Ambas asociaciones han trasladado su informe al CGPJ.
APM y FJI consideran ineficaces las medidas del CGPJ para colectivos vulnerables porque no responden a la urgencia de la pandemia
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23/4/2020 06:40
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Actualizado: 31/3/2022 14:42
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) consideran «ineficaces» las medidas de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma.
Pese a que a ambas asociaciones judiciales comparten el «loable propósito» de una necesidad especial de protección para determinados colectivos, se muestran muy críticas con el órgano de gobierno del Poder Judicial porque consideran que sus medidas no responden a la urgencia de la pandemia.
Así lo han hecho constar en los informes que han trasladado al CGPJ en respuesta al plan de trabajo presentado el pasado jueves.
No es la primera asociación que muestra sus discrepancias con el plan del organismo presidido por Carlos Lesmes, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ya manifestó esta semana que considera el plan “propagandístico” y que “no beneficia a los afectados”.
La APM, presidida por Manuel Almenar Belenguer, apunta que el CGPJ propone «una serie de medidas materiales, procesales y organizativas, algunas de las cuales no implican mejora alguna para el colectivo al que van dirigidas, otras no revelan su urgencia por razón de la causa que las justificaría, es decir, la situación de crisis sanitaria que hemos padecido y sus efectos, ni resultan necesarias para excepcionar el normal cauce previsto por el ordenamiento jurídico».
En este sentido, aprecia que el universo de beneficiarios en algunos casos se ha elegido de forma «poco rigurosa«, no porque no lo sean, «sino porque no se explica la selección de alguno frente a otros».
Así, señala que se sitúa entre los colectivos vulnerables a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y de trata, en una elección que para la asociación «se antoja igualmente cuestionable, no porque no lo sean, sino porque deja fuera a otras víctimas que las Reglas de Brasilia consideran como colectivo vulnerable, como las de violencia de género, o que hayan sufrido violencia física o ataques en su libertad o en su integridad moral, por ejemplo».
La APM se muestra especialmente crítica con muchas de las medidas que, según remarca, no son competencia del órgano que las propone, lo que, a su juicio, «apunta un desconocimiento de la normativa aplicable«.
En esta línea, se refiere a la medida el horario de tarde, para la celebración de las vistas que se han suspendido y llevar a cabo las que están señaladas actualmente.
«En el orden civil son horas hábiles desde las 08:00 hasta las 20:00 horas –art. 130.3 LEC- y en el orden penal, para las diligencias de instrucción, todos los días y horas son hábiles –art. 201 LECrim.-«, por lo que, remarca, «no hay necesidad de habilitar nada».
Reclama una bolsa de jueces
Por otro lado, reconoce que algunas son necesarias, como las relativas a las Oficinas de Atención o los Equipos de Valoración, pero «no guardan relación alguna con la pandemia y exigen recursos económicos».
Sobre otras, va un paso más allá y afirma que «son contradictorias» o «carecen de sentido«, como dividir un solo acto en dos, dilatando la decisión, cuando en realidad la eventual acumulación se produce en el segundo o las actuaciones del artículo 158 CC que tienen carácter por sí urgente y se resuelven con inmediatez.
La asociación mayoritaria cree que las medidas que se propongan «deben ser restrictivas, pocas, comunes y de fácil implantación y previsible eficacia, sin que deban tener lugar modificaciones normativas que puedan esperar por no ser urgentes, aunque puedan vislumbrarse como convenientes».
Hay medidas que, siendo convenientes, no son razonablemente realizables, considera la APM, «como es el caso de comenzar las tramitaciones en periodo de suspensión de actividad generalizada, habida cuenta las necesarias restricciones de personal y la exigencia de medidas sanitarias reforzadas, que dificultarían en la práctica su implementación».
Asimismo, destaca que echan en falta medidas que «dependen única y exclusivamente del Consejo y que ya deberían haberse puesto en marcha para estar operativas el día después».
En este sentido, reclaman planes de actualización o refuerzo, «hay que contar con los recursos personales necesarios» y, subraya que si se espera a que se reanude la actividad ordinaria «nos encontraremos con que, hasta finales de junio, no entrarán en funcionamiento los planes de actualización, lo que merma drásticamente su eficacia por lo que a los colectivos vulnerables se refiere».
