Piden conocer en qué fase de la desescalada está prevista la reanudación de la actividad.
La APM y JJpD reclaman a Justicia información sobre el plan de reanudación de la actividad judicial
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06/5/2020 19:45
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Actualizado: 31/3/2022 14:42
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la democracia (JJpD) han solicitado este miércoles al Ministerio de Justicia información sobre los planes para reanudar la actividad judicial.
En concreto, reclaman que el departamento de Juan Carlos Campo comunique las previsiones que está bajarando y en qué fase de la desescalada está prevista la reanudación del funcionamiento de los órganos judiciales, así como el alzamiento de los plazos procesales y la reincorporación del personal judicial.
Las cuatro asociaciones judiciales han pedido a lo largo de este miércoles información a Justicia en este sentido, ya que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han manifestado en un comunicado conjunto su preocupación por la ausencia de acciones encaminadas a reactivar la actividad judicial con plenas garantías.
Para la APM, que ha dirigido hoy un escrito a Justicia y al CGPJ, es «lamentable el abandono en que se encuentra la Administración de Justicia, un servicio público esencial en una sociedad democrática, frente a lo que sucede en el sector privado y en otros ámbitos de la Administración del Estado».
A afirma que «nada sabemos sobre los posibles planes, si es que existen, para recuperar el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, suspendido por Real Decreto 463/2020, más allá de los rumores o comunicados emitidos por algunas organizaciones sindicales».
Reconoce la dificultad para prever la evolución de los acontecimientos, pero «ello no justifica la pasividad ni el oscurantismo», añade.
Las asociaciones judiciales, subraya, «no hemos sido convocadas a ninguna reunión ni informadas sobre calendario alguno por el Ministerio de Justicia y tampoco por el Consejo General del Poder Judicial, lo que está generando incertidumbre, desasosiego y malestar entre los miembros de la carrera judicial».
«No sabemos, ni siquiera por aproximación, cuando se alzará la suspensión de los plazos y si se podrán celebrar aquellas actuaciones procesales que ya están señaladas», agrega.
Además, recuerda que desconocen cómo se va a producir la reincorporación del personal al servicio de la Administración de Justicia si será presencial o telemática, si afectará a toda o parte de la plantilla, si se implantarán turnos rotatorios.
Del mismo modo afirma que desconocen si por parte de las Administraciones prestacionales se pondrán a disposición los medios tecnológicos necesarios para poder trabajar en remoto, si es ésta la opción que se va a priorizar, o si van existir los equipos de protección individual indispensables para garantizar la seguridad en caso de optar por el trabajo presencial.
La situación de parálisis no puede prolongarse
Además, la APM reclama que, a la mayor urgencia, y antes de la efectiva incorporación de los Jueces y Magistrados, se ponga a disposición de todos los que lo soliciten la posibilidad de efectuar los oportunos test.
En este sentido, resalta que a fecha de hoy no se ha realizado ningún test a ningún juez de este país, aparte de los que, a título individual o por haber enfermado o presentado síntomas, puedan haberse efectuado.
Pide también que se implanten en todos los órganos judiciales las medidas de seguridad necesarias para la prevención de contagios y se garantice la dotación de equipos de protección individual en calidad y cantidad suficientes para atender las necesidades.
Por su parte, JJpD cree la situación de parálisis judicial no puede prolongarse, por lo que pide poner en marcha el sistema judicial.
«Su reanudación exigirá llevar a cabo actos de comunicación y desplazamientos de ciudadanos y profesionales a las sedes judiciales así como la celebración de vistas públicas», remarca.
Por lo que considera necesario que por parte del Ministerio se informe en qué fase de la desescalada está prevista la reanudación del funcionamiento de los órganos judiciales, así como el alzamiento de los plazos procesales y la reincorporación del personal judicial.
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