La cosa, para cerrar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, está difícil.
Y más difícil que se ha puesto con el nombramiento como nueva fiscal general del Estado de Dolores Delgado o la intención publicitada del Gobierno de modificar los tipos penales de sedición y rebelión para beneficiar a los condenados en la causa del procés.
«En este momento el escenario es muy complicado, muy complejo», afirmó López.
El nombramiento de Delgado no es «el mejor marco» para lograrlo, admitió. «Plantea muchas preocupaciones y muchas dudas». Por eso «no es el mejor marco para llegar a un acuerdo», añadió.
De esta forma puso López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, las cartas sobre la mesa al finalizar la reunión que mantuvo ayer por la tarde con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sede del Ministerio.
Pero Campo confía en que puede lograrlo.
«Es una necesidad absoluta la renovación de los órganos constitucionales porque ese es el mandato constitucional y estoy convencido de que terminaremos encontrándolo», afirmó
Sólo un acuerdo entre PSOE y PP podría renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Porque la suma de ambos partidos en la Cámara Baja es precisamente el número de votos necesarios: 210, tres quintas partes de los 350 diputados; una mayoría cualificada.
A favor de esa confianza expresada por Campo está el hecho de que él y López son viejos conocidos.
Fueron vocales del CGPJ entre 2001 y 2008 en el Consejo que presidió Francisco Hernando.
Ambos, uno por el lado progresista y el otro, por el lado conservador, negociaron durante todos aquellos años, por lo que se conocen y se entienden tanto en el plano personal como profesional.
Sin embargo, a pesar de todo, López insistió en que el PP es «un partido de gobierno, de Estado, que cumple con sus obligaciones y sabe cuáles son sus obligaciones».
VOLUNTAD Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Por otra parte, durante la reunión, el ministro Campo le pidió al consejero López voluntad y colaboración institucional para la puesta en marcha del Plan Justicia 2030.
En ese sentido, Campo calificó el encuentro de “fructífero” porque ha permitido constatar que “son más las cosas que nos unen que las que nos separan”.
Fue la primera toma de contacto oficial en esta XIV legislatura.
López puso sobre la mesa las principales demandas, que pasan por un Pacto Nacional que garantice la modernización y despolitización de la Justicia, un objetivo compartido por ambos partidos.
Campo comunicó a López que próximamente convocará la Conferencia Sectorial de Justicia para abordar, desde la conjunción de esfuerzos, asuntos que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia en su conjunto, como la implantación de la Oficina Judicial, la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal y proyectos legislativos que se requieren para avanzar hacia un servicio público de mayor calidad.
MEJORA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Durante el encuentro, el consejero trasladó al ministro la necesidad de mejorar la financiación autonómica para que se reconozca el peso de la Comunidad de Madrid en la Administración de Justicia.
En opinión de López, el actual sistema de financiación no tiene en cuenta el mayor número de litigios que se producen en la región.
Una situación que puede perjudicar a la prestación del servicio de Justicia del que disfrutan los madrileños.
Asimismo, el consejero reclamó al ministro que en la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se definan mejor las competencias de los empleados públicos (tramitadores, gestores y auxilios) adaptándolas a la realidad, especialmente en todo aquello relacionado con el uso de nuevas tecnologías en sede judicial.
Por lo que respecta al turno de oficio, la reunión sirvió para abordar su situación en la Comunidad de Madrid, servicio al que el Gobierno regional destina casi 50 millones al año.
López recordó que el sistema de pago impulsado por la Administración regional ha permitido que en la actualidad los abogados y procuradores cobren por todos sus servicios prestados mensualmente y por anticipado.
Por otro lado, preguntado Campo si se logrará llevar al Consejo de Ministros del 3 de marzo el anteproyecto de la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que anunció este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, el titular de Justicia ha asegurado que «dará tiempo».
«PLENA COLABORACIÓN» CON OTROS MINISTERIOS
Sobre la polémica por supuestas discrepancias entre ambos ministerios para elaborar el texto, Campo explicó que «pese a lo que se ha podido oír, lo que hay es una plena colaboración entre distintos departamentos».
En cuanto al encuentro con el consejero madrileño, el ministro de Justicia ha indicado que se ha tratado de una reunión para presentar el programa ‘Justicia 2030’ y «analizar los problemas de manera bilateral» que se llevaran a la conferencia sectorial, como la entrada en funcionamiento del nuevo Registro Civil; el desarrollo de Oficina Judicial o «paquetes normativos».
«El objetivo es común y es ofrecer un servicio público en mejores condiciones (…) Es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar», concluyó.
