El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha admitido a trámite la querella presentada el pasado noviembre por la Fiscalía contra el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el sargento de los ‘Mossos d’Esquadra’ Lluís Escolà por el servicio de escolta que éste último prestó al expresidente catalán Carles Puigdemont en su huida de España.
La Fiscalía acusa a Buch y a Escolà de los presuntos delitos de prevaricación y malversación, al concluir que Buch presuntamente nombró como asesor a este sargento de los ‘Mossos’ cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el ‘procés’ y declaró en rebeldía.
La Sala Civil y Penal del TSJCat ha acordado incoar diligencias previas para la investigación de los hechos que se describen en la querella.
Indica que «del profuso relato de hechos contenido» en ella «se desprende la existencia de indicios suficientes de la concurrencia, en principio, de los elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos, sin perjuicio de su ulterior calificación y sin perjuicio, asimismo, de lo que finalmente resulte de su investigación, por lo que se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella, y todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de resultado de las diligencias que se vayan sustanciando».
Instruirá la causa la magistrada Mercedes Armas Galve.
El auto, fechado a 27 de diciembre y difundido hoy por el TSJCat, está firmado por los magistrados Jesús Barrientos Pacho, Mercedes Armas Galve y Carlos Ramos Rubio.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de súplica dentro de los tres días siguientes a su notificación.
DENUNCIA DE CIUDADANOS
La Fiscalía abrió una investigación a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos contra Buch por presuntamente haber destinado como escolta de Puigdemont en Bélgica a un asesor de su Consejería, Lluís Escolà i Miquel.
Ciudadanos aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.
El 13 de marzo de este año el Diario Oficial de la Generalitat (DOGT) publicó el cese de Escolà, después de que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, preguntara en el pleno de la Cámara catalana al consejero por esta cuestión.
Cs presentó la denuncia el pasado 19 de marzo.
La firmaban los diputados del Parlamento catalán Carlos Carrizosa Torres, Matías Alonso Ruiz y Jean Castel Sucarrat.
Al día siguiente la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias.
Según señala la Fiscalía en la querella, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el gobierno catalán y con cargo a los fondos públicos, «un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde».
Para el teniente fiscal Pedro Ariche, la designación de Escolà respondía «única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura».
Además, constata que Escolà ya había realizado tareas de seguridad para Puigdemont antes de ser nombrado asesor y que con posterioridad «se dedicó de forma plena sin disimulo» a esta actividad.
El Ministerio Público relata que los informes realizados por Escolà en su cargo como asesor eran de muy corta extensión, plagados de generalidades y sin conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad de la Consejería, y en un caso era «una copia indisimulada» de un trabajo realizado previamente en la Conselleria y publicado en el blog ‘Notes de Seguretat’.
El fiscal explica que los investigadores han podido constatar la presencia de Escolà, una vez nombrado asesor de Interior, en 11 ocasiones en el extranjero realizando funciones de «protección, escolta y aseguramiento del procesado rebelde Carles Puigdemont».
Recoge varios comentarios publicados en su perfil de Twitter: «41 semanas haciéndonos cargo del MHPG. Mientras no sea legal se hará legitimamente», «Buenas fiestas president, de parte de todos tus escoltas», entre ellos.
Escolà fue cesado el 13 de marzo de 2019 y, según la Consejería, el gasto total derivado de su cargo fue de 52.712,26 euros, «suma en la que ha resultado perjudicado el erario público autonómico a resultas de la torticera conducta», afirma la Fiscalía.
‘LA NOCHE DEL 29 DE OCTUBRE ÉL Y OTRO AGENTE ESCOLTARON AL HUIDO HASTA FRANCIA’
Escolà fue hasta el 29 de octubre de 2017 jefe operativo de la Unidad de Presidencia del Área de Escoltas y se encargaba de la coordinación y planificación de seguridad de la actividad pública y privada de Puigdemont.
Según la Fiscalía, Escolá, junto a otro agente del Área de Escoltas y un cabo de los Mossos, en la noche del 29 de octubre, «acompañaron y escoltaron al huido (Carles Puigdemont) hasta Francia, donde tomó un avión que le condujo a Bélgica».
La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos incoaron un expediente de investigación interna» por una posible falta grave y se le impuso una medida cautelar de cambio de destino a la Comisaría de Martorell (Barcelona), donde no llegó a incorporarse al disfrutar de fiestas y vacaciones y «tomó la baja por contingencias comunes».
La Fiscalía indica que se ha constatado que entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018 Escolá realizó numerosas salidas al extranjero para prestar labores de custodia y seguridad a Puigdemont, alegando vacaciones, fiestas y permisos personales.
El 20 de julio, el entonces director general de los Mossos, Andreu Joan Martínez, le sancionó con un traslado forzoso a la Comisaría General de Recursos Operativos con el mismo nivel retributivo.
Ese día Buch creó una plaza de asesor dentro de su departamento «específicamente programado» para que fuera ocupado por Escolà, pese a que, según la Fiscalía, su trayectoria profesional revela su absoluta inidoneidad, ya que su formación se limita al Bachillerato y un curso de escolta, cuando el anterior asesor tiene una licenciatura y tres posgrados.
