La Policía Nacional ha detenido a 26 personas que formaban parte de una organización que presuntamente introducía en
España inmigrantes irregulares mediante el uso de embarcaciones rápidas que salían desde las costas de Orán (Argelia) y Tánger (Marruecos) y arribaban a las playas de Almería y Cádiz.
Según ha informado la Policía, esta organización, asentada en Argelia y en las provincias de Almería y Alicante, habría introducido más de 900 inmigrantes durante 2019, cobrando a cada uno entre 2.000 y 2.500 euros por la travesía marítima, lo que lo que les habría reportado un beneficio superior al millón y medio de euros.
18 miembros de esta organización han sido arrestados en Almería, 6 en Alicante y 2 en Zaragoza. La operación se denomina Trópico.
La investigación, que ha contado con la participación de Europol, ha finalizado con seis entradas y registros en domicilios -cinco en la provincia de Almería y uno en la ciudad de Alicante-, donde se ha intervenido unos 20.000 euros en efectivo, 17 vehículos, teléfonos móviles y diversa documentación.
Según informa la Policía, la parte del entramado que operaba en España, afincada principalmente en las provincias de Almería y Alicante, trabajaba de manera coordinada con los miembros ubicados en las costas africanas.
Así, antes de la salida de las embarcaciones, los integrantes de la organización ubicados en territorio español eran informados de los lugares y horas aproximadas de llegada o el número de inmigrantes transportados.
Explica que la ruta usada preferentemente por la red era la que unía las costas de Orán (Argelia) con las de Almería, por lo que la mayoría de inmigrantes eran de origen argelino.
La Policía detalla que las embarcaciones rápidas utilizadas contaban con potentes motores que permitían cruzar el mar de Alborán en tres horas, y disponían de puntos seguros de atraque para facilitar la recepción de los inmigrantes.
Eventualmente, la organización explotaba la ruta entre Tánger (Marruecos) y Algeciras (Cádiz) para introducir inmigrantes de origen marroquí.
Según informa la Policía, el entramado también contaba con una importante flota de vehículos para trasladar a los inmigrantes desde las zonas de llegada a diferentes puntos de la geografía española, «principalmente Almería, Alicante, Murcia, Barcelona, Tarragona y Lérida, donde se asentaban con familiares y amigos, o bien cogían autobuses para desplazarse a otros países de la Unión Europea».
Cada inmigrante debía abonar a la organización entre 2.000 y 2.500 euros por la travesía marítima, «cantidad que se incrementaba en 500 euros por el traslado por carretera dentro de la península».
La Policía destaca que durante esos traslados, los miembros de la red «no dudaban en abandonar en mitad de las autopistas a los inmigrantes que carecían de la cantidad solicitada por ese servicio», y que llegaron a «retenerles en viviendas de la organización hasta que los familiares se hacían cargo del pago de la deuda».
El comisario provincial de Almería, Rafael Madrona, ha explicado en una rueda de prensa que la investigación se inició en pasado marzo, y que la fase operativa concluyó en noviembre, si bien el juez instructor ha mantenido el secreto de las actuaciones hasta hace recientes fechas.
«Los inmigrantes, cuando llegaban a territorio español, contactaban con los detenidos para su recogida y posterior traslado», ha detallado el inspector Marcos Páez, jefe del grupo 14 de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos.
«Una de las novedades es que los inmigrantes venían con dinero, cuando normalmente no es así», ha apuntado el inspector y jefe del grupo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) en Almería, Daniel Reche.
El comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, Carlos Ríos, ha valorado la coordinación de los efectivos para desmantelar esta presunta organización criminal «importante» y ha indicado que el material intervenido ha permitido abrir nuevas vías de investigación.
La Policía también ha informado recientemente de la detención de otras 30 personas -16 mujeres y 14 hombres- en una operación contra el amaño de parejas de hecho para regularizar inmigrantes.
