La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha recurrido la libertad de uno de los cinco miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), Alexis Codina.
Hasta el momento, de 9 detenidos, 7 fueron enviados a prisión y cinco de ellos han quedado en libertad bajo fianza y con medidas cautelares.
Éstos son Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Ferrán Jolis y Alexis Codina.
La ACVOT presentó ayer ante la Audiencia Nacional un recurso de súplica contra el auto 763/2019 en el que se estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Codina.
Esta asociación que preside José Vargas Rincón y que ejerce de acusación popular en el caso, representada por los letrados José María-Fuster Fabra y Juan Ignacio Fuster-Fabra, entiende que lejos de atenuarse las razones por las que fue enviado a prisión provisional, estas se han «agravado».
Y porque ve su situación comparable a la de los terroristas islamistas del Raval detenidos en 2008.
Esta asociación señala que tanto Codina como el resto de investigados forman parte de una organización criminal cumpliendo escrupulosamente todos los elementos requeridos para ostentar tal consideración, y por lo tanto, en opinión de la ACVOT, «deberían seguir todos en prisión provisional».
Argumenta que Codina está siendo investigado por tenencia de explosivos con fines terroristas y recuerda que, según las pesquisas de la Guardia Civil que llevaron a su detención el pasado septiembre, fue partícipe de la obtención, elaboración y almacenamiento de esas sustancias.
Destaca que formaba parte del núcleo ejecutor y que en su domicilio, «que ha servido como laboratorio clandestino», se manipulaban las sustancias precursoras de explosivo intervenidas por la Benemérita.
La ACVOT reitera que persiste el riesgo de fuga y pone como ejemplo a líderes independentistas sustraídos de la Justicia, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Argumenta que persiste este riesgo de fuga «no solo por las capacidades personales del investigado, sino porque se produce una declaración de apoyo institucional por parte del independentismo radical catalán a los investigados» cada vez que hay una actuación de este órgano judicial en cuanto a su situación procesal.
Cita como muestra la reacción del presidente catalán, Quim Torra, el pasado 27 de diciembre, cuando manifestó en un tuit lo siguiente: «Difamación tras difamación, durante días y días fuimos acusados «de amparar la violencia». Celebro que los presos del 23S salgan de prisión, donde no tenían que haber entrado nunca. Muchos han de pedir perdón. Y el primero que lo tiene que hacer es el presidente Sánchez».
Difamació rere difamació, durant dies i dies vaig/vam ser acusats “d’emparar la violència”. Celebro que els empresonats del 23S surtin d’una presó on no haurien d’haver entrat mai. Molts han de demanar perdó. I el primer que ho ha de fer ha de ser el president Sánchez. https://t.co/Q1Bet6eIju
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 27, 2019
La ACVOT también insiste en que cabe destrucción de pruebas porque quedan «aún pendientes de análisis un gran número de dispositivos electrónicos o informáticos» y riesgo de reiteración delictiva.
