Durante el tiempo que dure esta crisis del coronavirus los abogados han sido eximidos de utilizar la tradicional toga forense, llamada así porque se utiliza en el foro, como se denominaba en la antigua Roma al lugar donde se celebraban los juicios.
Es una decisión tomada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contenida en el documento «Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del servicio público judicial ante la situación generada por el Covid-19», el coronavirus.
La indicación está contenida bajo el tercer epígrafe, «Medidas de protección individual». Y dice, en su punto 3.2: «Sin perjuicio de las anteriores medidas de índole general, para minimizar el riesgo de contagio en el ámbito específico de la Administración de Justicia se recomienda: Eximir a los abogados del uso de la toga en los actos procesales en los que este fuera preceptivo«.
Por ser un medio de transmisión del coronavirus.
Como ya se sabe, las togas –que se suelen someter a limpieza en seco periódica en la mayor parte de los colegios– suelen ser compartidas por los letrados. Cada órgano judicial tiene una sala de togas que gestiona un empleado de cada colegio.
Con esta decisión, las salas de vistas, por primera vez desde 1936, volverán a acoger a los profesionales del derecho sin la preceptiva toga.
En el lado republicano se abolieron, de facto, hasta el final de la contienda, con la instauración de la justicia popular.
Varios colegios, como el de Granada, Málaga, Albacete, Valladolid, Madrid, Oviedo, Zamora, y otros tantos, habían tomado la decisión de dispensar del uso de la toga a sus colegiados en sus intervenciones en los diferentes juicios.
