Aunque la experiencia sumada de los cuatro fiscales de la causa del «procés» cuadruplica la del fiscal general del Estado y aunque uno de ellos, incluso, haya sido antecesor suyo –Consuelo Madrigal–, Álvaro García Ortiz les ha ordenado, «manu militari», que informen a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía, que incluye la malversación de fondos públicos por todos aquellos que en 2017 trataron de separar Cataluña de España y formar un estado aparte, dirigido por ellos.
García Ortiz, quizá el fiscal general del Estado más contestado internamente y criticado por la propia carrera, ha ordenado a Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza –este último formó parte en el pasado de la asociación de García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales, y fue uno de sus miembros más relevantes– que se reinterpreten a sí mismos.
Y que pongan que no hubo «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» en los amnistiados donde ahora lo ven con claridad.
El fiscal general del Estado les dice a sus cuatro mayores, en el decreto de 133 páginas que lleva su firma, que la interpretación que han hecho en sus proyectos de informes –son dos– de excluir el delito de malversación de la amnistía «contradice la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de sus preceptos».
Además, aclara que «parten de un análisis manifiestamente incompleto de los conceptos de ‘intereses financieros’ de la Unión Europea y de ‘perjuicio a los intereses financieros’ de la Unión, pues no se analiza de un modo exhaustivo la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el tratamiento ofrecido a dichos conceptos por el ordenamiento jurídico europeo. Análisis que permite alcanzar una conclusión contraria a la formulada en los proyectos de informe presentados».
Así mismo, García Ortiz dice que han confundido el «ánimo de lucro», que exige la malversación, con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.
Por lo tanto, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados«.
García Ortiz responde así a la discrepancia de los cuatro fiscales del «procés», que entienden que sí hubo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
En sus informes Madrigal, Cadena, Moreno y Zaragoza, que entregaron hace dos días, afirman que es indudable» que Carles Puigdemont, los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros condenados Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España».
LA JUNTA DE FISCALES DE SALA DEL SUPREMO ABORDARÁ EL «CONTENCIOSO» EL MARTES
García Ortiz, previamente a dictar este decreto, y en previsión de que los cuatro fiscales invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por discrepar del fiscal General del Estado, García Ortiz se puso ayer la venda antes que la herida, convocando a la Junta de Fiscales de Sala para dirimir este «desencuentro», dicho en términos sensibles, el próximo martes, 18 de junio.
Este artículo dice que el fiscal que «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar una Junta de Fiscales de Sala.
La votación, sin embargo, no es vinculante, por lo que el fiscal general del Estado tiene la última palabra.
Álvaro García Ortiz afirma en su decreto que algunos de los argumentos de los 4 fiscales del «procés» «desbordan el plano estrictamente jurídico», y «comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes».
El informe final que el Ministerio Fiscal presente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la que tiene la última palabra, tampoco es vinculante para los magistrados, que tienen la última palabra sobre su aplicación.
Jamás antes, en la moderna historia democrática de nuestro país, se había producido un choque de trenes como entre el fiscal general del Estado y un grupo de reputados fiscales del Tribunal Supremo.
