El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto tomada en la pasada campaña electoral, en el marco de un debate que tuvo lugar en el CGAE. En la foto aparece con Edmundo Bal, representante de Ciudadanos, y de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que moderó la mesa redonda sobre justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La crisis del coronavirus da carta de oficialidad definitiva a la entrega de los atestados a los abogados defensores
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31/3/2020 11:29
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Actualizado: 02/10/2023 10:26
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Primero, el domingo, fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y después, ayer, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
El primero fue en formato «Guía de criterios generales». El segundo, la más contundente, en forma de «Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020».
PARA DESCARGAR Resolución MJU Servicios esenciales adaptados
Esta resolución da carta de naturaleza y de normalidad definitiva a una reivindicación que los abogados defensores –tanto los del turno de oficio como los contratados– han venido realizando desde hace años: la entrega de los atestados y de las denuncias contra sus clientes.
Tanto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 como la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2018, de 5 de marzo, sobre el acceso al atestado policial en las comisarías, lo dejaron claro: Debía de hacerse.
«La ‘normalidad’, hasta ahora, es que en comisarías y en cuarteles de la Guardia Civil te dejen leer el atestado y la denuncia, pero que no te entreguen copia», explica Marta Moreta, abogada del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid.
«Pero todavía hoy hay policías y agentes de la Benemérita que se muestran reticentes incluso a eso, a dejártela leer. Esto sí supone un cambio. ¿Que te lo envíen por correo electrónico a tu cuenta? Impensable», añade.
Una opinión que comparte su compañero Marcos Molinero: «Cuando les dicen que te den copia, te contestan que copia en el Juzgado. Que ahí, comisaría o cuartel de la Guardia Civil, no dan nada. Sin duda esto supone un gran cambio. Es lamentable que sea en estas circunstancias, pero bienvenido sea».
El ministro Campo dice en la disposición Tercera, titulada «Régimen de presidencialidad», que «Estos servicios se realizarán, siempre que sea posible, mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidirectional segura de los datos o, si fuera necesario, de imagen y/o sonido a los efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u otras personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse«.
Y lo mismo sucede con las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer. «Estos servicios se prestarán en la misma forma expuesta para los juzgados de guardia».
CAUSAS CON PRESO
Sobre las causas urgentes con preso, la resolución del ministro añade: «Para estos casos, se fomentará especialmente la utilización de la videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de sonido e imagen incluso a los efectos de evitar traslados de presos a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse con los mismos«.
Esto implica, como ayer apuntó el presidente del TSJM, el envío previo al abogado defensor, por correo electrónico, desde la comisaría o el cuartel de la Guardia Civil, de las diligencias que se hayan instruido parda que el letrado sepa como tiene que articular la defensa de su cliente.
Para que el abogado tenga “pleno conocimiento de su contenido con carácter previo”, escribe Rodríguez Padrón.
Luis Álvarez, de la Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), saluda la medida.
«A veces conseguíamos que nos dieran una copia, pero todo dependía de quien estuviera de guardia. Del humor de quien estuviera de responsable del turno. Esto cambia las cosas, para bien, porque pone el derecho de defensa al nivel de cualquier país europeo. Como debía haber sido hace mucho tiempo», concluye.
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