El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha pedido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la reanudación de la actividad judicial de tramitación antes de que cese el estado de alarma, facilitando para ello los medios tecnológicos necesarios para que los funcionarios puedan teletrabajar.
El objetivo, explica en un comunicado, es «anticiparse a la situación que se avecina» cuando se retome la actividad judicial.
Tanto la dotación de medios como la incorporación al trabajo de los funcionarios, considera el CGPE, «podrá hacerse progresivamente con el fin de incrementar el porcentaje de funcionamiento de la Administración de Justicia», ya que, como recuerda, está paralizada «como mínimo en un 95%».
Asimismo, reclama la «puesta del contador a cero de los plazos procesales y administrativos hasta que se decrete el cese del estado de alarma» y medidas de refuerzo para jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, protocolos consensuados con los operadores jurídicos para la presentación gradual de escritos, recepción gradual de notificaciones y programación de señalamientos.
Turnos rotatorios de mañana y tarde
El CGPE también demanda que, con los protocolos sanitarios necesarios, «se disponga de manera inmediata la asistencia de los funcionarios de la Administración de Justicia a las sedes judiciales, de forma rotatoria, mediante turnos horarios, de mañana y tarde, para que puedan realizar su trabajo».
Eso sí, subraya, «con cumplimiento estricto del horario y jornada que se establezca como tal, sin absentismo total o parcial en los turnos que así se establezcan y la reactivación de la actividad judicial de manera acorde con la situación que todos padecemos».
El Consejo General de Procuradores de España asegura que sus propuestas demandan «amplitud de miras» y «compromiso conjunto, sin fisuras», de manera que «no se escatimen esfuerzos en medios humanos y materiales, con las reformas procesales necesarias y con una perspectiva necesariamente más amplia del plan de actuación o choque en los diferentes órdenes jurisdiccionales, también centrándose en el ámbito de la ejecución, especialmente en el orden civil, clave para la recuperación económica».
De lo contrario, afirma, «corremos el riesgo de producir el efecto contrario al pretendido provocando efectos negativos en la recuperación económica y desequilibrios para los justiciables dependiendo del proceso judicial en el que se encuentren inmersos».
