La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este lunes incluir al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales en las Comisiones de Seguimiento constituidas en cada Tribunal Superior de Justicia para la adopción de medidas en relación con la actividad judicial durante la pandemia de coronavirus COVID-19.
Según ha informado el Poder Judicial, el CGPJ se dirigirá a los Consejos Generales de los procuradores y de los graduados sociales para que cada uno designe un representante por territorio, que se incorporará a la Comisión de Seguimiento correspondiente, como hizo el pasado día 26 con el Consejo General de la Abogacía Española cuando acordó incluir a este colectivo en esos órganos.
El decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, ha indicado a Confilegal que es una decisión «lógica» porque se trata de «un colectivo que pisa a diario los tribunales» y que «conoce muy bien la justicia del día a día».
Esta decisión, ha apuntado, contribuye a mejorar la coordinación de las medidas en relación con la actividad judicial durante la pandemia porque «los órganos de la Administración de Justicia tienen que alimentarse de la opinión de aquellos colectivos que están en el día a día, que conocen la realidad práctica de las situaciones que se dan».
Según la instrucción aprobada por la Comisión Permanente el pasado 11 de marzo, las Comisiones de Seguimiento están presididas por los presidentes de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente e integradas por el presidente de la Audiencia Provincial, el secretario de Gobierno, el secretario coordinador provincial, los jueces decanos de los partidos judiciales afectados, el juez o jueces de guardia, el fiscal superior autonómico, el directora del Instituto de Medicina Legal, el director del gabinete de comunicación y un representante de la Administración de Justicia y sanitaria competente.
A ellos se suman ahora los representantes de los abogados, de los procuradores y de los graduados sociales, que serán convocados a las Comisiones de Seguimiento cuando se traten temas que afecten a su actividad profesional.
