José Antonio Choclán, socio director de Bufete Choclán y magistrado en excedencia, critica duramente en su columna la decisión de poner a cero todos los plazos de instrucción ya iniciados. Foto: Confilegal.
Las asociaciones fiscales dirigen sus propuestas de agilización de la Justicia a Delgado
Las tres asociaciones coinciden en que son necesarias reformas procesales y sustantivas de calado más allá del 'plan de choque'
|
15/4/2020 17:03
|
Actualizado: 11/4/2023 11:40
|
La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han dirigido sus propuestas de agilización de la Justicia para cuando finalice el estado de alarma a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Cada asociación ha elaborado un escrito con sus propuestas después de que la Fiscalía les pidiera opinión sobre este asunto.
Las tres coinciden en que la protección debe ser una prioridad mientras dure la pandemia, con las medidas y la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, tanto en las salas de juicios como en el resto de dependencias judiciales.
Así, la AF apuesta por una reincorporación progresiva de cada fiscal con la realización previa del test de COVID-19, establecer un turno rotatorio de trabajo y mantener el sistema de videoconferencia siempre que sea posible.
Por su parte, la UPF y APIF proponen mantener el teletrabajo.
En su caso, la UPF recomienda potenciar el despacho de asuntos desde el domicilio reservando, al menos durante las semanas en que las restricciones sanitarias así lo impongan, la presencia física a los servicios de guardia, permanencia y vistas, exclusivamente para actuaciones que no puedan realizarse remota o digitalmente.
APIF propone el teletrabajo «tal como está concebido en el presente momento, e incrementar sus posibilidades en todo cuanto sea posible», ya que, a juicio de esta asociación, se ha verificado que el servicio de asistencia técnica del Ministerio de Justicia funciona satisfactoriamente.
Refuerzo de personal
Las tres proponen medidas en materia de personal para hacer frente al trabajo que se espera cuando concluya el estado de alarma.
La Asociación de Fiscales pide que se concedan sustituciones internas y externas, así como la consideración de accidente laboral por contagio de COVID-19, como ha acordado el CGPJ para los jueces.
La UPF un aumento de plantilla y el fomento de las sustituciones internas, con el objetivo de responder al aumento de señalamientos y otras diligencias. Asimismo, reclama un refuerzo de las plantillas de funcionarios adscritos a las Fiscalías.
Por su parte, APIF se muestra escéptica en relación a la capacidad de acordar estas propuestas, puesto que «toda medida sin inversión económica real nos parece aventurada» y «sabemos que el Gobierno se ha encontrado con dificultades los últimos años para, simplemente, aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado».
Esta asociación subraya que viene reclamando desde hace tiempo la creación de bolsas de fiscales de carrera que puedan trabajar en sus lugares de origen, medida que, cumplimentada, podría añadirse a una contratación temporal de Fiscales sustitutitos por un tiempo de entre tres y seis meses.
Asimismo, subraya que «depende exclusivamente de la FGE, si tanto es el atasco que se produce y es absolutamente imprescindible, comisionar a buena parte de la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, fiscales adjuntos de los de Sala y todos o casi todos los fiscales de los TSJ para despachar papel o acudir a juicios y guardias en Madrid o en la Fiscalía Provincial donde tengan su domicilio».
Con esta medida, «se podría incorporar a unos 60-100 fiscales a sacar trabajo atascado en los juzgados y fiscalías».
Las tres asociaciones están de acuerdo en que se debe derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone límite a los plazos de instrucción.
Sobre el mes de agosto, diferentes opiniones
Sobre la posibilidad de habilitar el mes de agosto hay opiniones encontradas, como entre el resto de profesionales de la Justicia.
UPF apuesta por habilitar este mes dadas las circunstancias excepcionales que se están viviendo.
«Ello determinaría que la distribución de las vacaciones entre los fiscales fuera equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones».
Mientras que APIF se muestra en contra, «puesto que los fiscales y funcionarios de la oficina fiscal han seguido trabajando, a menor ritmo si se quiere, pero no han tenido propiamente unas vacaciones, teniendo que compaginar muchos con la crianza de sus hijos».
A su juicio, «el habilitar agosto supondría bien que se tuvieran que aprobar la limitación por este año de los días de vacaciones o bien escalonar las vacaciones a lo largo del año, con lo que no se trabajará ni un mes a pleno rendimiento y será peor el remedio que la enfermedad«.
A eso se añade, subraya, que «para sacar unas pocas causas con un calor atosigante, esos fiscales y funcionarios se verán obligados a conciliar de nuevo su vida familiar, especialmente cuidado de niños y ancianos, con el trabajo, sin un colegio u otros centros de apoyo, o asumiendo el coste personalmente».
La Asociación de Fiscales no se pronuncia sobre este asunto en el escrito dirigido a la FGE.
Viejos problemas de la Justicia
Por otro lado, las tres asociaciones resaltan que se trata de medidas para afrontar la vuelta al trabajo tras el estado de alarma.
Coinciden en que no sería oportuno tratar con un ‘plan de choque’, como el propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de solucionar problemas que se arrastran en la Administración de Justicia desde hace años.
En este sentido, AF apunta que reformas legislativas en profundidad «son inviables en estos momentos así como inversiones económicas, en algunos de los casos, que igualmente devienen imposible actualmente».
UPF destaca que el planteamiento de propuestas responde a la situación excepcional generada por la pandemia, por lo que se deben dejar al margen, subraya, «aquellas otras medidas necesarias para paliar viejos problemas de la administración de justicia que, si bien podrían contribuir a su agilización, no tienen su causa en la crisis a la que ahora se tiene que dar respuesta».
Esto conllevaría «reformas procesales y sustantivas que requieren de un debate sosegado, preservando siempre los derechos y garantías del proceso que son ineludibles en una sociedad democrática».
Por su parte, APIF va más allá y considera que un ‘plan de choque’ «no va a ningún lado» porque «las reformas se tenían que haber hecho en épocas más prosperas y no ahora cuando no hay tiempo o se tiene que soslayar todas las garantías, a lo que siempre nos opondremos».
Noticias Relacionadas:
