El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy una macroconvocatoria que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no duda en calificar de récord absoluto: 700 plazas de jueces y fiscales que, según el Ministerio que dirige Félix Bolaños, multiplican por más de tres las ofertadas en 2025 y dejan en evidencia los registros de etapas anteriores.
Conviene desmenuzar el número, porque dentro de esos 700 conviven dos puertas de acceso muy distintas.
La principal, la de toda la vida: 575 plazas por oposición libre —375 para la carrera judicial, 200 para la fiscal— con un proceso que se pondrá en marcha en octubre.
La segunda, más discreta pero nada menor: 125 plazas de magistrado por el llamado cuarto turno, ese concurso-oposición que abre la toga a juristas con al menos una década de ejercicio a sus espaldas y reconocida competencia, y cuya convocatoria firma el Consejo General del Poder Judicial.
El Gobierno no resiste la tentación de la comparación, y la comparación está construida para doler.
Entre 2012 y 2016, recuerda, se convocaron 350 plazas en un quinquenio entero. Desde 2018, sostiene, ha ofertado 2.515 plazas de jueces y fiscales, el triple de lo que dieron de sí las dos legislaturas de Mariano Rajoy.
El mensaje, leído entre líneas, es transparente: aquí no hay solo gestión, hay un relato político sobre quién apuesta de verdad por reforzar la Justicia.
Pero la convocatoria, con ser llamativa, es apenas la mitad de la jugada. En paralelo, y casi pisándose con la publicación del BOE, el Ministerio ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales a través de dos Reales Decretos que, según la previsión oficial, quedarán cerrados en las próximas semanas, una vez digeridas las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía, las comunidades autónomas y el resto de ministerios con algo que decir.
Y aquí está el verdadero matiz técnico, el que explica por qué esto es posible ahora y no antes. Crear medio millar de plazas judiciales en un solo ejercicio —una cifra que, según los datos del propio departamento, supera la suma de todo lo creado en la última década y dispara la plantilla un 8,5%— solo resulta asumible porque ha cambiado la arquitectura.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia jubila los viejos juzgados unipersonales y los sustituye por tribunales de instancia: órganos colegiados, varios jueces compartiendo una única Oficina Judicial de apoyo.
La diferencia se nota en la factura. Dotar una plaza nueva bajo el nuevo modelo ronda los 100.000 euros; montar un juzgado tradicional, de los de antes, costaba alrededor de medio millón. La misma justicia, una quinta parte del coste.
La carrera fiscal tampoco se queda en el banquillo. Crecerá un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos, un salto que el Ministerio subraya como inédito: en las dos últimas décadas, recalca, jamás se habían creado más de cien plazas de fiscal en un mismo año.
El reparto, eso sí, no se ha hecho a ojo. Se han manejado criterios de litigiosidad y población, con los informes del CGPJ y la Fiscalía General del Estado encima de la mesa y las propuestas de las comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.
Todo ello, insiste el Gobierno, no son piezas sueltas sino capítulos de la misma película: lo que define como la mayor transformación de la Justicia en décadas, una operación de digitalización y reorganización pensada para enterrar de una vez los procesos analógicos y las estructuras decimonónicas que todavía colean en muchos pasillos judiciales.
Y queda cuerda por delante. En el horizonte legislativo aguarda el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que promete 2.500 plazas en tres años y un incremento del 42,5% de la plantilla.
Si el calendario se cumple —y ese, como siempre en Justicia, es el gran condicional—, el mapa con el que arrancó la legislatura será irreconocible.
