En 2019 han fallecido unos 31.000 dependientes en España sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía, 85 personas al día, según denuncia el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
«Hay que tener en cuenta que el 54% de solicitantes tiene más de 80 años», apunta.
Las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo, aunque en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días), según se desprende de la nueva estadística del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) que publica el IMSERSO y que ha difundido la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
«Es un plazo absolutamente insoportable», señala Ramírez.
Las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191) se sitúan por debajo de los 180 días siendo los territorios con menos tiempo medio de espera.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone «gravísimos» trastornos a las personas dependientes y genera «importantísimas» sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres.
El 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas, según detalla.
«Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones», considera la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Informa que en 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
En este sentido, esta asociación apunta que entre los motivos de «estos impresentables retrasos» se hallan los recortes en la financiación y el «disparatado y proceloso» entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, «lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios».
Detalla que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados: resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona.
«Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones», indica.
José Manuel Ramírez señala que 2019 ha sido un año caracterizado por el mantenimiento de los recortes aprobados en 2012.
«La inestimabilidad política y el no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado, donde se incorporaban 500 millones de euros que los revertían y que no se hicieron palpables, ha hecho que se hayan sufrido los mismos recortes durante este año«, explica.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hace hincapié en que este año, «por primera vez desde el año 2015», ha aumentado la lista de espera, por lo que 2019 «ha sido un año de retroceso» en este sentido.
Por otra parte, apunta como «positivo» que en 2019 se ha recuperado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.
«Eso hay que ponerlo en valor. El Gobierno, sin presupuesto, ha podido recuperarlo y en este momento la tienen 50.000 cuidadoras no profesionales. Debería haber más. El ritmo es lento, pero también afecta la inestabilidad política», argumenta.
También indica que otro factor positivo de este año ha sido la transparencia que ha practicado el propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
«Nos han facilitado la información y hemos podido hacer análisis más certeros y mejores para una planificación que mejore el sistema», aclara.
Ramírez espera que en 2020 «haya un nuevo Gobierno que permita revertir los recortes» aprobados en 2012 y el cumplimento del Pacto de Estado por la Dependencia, «que se inicie una planificación para una financiación estable que permita el desarrollo del sistema de atención a la dependencia de manera adecuada y de justicia social, y que se mantenga la transparencia del Ministerio».
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España fue constituida en 1994 para responder a las demandas de «modernidad, racionalidad, eficacia y calidad de un sector en desarrollo como los servicios sociales, en el que están en juego derechos sociales tan importantes para las personas como el acceso a los recursos para la igualdad, la convivencia personal y social o la integración social».
Esta asociación está implantada en todo el territorio nacional y cuenta con delegaciones en las distintas comunidades autónomas.
Agrupa a más de 200 profesionales -trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores, abogados, entre otros- con años de experiencia que ocupan puestos de responsabilidad en instituciones, centros o servicios del sector.
Propone «ideas y soluciones» a la administración y a las empresas del sector, y sirve de «guía» a los distintos profesionales que necesitan asesoramiento en materia de servicios sociales.
Entre sus funciones destacan la de promover todo tipo de reuniones científicas, investigaciones y publicaciones que supongan una mejora de los servicios sociales, de su organización y de su gestión.
Asimismo, se propone «liderar la reflexión sobre las nuevas perspectivas en el sector, obteniendo resultados de calidad que ofrecer a diversos sectores de la población, empresarios y a la administración pública».
