que ayude a reparar el daño y que las personas, en riesgo de desahucio, no se lleven a cabo”.
Con la anterior consejera hablaron de un cauce especifico de adjudicación de vivienda del IVIMA para aquellas personas afectadas si no pudieran recuperar sus viviendas “ además de su compensación económica que merecen por los daños surgidos. La vivienda social es un servicio de interés general y debe estar protegida y blindada en un contexto donde los alquileres se han disparado sin ningún control de precios”.
UN AUTO DEMOLEDOR DEL SUPREMO
En un auto fechado el 29 de noviembre, el Supremo inamitidó el recurso de casación interpuesto por la CAM contra la sentencia del TSJM, convirtiéndola en firme y final.
El fallo del TSJM también anuló la posterior comunicación del IVIMA, en relación con la enajenación de las viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles.
«Ya no hay excusas para que la Comunidad de Madrid se ponga del lado de las casi 3.000 familias afectadas por la venta de viviendas del antiguo Ivima», afirman los afectados, quienes insisten en que el Gobierno regional «a la mayor brevedad se haga con las viviendas que nunca debió malvender», explican desde la AVVI.
Para Alonso, “el auto del Tribunal Supremo deja claro que la Comunidad de Madrid no ha justificado la venta de dichas viviendas del IVIMA y no admite el recurso de casación interpuesto”.
Recuerda que la primera sentencia fue del Juzgado Contencioso 29 “ahora este juzgado tendrá que ejecutar dicho fallo”.
En opinión de esta letrado “parece que la Comunidad de Madrid quiere recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Lo cierto es que la admisión de dichos recursos es muy complicada y se admiten muy pocos a lo largo de cada año”.
Alonso reconoce que tiene otros recursos en el Supremo sobre este tema “esperamos que siga la misma línea que el auto ya conocido recientemente”.
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