Firmas
Todos contra Lesmes
La crisis del coronavirus ha puesto al presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, contra las cuerdas por su "mala gestión" de la crisis; una percepción que comparten todos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La gestión de la crisis del coronavirus ha puesto al presidente en funciones del CGPJ en la picota pública
13/3/2020 02:44
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Actualizado: 13/3/2020 02:44
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Son tres palabras que sintetizan a la perfección el actual estado de cosas: Jueces, fiscales, letrados judiciales, funcionarios y abogados se han levantado en modo Fuenteovejuna contra las decisiones tomadas desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al coronavirus.
El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces que Carlos Lesmes Serrano preside en funciones desde diciembre de 2018.
Todos esos colectivos han criticado duramente al Consejo y a Lesmes, impulsor de las mismas, calificando las medidas como de «confusas», primero, y demandando su rectificación, después.
Incluso el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el órgano que agrupa a los 83 colegios de abogados de España, se ha despachado con un lenguaje extremadamente duro, exigiendo la suspensión de todo acto judicial colectivo en Madrid, La Rioja y Vitoria, “salvo los que sean de urgente necesidad por afectar a los derechos fundamentales».
Las cuatro asociaciones judiciales han puesto en tela de juicio la decisión de dejar al arbitrio de cada juez la suspensión de sus juicios, sin ningún criterio homogéneo, que después tendría que ser validado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo, primero, y por el CGPJ, después.
Y la cosa va a ir a más.
Los colectivos involucrados, los «stakeholders», que dirían ahora los modernos, le van a demandar que recule, que rectifique, que haga las cosas bien.
«Tendría que haber dado una respuesta coordinada y razonable para todo el territorio nacional, pero adaptada por cada TSJ, de acuerdo con la realidad de cada territorio. Con criterios uniformes«, explicaron en un reciente comunicado las asociaciones de jueces, a las que siempre ha tratado con mucha condescendencia, en el que le conminaron a rectificar.
Los mismos criterios uniformes que reclaman las asociaciones de fiscales y los letrados de la Administración de Justicia.
«Las decisiones o actuaciones individuales invasivas o que excedan los términos fijados por las autoridades sanitarias no contribuyen a que la acción de la Administración de Justicia, en sentido amplio, sea unívoca y unitaria», apuntó el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ).
Al igual que el CGAE, «exigió» al Consejo que se coordinara con el Ministerio y las Comunidades Autónomas para que en la toma de decisiones tengan en cuenta las “directrices del Ministerio de Sanidad”.
Y no es que Lesmes no estuviera avisado.
Según ha podido saber Confilegal, Juan Martínez Moya, vocal de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, durante la semana pasada estuvo haciendo gestiones con los diferentes presidentes de Tribunales Superiores de Justicia para conocer sus necesidades con vistas a tomar medidas para hacer frente al tsunami coronavirus que se avecinaba.
Pero su presidente no intuyó que la cosa se pondría tan grave y no le prestó la atención precisa.
LA INICIATIVA DEL TSJ DE MADRID HIZO MOVER PIEZA A LESMES
Sólo la iniciativa del presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, del pasado martes por la tarde, convocando la Comisión Mixta de la Comunidad de Madrid, compuesta por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía Superior de la misma Comunidad y la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, le hizo darse cuenta del tsunami que se avecinaba.
Al término de aquel encuentro, Rodríguez Padrón le hizo llegar el acuerdo en el que le «sugerían» a Lesmes que, en la Comunidad de Madrid, se restringiera la actividad judicial «limitándola a aquellos asuntos y servicios que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes y urgentes».
Fue un texto extremadamente medido al que le suprimieron todo tipo de aristas. Para no molestar.
Es cierto que el Consejo no tiene el poder para ordenar parar a los órganos judiciales, de acuerdo con la ley.
Y quien no tiene poder para hacerlo tampoco tiene poder para ratificar las decisiones que tomen aquellos que sí lo tienen de verdad: los presidentes de los TSJ.
Lesmes, sin embargo, tenía en su bocamanga una carta que le hubiera permitido hacerlo: declarar la situación de fuerza mayor, con lo que habría tenido luz verde para llevar a cabo la suspensión que le habían «sugerido» desde el TSJM.
Era una cuestión de salud laboral –y de salud pública– y la única forma de afrontarlo era reduciendo la actividad judicial durante 15 días.
Así de simple.
Porque, aunque la Organización Mundial de la Salud estaba a horas de ponerle el calificativo de pandemia, era más que evidente cuál era la situación.
«Lo ve hasta un ciego como yo», que diría Miguel Durán.
Pero no lo hizo.
¿Quizá porque la sugerencia venía de Rodríguez Padrón y de Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, quienes no forman parte, precisamente, del grupo de amigos a los que ha beneficiado a lo largo de los últimos años, pero que son leales a la institución a la que sirvieron?
El presidente del TSJM fue secretario general del Consejo durante catorce años y medio y López vocal y portavoz durante 7.
El resultado se produjo, al día siguiente. La Comisión Permanente hizo pública la instrucción, de la que aquí dimos cumplida cuenta, diferenciando dos escenarios, y que no solo ha dejado a todos fríos sino que ha provocado este Fuenteovejuna en curso.
¿Cómo reaccionará Lesmes ahora?
Es una incógnita. En su ADN no está recular o rectificar, aunque el inmovilismo podría poner en peligro su aspiración de convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, su objetivo principal a día de hoy, cuando por fin se renueve este Consejo, que lleva ya 15 meses de prórroga.
Por de pronto, Ministerio y Consejería de Justicia de Madrid están haciendo las cosas bien.
Ambos han introducido la declaración responsable entre sus respectivos funcionarios. Unos en territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y los otros en la Comunidad de Madrid.
Mediante ese documento, el funcionario, bajo juramento, declara que tiene hijos y que no tiene medios para que los cuide otra persona, por lo que quedan exonerados de ir a trabajar. Unas circunstancias que luego son comprobadas y que solucionan muchos problemas personales.
Y es que, hay que decirlo claro, entre los colectivos que trabajan para la justicia o que actúan ante la justicia, hay pánico a un posible contagio del coronavirus. Y se preguntan: ¿si el Congreso de los Diputados cierra 15 días por esta amenaza, por qué no podemos hacerlo nosotros?
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