La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha propuesto a las administraciones competentes que, para minimizar los riesgos de contraer el coronavirus, se puedan comunicar con los detenidos «vía telefónica o por videoconferencia», tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 520.2.c.
Para ello, reclaman a los Colegios de Abogados y a los órganos judiciales «que se habiliten salas de videoconferencia, de conformidad con lo previsto en artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que posibilita igualmente que las actuaciones se realicen a través de estos sistemas, salvaguardando de esta forma el derecho de defensa, pero también la protección de los intervinientes».
Asimismo, ALTODO, en su comunicado, exige que se facilite a los abogados de guardia de este servicio «los medios de protección y desinfección necesarios» en los centros de detención, juzgados y servicios de orientación jurídica cuando tengan que atender a sus representados.
Y que se reduzca a los servicios mínimos imprescindibles el turno de oficio, «designándose únicamente para la asistencia a las personas privadas de libertad».
Esta asociación recuerda que el turno de oficio «viene desarrollando su actividad profesional como grupo de riesgo ante las enfermedades contagiosas toda vez que ejerce en un entorno en el que tradicionalmente no se cuenta con las mejores condiciones sanitarias (calabozos, prisiones, hacinamiento en dependencias oficiales y juzgados, servicios de orientación jurídica, etc.) y tampoco disponemos de protocolos ni de medidas específicas de seguridad y salud en el trabajo».
De acuerdo con ALTODO, «en las condiciones actuales de emergencia sanitaria no puede exigirse a la abogacía de oficio una malentendida actitud heroica o mártir, al tiempo que resulta desaconsejable que algunos letrados puedan actuar imprudentemente al margen de pautas básicas, sobreexponiéndose y de esta manera pudiendo a su vez contagiar a más personas».
Esta asociación, finalmente, advierte de que «en caso de no adoptarse y proveerse las medidas y medios de protección indicadas» harán un llamamiento a sus compañeros para que no realicen sus asistencias. Y avisa de que se reservan la capacidad de reclamar legalmente si algún miembro del turno de oficio se sobreexpone a estos peligros por negligencia de las autoridades.
