La Audiencia Provincial de Álava ha sentenciado a 13 años y tres meses de cárcel al exnúmero dos del PNV alavés Alfredo de Miguel por diversos delitos relacionados con las actividades de una trama vinculada a excargos de la formación ‘jeltzale’, que han sido enjuiciadas en el marco del ‘caso De Miguel’, el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.
Ha sido condenado por tráfico de influencias, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, cohecho impropio, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre otros delitos.
Del delito de coacciones que le atribuía la Fiscalía ha quedado absuelto.
El tribunal establece que el tiempo máximo de su estancia en prisión, en aplicación de la legislación vigente, sea de nueve años.
De los 26 acusados, el tribunal ha acordado la absolución de 11, entre ellos el exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco, Gurutz Larrañaga.
El otro excargo del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe imputado, el que fuera director de Juventud Javier Sánchez Robles, ha sido sentenciado a 6 años y un mes de prisión por malversación y tráfico de influencias.
También han sido condenados los exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, a seis años y seis meses de cárcel, y a siete años y seis meses, respectivamente.
Entre los delitos que se atribuyen a Ochandiano se encuentran cochecho, falsedad en documento mercantil, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Aunque las penas impuestas para Ochandiano suman siete años y seis meses de prisión, el tribunal establece que el tiempo máximo de privación de libertad que se le impondrá es de seis años y nueve meses.
Telleria ha sido condenado a penas que suman seis años y seis meses de prisión por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre otros delitos.
Al igual que De Miguel, ambos han sido absueltos de coacciones.
La magistrada Elena Cabero, ha leído hoy el fallo de esta sentencia, que tiene 1.186 páginas.
Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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