El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la actual situación de Gobierno en funciones no suponga un freno para la tramitación del reglamento que debe desarrollar la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Se trata de una de las medidas más esperadas por los profesionales adscritos a las mutualidades alternativas.
A través de un escrito remitido al Ministerio, el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea, ha defendido la necesidad de que continúen los trabajos preparatorios y técnicos necesarios para culminar el desarrollo normativo ordenado por las Cortes Generales con la aprobación de la Ley 2/2026, de 29 de julio.
La norma establece que las condiciones para la transferencia de los derechos económicos acumulados por los mutualistas y su conversión en períodos de cotización al RETA deberán definirse reglamentariamente en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.
Para el Consejo General, este calendario obliga a continuar avanzando pese a las dificultades derivadas del actual contexto institucional.
«Somos plenamente conscientes de las limitaciones que implica un Gobierno en funciones y de las cautelas jurídicas que deben observarse en este escenario. Pero también entendemos que debe hacerse todo lo jurídicamente posible para evitar que una situación coyuntural termine retrasando el cumplimiento de un mandato legal expreso», ha señalado García Barrenechea.
Incertidumbre entre los profesionales afectados
La preocupación del Consejo General responde también a la incertidumbre existente entre miles de profesionales que permanecen pendientes de conocer las condiciones definitivas que les permitirán acogerse a la pasarela.
La propia ley vincula el inicio del plazo para solicitar la transferencia de los derechos económicos a la entrada en vigor del reglamento.
Por ello, según expone el CGPE, cualquier retraso en su aprobación supondría también una demora para quienes esperan poder acogerse a esta medida.
Desde la institución consideran que la situación política no debería impedir que continúen aquellos trabajos que permitan tener preparado el texto normativo y avanzar en su tramitación dentro de los márgenes que permite el ordenamiento jurídico.
«No se trata de ignorar las limitaciones propias de un Gobierno en funciones, sino de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el marco legal vigente. Existe una ley aprobada por las Cortes Generales, existe un mandato de desarrollo reglamentario y existe un plazo concreto marcado por el legislador. Por ello, creemos que es fundamental mantener e impulsar su tramitación», ha añadido García Barrenechea.
El CGPE ofrece su colaboración al Ministerio
El Consejo General de Procuradores ha trasladado asimismo al Ministerio su disposición a seguir colaborando activamente en la elaboración del reglamento.
La institución se ofrece a aportar la experiencia y las propuestas del colectivo con el objetivo de contribuir a un marco jurídico «equilibrado, seguro y técnicamente sólido».
Con esta petición, el CGPE pretende evitar que la incertidumbre política se traslade a los mutualistas y que una reforma que afecta al futuro previsional de numerosos profesionales sufra retrasos respecto de los plazos previstos en la ley.
La posición de la institución es que los cambios en el escenario político no deben retrasar una solución que miles de profesionales llevan años esperando.