En consecuencia, propone que por la Comisión Permanente del CGPJ, previo estudio de necesidades, se cree una bolsa de jueces para atender al incremento de asuntos que se prevé tras la reanudación de la actividad ordinaria, distinguiendo comisiones de servicio, con o sin relevación, y auto-refuerzos, por territorios y por órdenes jurisdiccionales.
Asimismo que se oferte a todos los compañeros por un tiempo mínimo, para que los que lo consideren oportuno puedan formalizar su solicitud y que todo el trámite quede cumplimentado a la espera de la aplicación de la medida.
Proponte también ofrecer a los titulares que están prestado servicios de refuerzo, en comisión de servicio con o sin relevación de funciones, la posibilidad de realizar funciones de apoyo, en la misma condición, en órganos judiciales que conozcan de asuntos cuya naturaleza imponga o aconseje prioridad.
Por su parte, FJI, presidido por Concepción Rodríguez González del Real, cree que en el documento de trabajo del CGPJ se omiten los problemas de insuficiencia de jueces, evidenciada por la ratios inferiores a la media europea, y de sobrecarga en los órganos judiciales.
Las medidas que propone el Consejo para los colectivos especialmente vulnerables, subraya FJI, «no solventan ninguno de los dos problemas expuestos que a nuestro juicio son medulares para dispensarles una mejor y más eficaz atención a los referidos colectivos».
Esta asociación considera que sería conveniente que «el CGPJ como responsables de la salud y seguridad de los jueces, no solo divulgaran los consejos de otros, sino que asumieran una labor proactiva«.
Así, reclama que detecte a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud los concretos riesgos laborales de los jueces, que adopte las medidas oportunas para evitar la infección como la incorporación gradual al trabajo, facilitando la realización de test entre los miembros de la carrera que accedan a ello.
Del mismo modo, pide que dicte «pautas claras», en cooperación con las demás administraciones competentes, para el caso de que cualquier persona que trabaje habitualmente en un edificio judicial dé positivo se pueda rastrear contactos y favorecer las medidas de aislamiento de quienes puedan haber tenido contacto estrecho.
«La Fiscalía General del Estado sí que dio pautas de actuación cuando un miembro de la carrera fiscal diera positivo en su guía de 23 de marzo de 2020», recuerda.
Reanudación de plazos
FJI propone medidas que valora como «más realistas». Así, recomienda que se reanuden los plazos y la tramitación de procedimientos suspendidos de jurisdicción voluntaria relacionados con las personas con discapacidad y todos aquellos procesos que puedan tramitarse exclusivamente por escrito.
Del mismo modo, apuesta por reanudar los procesos de modificación de capacidad suspendidos o que tengan nueva entrada en los juzgados, hasta su conclusión, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.
A este respecto, apunta como condiciones que se haya realizado la exploración judicial de la parte demandada, o ésta se pueda llevar a cabo en los centros asistenciales en los que la persona resida.
Que la parte demandada tenga una grave afectación orgánica/ psiquiátrica/psicológica, que le impida desplazarse o el desplazamiento pueda suponer un grave perjuicio para la misma, acreditado mediante el correspondiente informe médico.
Igualmente, que la exploración judicial y examen médico se puedan llevar a cabo, por medios telemáticos, y con asistencia y colaboración del personal del centro.
También que la única prueba que deba practicarse en el acto de la vista sea la audiencia de los familiares, en concreto dos familiares como máximo o más dependiendo de los medios y dependencias de cada sede judicial o de la persona que se proponga como tutor cuando no haya familiares.
Falta de medios, inabarcable
FJI, reclama también que se señalen las vistas, con un espacio temporal suficiente para evitar la aglomeración de personas en las salas de esperas, y en las propias sedes judiciales, además de evitar tiempos de espera indeseados.
Las medidas que propone el CGPJ en el plan examinado, a su juicio, «adolecen de falta de previsión y concreción, tanto de medidas de protección a la salud como de determinación de medios materiales necesarios para poder operar durante el periodo actual».
Esta asociación subraya que «lleva denunciando durante años, la inveterada falta de medios personales y materiales de los juzgados, que parece se pretende solucionar ahora, deprisa y corriendo».
Por lo que avanza que «parece improbable que se destinen recursos a ello, debido a la situación de crisis económica y previsible descenso de ingresos públicos. Lo que era manifiestamente insuficiente en época de bonanza en muchos territorios (informes psicosociales que se retrasan meses o años, UVFI inexistentes durante más de una década) ahora simplemente es inabarcable«.
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