No puedo estar en más desacuerdo con la propuesta del partido político Sumar, consistente en cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de forma que la oposición por turno libre ceda su lugar prioritario al expediente académico obtenido en la facultad, de forma que las personas con mejores notas ya puedan obtener la condición de juez.
El actual sistema de oposición libre, completado con el acceso por el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio, es un muy buen sistema, en tanto asegura un elevado nivel técnico y de preparación de los jueces, promueve la diversidad de origen (incluidas personas con experiencia previa en el mundo del derecho) y garantiza la objetividad y la imparcialidad en el acceso a la judicatura.
Esto no significa que el sistema no sea mejorable.
Claro que es mejorable, como lo es toda obra humana.
Pero: a) toda mejora debe tener por objetivo hacer (aun) mejores jueces, y en ningún sitio se dice que este sea el propósito de la reforma planteada; b) esto no es una mejora, es un cambio radical del modo de acceso a la carrera, y los cambios radicales deben, de un lado, estar consensuados con todos los actores implicados (lo que no es el caso) y, de otro lado, estar muy, muy justificados.
«La oposición a juez es, como toda oposición, uno de los pocos ascensores sociales que existen»
NO HAY NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA EL CAMBIO
Y aquí no se ve la justificación por ningún lado. Para empezar, porque se basa en prejuicios sobre la extracción social de los jueces y no en datos. Los datos los tiene el Consejo General del Poder Judicial que, desde hace más de veinte años, los recopila de todos los que aprueban la oposición.
Y ahí queda claro que el sesgo de clase que se indica no es cierto (por ejemplo, solo el 40 % de los que aprueban tienen ambos padres con estudios superiores).
O no lo es en forma distinta de cualquier otra profesión que requiera de un previo estudio intenso y prologando (medicina, ingenierías…)
Es más, llama la atención que, para acabar con el presunto elitismo de la oposición, se recurra a un sistema, el de las notas de la carrera, que no elimina el factor económico, al hacerlo depender de las facilidades para estudiar que tenga cada familia (si tienes que trabajar para estudiar la carrera, igual tu expediente no será tan bueno) y que puede introducir otros sesgos económicos, primando aquellas universidades privadas que “aseguren” mejores notas.
Aparte de lo arbitrario que, en ocasiones, pueden suponer las buenas notas en algunas asignaturas de algunas facultades.
La oposición a juez es, como toda oposición, uno de los pocos ascensores sociales que existen. Y por ello se nutre fundamentalmente del gran éxito de nuestro desarrollo económico: la amplia clase media.
Quedan las clases verdaderamente desfavorecidas, pero para extraer jueces de estas familias nada como un buen sistema de becas, algo que defienden todas las asociaciones judiciales.
Ojo, hay que becar desde inicio, incluida la carrera universitaria. Se trataría de que aquellas familias que están tan mal económicamente que no pueden mantener a un hijo en estudios superiores puedan ponerse en situación de plantearse realmente estudiar para juez.
Y para becar, evidentemente, no hace falta modificar el sistema de acceso a juez.
«Llama la atención que, para acabar con el presunto elitismo de la oposición, se recurra a un sistema, el de las notas de la carrera, que no elimina el factor económico, al hacerlo depender de las facilidades para estudiar que tenga cada familia (si tienes que trabajar para estudiar la carrera, igual tu expediente no será tan bueno) y que puede introducir otros sesgos económicos, primando aquellas universidades privadas que ‘aseguren’ mejores notas»
Como tampoco hace falta modificarlo para acabar con la escasez de jueces y las nefastas consecuencias que trae consigo (retraso en la administración de justicia, perdida de calidad de las resoluciones…).
La falta de plazas judiciales se debe a la poca inversión por parte de los responsables políticos, que deberían crear muchas más de las que hay. Cambiar el sistema de acceso no sirve de nada si no se invierte en crear más jueces.
En definitiva, hay motivos suficientes para desconfiar de esta propuesta de reforma.
Si no busca lo que debería buscar (fabricar mejores jueces), se basa en prejuicios, alimenta diferencias de clase y afirma resolver problemas que no dependen del sistema de acceso, es que hay algo detrás.
Y ese algo, dado el empeño por eliminar las oposiciones de jueces, pero no las oposiciones de fiscales (que son las mismas), enfermeros, abogados del Estado, maestros, auxiliares administrativos, notarios, etc., no puede ser otra cosa que querer controlar ideológicamente el acceso a la carrera judicial, cosa que, a través de las facultades (algunas de ellas muy politizadas), es más factible.
Esta pretensión entroncaría con la postura del partido, que públicamente insiste en señalar a los jueces como ideológicamente conservadores, “fachas” y/o deudores del franquismo.
Evidentemente, cualquier intento de controlar el acceso a la carrera judicial por motivos ideólogos debería contra con el rechazo de todas las asociaciones judiciales.
De hecho, debería contar con el rechazo de toda la sociedad, porque insistir en politizar la justicia es insistir en el deterioro de nuestra democracia.
