El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha instado al Gobierno a encargar a un comité científico independiente la realización de un estudio científico que analice «la correlación entre las concentraciones de personas que participaron en las manifestaciones del 8 de marzo y el aumento de contagiados por el Covid-19 los días ulteriores a esas celebraciones masivas».
Con esta Proposición no de Ley, firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, las portavoces adjuntas Pilar Marcos y Sandra Moneo, la portavoz de Igualdad del GPP, Margarita Prohens, y los diputados Pedro Navarro y Beatriz Fanjul, el GPP reclama un estudio científico “que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España”.
Señala que «la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las manifestaciones del 8 de marzo ha animado un debate público para dilucidar si el Ejecutivo minimizó el riesgo que concentraciones masivas de esas características tienen en el potencial contagio del COVID-19”.
Además, destaca que “el 31 de enero la OMS anunció que el brote infeccioso era una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y el 11 de febrero, su presidente, lo consideraba como ‘el enemigo público número uno del mundo’”.
El Grupo Parlamentario Popular recuerda en la exposición de motivosque en esas mismas fechas de primeros de marzo Italia anunció la prohibición por decreto de entradas y salidas de la región de Lombardía y de otras 14 regiones, pero que en España el ministro de Sanidad «justificó» la celebración de las manifestaciones del 8-M «con el argumento» de que«el cambio de la situación» se produjo «el domingo al anochecer«.
El GPP también registró ayer una petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Comisión correspondiente del Congreso para que dé cuenta “de su responsabilidad en la convocatoria de concentraciones masivas en toda España el pasado 8 de marzo a pesar de conocer las recomendaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en un informe emitido el pasado día 2 de marzo, en el que recomendaba ‘evitar concentraciones masivas innecesarias por el coronavirus”.
Entre la nueva batería de preguntas escritas al Gobierno, el GPP se interesa por “si el ministro de Ciencia e Innovación comunicó a Presidencia la urgencia de tomar medidas epidemiológicas” tras afirmar que ‘los investigadores españoles comenzaron a trabajar de forma intensa sobre el COVID-19 en enero’, y si es así, si considera “apropiadas las manifestaciones del 8 de marzo”.
En este sentido, pregunta también al Gobierno “si considera que fue acertado autorizar grandes concentraciones de personas durante el mes de marzo cuando ya se sabía lo que estaba ocurriendo en otros países; quiénes fueron exactamente los expertos y la autoridad sanitaria que, según la ministra de Igualdad, le garantizaron que podían mantener y alentar la asistencia a las concentraciones masivas el pasado 8 de marzo o qué explicación tiene que eventos multitudinarios como el Mobile de Barcelona fuese cancelado y el propio Gobierno alentase a la gente a acudir al 8-M”.
El GPP se interesa también por los motivos por los que la Montero «interrumpió la cuarentena» antes de hacerse un nuevo test que resultó positivo, qué precio pagó el Gobierno por los test adquiridos en China, por qué «veta» el Gobierno las preguntas sobre los test defectuosos en las ruedas de prensa o “si ratifica el Ejecutivo las palabras de Fernando Simón en las que afirmó que cuando hay un profesional sanitario afectado todos los profesionales que hay a su alrededor son testados y se identifica a los positivos”.
También pregunta “cuáles” son «las recomendaciones de la ciencia» que Sánchez manifestó seguir el 12 de marzo y qué expertos las dieron, por si tiene prevista alguna medida con la que indemnizar a los damnificados por el COVID-19 y, en el ámbito de la agricultura, por “si el Gobierno ha evaluado las necesidades de trabajadores de campaña y mano de obra inmigrante necesaria para afrontar las campañas agrícolas de los próximos meses y qué tipo de requisitos deberán cumplir”.
Entre las nuevas Proposiciones no de Ley el GPP insta también al Gobierno a ampliar la duración de las exenciones fiscales del Programa de Preparación de los deportistas españoles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, tras el aplazamiento de los mismos por la crisis sanitaria.
Además, reclama copia de todos los documentos obrantes en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre adquisición de mascarillas regulada en la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, y en la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo.
