Fueron dos realidades paralelas. Mientras Victoria Ortega se imponía, con una mayoría casi a la «búlgara», que no dejó ninguna duda sobre los resultados electorales y el apoyo con el que cuenta, en la misma puerta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el madrileño Paseo de Recoletos, más de 150 miembros de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) -recientemente convertida en asociación nacional-, se manifestaron en defensa de la dignidad del turno de oficio y «en contra de nuestra esclavitud».
Algunos de ellos vestidos con la preceptiva toga forense, protestaron contra el CGAE por considerarlo «corresponsable, junto al Ministerio de Justicia» por la «gravísima situaicón» que padece el colectivo.
Esta es, precisamente «una bomba» que tendrán que desactivar ambos organismos: el CGAE y la nueva administración del Ministerio de Justicia, que capitanea Juan Carlos Campo: ¿Cómo se va a pagar aquellas asistencias del turno de oficio, ya sean a personas físicas, a las que no se les haya reconocido el derecho a la Justicia Gratuita, o de personas jurídicas -empresas-, para las que este derecho no cabe, pero que hayan sido ordenadas por los jueces.
El Ministerio y el CGAE han realizado dos reuniones para tratar el asunto -a la segunda, celebrada el 15 de enero pasado, asistió ALTODO en pie de igualdad con el CGAE- que, en principio, no tiene otra solución más que la legislativa.
Solución que va a llevar su tiempo por lo que urgen encontrar salidas eficaces para que los miembros del turno de oficio sigan cobrando por los trabajos ordenados por los jueces sin Justicia Gratuita.
ALTODO achaca al CGAE -de acuerdo con un comunicado que su presidente Juan Manuel Mayllo leyó con un megáfono a los presentes-, una pasividad y una inacción inexplicable por no haber «formulado iniciativa legislativa alguna durante las dos últimas décadas para reformar de una vez por todas el injusto, irracional y abusivo artículo 30 de la Ley de Asistencia Gratuita de forma que quede garantizado en todo caso el pago al abogado designado de oficio».
Una situación que ha permitido «la esclavización y la precarización del colectivo».
Entre los manifestantes estaba el abogado José Muelas, uno de los líderes de la Red de Abogadas y Abogados, creada el pasado mes de noviembre en Córdoba.
La asociación de abogados del turno de oficio también considera que «el CGAE no ha ejercitado acción alguna en defensa de la exclusividad que a los Colegios otorga la LAJG para gestionar la prestación de servicios jurídicos gratuitos con fondos públicos, permitiendo la usurpación de sus funciones, la privatización ‘políticamente correcta’ y el troceamiento de la Asistencia Jurídica Gratuita al consentir que Asociaciones privadas, Corporaciones Locales y otras entidades presten servicios jurídicos gratuitos merced a los fondos públicos».
Por último, afirman que el CGAE tampoco ha hecho nada por evitar el «intrusismo profesional» porque ha venido permitiendo que «la mediación en cuestiones de índole jurídica sea ejercida por personas y entidades ajenas a la abogacía».
