La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha defendido este jueves ante la Sala de lo Penal que tres de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo continúen en prisión preventiva.
Pero ha dejado la puerta abierta a que si el tribunal considera dejarles en libertad provisional, lo hagan abonando una fianza de 9.000 euros.
Según han informado fuentes jurídicas, así se ha pronunciado el fiscal Miguel Ángel Carballo durante la vista de apelación en referencia a los investigados Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xavier Buigas, tres de los detenidos el pasado septiembre.
Estos, tal y como se desprende del sumario de la causa, no habrían tenido contacto directo con los materiales precursores de explosivos.
Durante la vista, el representante del Ministerio Público no ha hecho mención expresa a la posibilidad del pago de una fianza para quedar en libertad, sino que se ha remitido al escrito presentado ante la Sala en el que sí se alude a esta condición, según las fuentes consultadas.
En el informe, también propone medidas cautelares, como son comparecencias periódicas en el juzgado, entrega de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional.
En cuanto al cuarto investigado sobre el que se ha celebrado vista este jueves, Alexis Codina, la Fiscalía pide mantener la medida de prisión sin posibilidad de fianza porque, según la investigación, su domicilio habitual habría servido como «laboratorio clandestino» para la célula terrorista en la preparación, confección y práctica de diversos compuestos explosivos, así como lugar de almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas.
CUESTIONAN LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En la vista de los cuatro investigados, que ha durado algo más de hora y media, primero han intervenido los abogados de los CDR, que han solicitado la libertad provisional.
A continuación ha sido el turno de la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y, por último, se ha pronunciado el fiscal.
Las defensas han reiterado, según las fuentes consultadas, que los detenidos tienen arraigo familiar en Cataluña.
Por esto, consideran que no hay riesgo de fuga, al tiempo que han vuelto a cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional, ya que consideran que los miembros de los CDR no conformaban ningún grupo terrorista, a diferencia de lo que sostienen Fiscalía y juez instructor.
En este sentido, consideran que la causa debe trasladarse a los tribunales catalanes para que sean los que dirijan la investigación, tras lo cual han puesto el ejemplo de Tamara Carrasco.
Esta es otra integrante de los CDR que fue detenida primero por terrorismo y después su caso se envió a Barcelona al rebajar la Audiencia Nacional su imputación a desórdenes públicos.
CUANTÍA IRRISORIA
Por su parte, el letrado de ACVOT, Ignacio Fuster-Fabra, ha defendido el mantenimiento de la prisión preventiva para los cuatro, ya que considera que se mantienen los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, según fuentes jurídicas.
Además, ha comentado que la cuantía de la fianza que propone la Fiscalía es irrisoria teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se imputan a los detenidos, esto es, pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos.
También ha sugerido que a los investigados no les costaría reunir los 9.000 euros, ya que considera que recurrirían a las «cajas de resistencia» de las que, en su opinión, han salido otras fianzas pagadas por otros independentistas catalanes.
En concreto, ha mencionado el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a quien el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena impuso fianza de 150.000 euros el 9 de noviembre de 2017 y fue la Asamblea Nacional Catalana (ANC) la que dijo que la pagaría.
Ahora, el tribunal que conforman los magistrados de la Sección Segunda José Ricardo de Prada, Fernando Andreu y María Fernanda Pérez deberán decidir si permiten salir en libertad a los cuatro investigados, pero no han aclarado a las partes personadas cuándo emitirán su resolución.
