El pasado 16 de enero el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se partió en dos: 12 vocales votaron a favor del informe de idoneidad preceptivo para que Dolores Delgado -exministra de Justicia- fuera fiscal general del Estado.
Y 7 votaron en contra.
Carlos Lesmes Serrano, presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, votó junto a los 9 vocales del bloque progresista, en compañía de otros dos de su lado, el conservador: Rafael Fernández Valverde y María Ángeles Carmona.
A pesar de la importancia de la votación, dos vocales conservadores, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, no estuvieron presentes porque estaban de viaje.
La propuesta que Lesmes llevó al pleno, además, eliminó la frase empleada en los acuerdos para la elección de los cuatro fiscales precedentes –María José Segarra, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Eduardo Torres-Dulce– en la que se decía que los méritos reflejados en el curriculum del candidato «determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento».
¿Por qué facilitó, de esa forma, la aprobación de dicho informe?
La realidad es que Lesmes Serrano hace tiempo, desde diciembre de 2018, desde que se terminó su mandato al frente del órgano de gobierno de los jueces, piensa en su futuro próximo, cuando ya no sea lo que es ahora.
Y eso ayuda bastante.
Porque su futuro, de no hacer nada, es el de regresar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como magistrado de base cobrando, eso sí, 40.000 euros anuales menos que ahora, siendo presidente.
En pasadas columnas ya conté que estaba tomando clases intensivas de francés de cara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su base en Luxemburgo.
Para ser juez o abogado general.
Pero, a día de hoy, el Tribunal Constitucional se hace más factible, sobre todo con la ayuda del gobierno socialista.
Un apoyo que se ha granjeado en los últimos meses, según me han contado fuentes de toda solvencia. De esas de las que no dudas y vas a muerte con ellas.
Hasta ahora, Lesmes Serrano siempre se ha equivocado en sus preferencias políticas.
Prefirió a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez, y salió Sánchez. Y anheló a Soraya Sáenz de Santamaría frente a Pablo Casado, y salió Casado.
Por no mencionar meteduras de pata históricas que quedaron latentes en las hemerotecas de los diarios digitales y otras que están en la memoria de los iniciados en este mundo.
Todo parece indicar que Lesmes Serrano se ha redimido.
Ayuda mucho la posición en la que se encuentra.
¿Ha tenido, el presidente en funciones, una epifanía como la de San Pablo cuando se dirigía a Damasco a lomos de su caballo?
¿Ha visto la luz, de repente?
«La luz» es evidente: son las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional que tienen que renovarse al mismo tiempo que el CGPJ.
Las del actual presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.
Una elección que tiene que cumplir las mismas condiciones: contar con el apoyo de 3/5 partes de los votos del Congreso de los Diputados, es decir, 210 diputados.
Una cifra que solo se puede sumar con el apoyo expreso de los dos grandes partidos, PSOE y PP.
El problema es que, con el giro que han dado los acontecimientos, con la propuesta del gobierno socialista de reformar a la baja los delitos de sedición y de rebelión para favorecer a Oriol Junqueras y al resto de los condenados en el juicio del procés, la cosa de la renovación va a ser difícil.
No imposible.
Porque, a día de hoy, el PP, según me han confirmado desde Génova, no está por la labor de renovar nada en estas condiciones.
Al contrario.
Suenan tambores de guerra.
Lo que hace unas semanas parecía factible, ahora es imposible. Se ha producido un cambio climático político evidente para mal. O para muy mal.
A Lesmes Serrano solo le queda rezar por su futuro. Porque pintan bastos.
