El fundador de Wikileaks, Julian Assange, declarará por videoconferencia este viernes 20 de diciembre desde la Corte de Magistrados de Wesminster (Londres) ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De La Mata.
Este investiga el espionaje que él y sus abogados habrían sufrido desde al menos 2017 durante su estancia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
De acuerdo a la documentación de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press, la citación se produce una vez las autoridades británicas han aceptado que Assange, que ya no cuenta con la protección del gobierno ecuatoriano y permanece detenido en espera de que se tramite una petición de extradición de EEUU, preste testimonio sobre ese espionaje por el que se investiga a la empresa española Undercover Global y su titular, David Morales, en libertad provisional.
La orden europea de investigación fue enviada por la Audiencia Nacional el pasado 25 de septiembre.
Tras un intercambio de misivas y después de responder el juez a una petición de aclaraciones, las autoridades británicas han accedido a que declare como testigo sobre este asunto que podría salpicar a EEUU y afectar así a su proceso de extradición.
Dado que se investiga si Morales proporcionó a los servicios de inteligencia norteamericanos la información que supuestamente habría obtenido sobre Assange espiándole en la embajada.
MICRÓFONOS OCULTOS, CÁMARAS QUE GRABAN AUDIO
En concreto, la causa tiene su origen en una querella presentada por la defensa de Assange en abril en relación al intento de extorsión que habría sufrido mediante la amenaza de publicación de una serie de documentos a los que sólo se podría haber tenido acceso desde dentro de la propia Embajada.
Allí, el periodista ha permanecido recluido bajo protección de Ecuador durante siete años. Fue inadmitida.
Los abogados de Assange ampliaron en julio aquella iniciativa y se dirigieron contra David Morales y su empresa con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), que tiene adjudicada la gestión de la seguridad en la Embajada ecuatoriana en Londres.
Mediante «la instalación de micrófonos ocultos y otros medios» habría «invadido la intimidad» del afectado y sus letrados para luego entregar la información a terceros, entre los que señala al propio ejecutivo ecuatoriano y agentes de EEUU.
La querella fue admitida a trámite en agosto y en ella, la defensa de Assange se apoyaba en numerosa documentación incluidos correos electrónicos del principal investigado, para denunciar que Morales, valiéndose del pago de comisiones a miembros del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador (SENAIN), había conseguido un contrato para la gestión de la seguridad de su legación diplomática en Londres con vigencia de 2015 a 2018 del que se habría valido para espiarle.
Según denunciaban, Morales proporcionaba en principio informes mensuales al SENAIN, pero suscribió después acuerdos con autoridades norteamericanas de inteligencia para facilitar información sensible relativa a Julián Assange y Rafael Correa.
Para conseguirla, habría dictado instrucciones a su personal tendentes a reemplazar el circuito cerrado de cámaras de seguridad de que disponía la Embajada por uno capaz de captar sonido así como instalar micrófonos ocultos en lugares dispares como la base de un extintor.
ENTRADAS Y REGISTROS
Toda esa información era en principio recepcionada en la sede de su empresa en Jerez de la Frontera pero dado el volumen, se habilitó una web donde almacenarla así como un sistema de emisión en streaming.
Esto permitía tanto a las autoridades norteamericanas como a las ecuatorianas acceder en directo al interior de la embajada, siempre según recogía la querella.
Tras admitir a trámite la iniciativa, el juez acordó en septiembre la detención de Morales, que tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional fue puesto en libertad con prohibición de abandonar España y obligación de comparecer en sede judicial dos veces por semana.
Está imputado por presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, blanqueo capitales, cohecho y tenencia ilícita de armas.
En paralelo, el Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial practicó entrada y registro en sus dependencias, en las que le intervino documentación relativa a sus contratos con la Embajada de Ecuador, dinero en efectivo, soportes informáticos y dos armas de fuego con el número de serie borrado.
El volcado de los dispositivos aún está siendo analizado.
