La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer; la presidenta del CGAE, Victoria Ortega; y el jurista Miquel Roca i Junyent, entre los 14 integrantes de la Comisión.
El Ministerio de Justicia constituye la Comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa
La presidirá Antonio Garrigues
|
19/5/2020 13:24
|
Actualizado: 19/5/2020 14:26
|
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado hoy la orden por la que se nombra a los integrantes de la Comisión que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa.
Esta Ley es uno de los compromisos adquiridos por Campo al inicio de la legislatura.
Hoy he firmado la orden para nombrar a los integrantes de la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa, uno de los compromisos que adquirí al inicio de la legislatura 👉🏻 Avanzamos hacia #Justicia2030 https://t.co/SuPt3dd1Kw
— Juan Carlos Campo (@Jccampm) May 19, 2020
Como anunció el Ministerio de Justicia el pasado 22 de abril, el abogado Antonio Garrigues Walker será el presidente de esta comisión, que «deberá abordar la creación de una norma que integrará las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, un pilar esencial en la configuración de nuestro modelo de Justicia».
Garrigues Walker es presidente de honor de Abogados Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues y de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra.
Entre los integrantes de esta Comisión de expertos se encuentran el jurista Miquel Roca i Junyent, ponente de la Constitución Española y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García; la fiscal del Alto Tribunal Isabel Rodríguez Mateo; la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega; y la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro Jover.
También la integran la presidenta de la Asociación Mujeres Juristas Themis, la abogada Ángeles Jaime de Pablo; el letrado Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, socio-director de Martell Abogados; el letrado y profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo García Peña, socio-director de García Peña & Andújar Abogados; y Alicia González Alonso, profesora doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.
Completan la lista el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno Sánchez; la secretaria general Técnica del Ministerio, Paula Novo -ambos abogados del Estado-; y el asesor del ministro Javier Truchero Cuevas, abogado y socio-fundador de Ius Lab Estudio Legal.
Novo ha sido designada secretaria de la Comisión.
El texto sobre que trabajará esta Comisión fue elaborado en tiempos del antecesor de Victoria Ortega, Carlos Carnicer, y está bastante adelantado. El último ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, lo tuvo sobre su mesa. Lo que precisa es una actualización, por lo que, con todas las mentes pensantes que la conforman es de esperar que la versión final vea más pronto que tarde la luz.
OBJETIVO DEL MINISTERIO
El objetivo del Ministerio de Justicia es «abordar la creación de una norma que recoja en un mismo texto las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, como institución que afecta al desempeño profesional de los operadores jurídicos, la tramitación de los procedimientos y el acceso de los ciudadanos a la Justicia».
El Ministerio destaca que «además de un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, el ejercicio de la defensa constituye un elemento vertebrador del proceso judicial moderno».
«Este derecho fundamental abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y satisfacer así su derecho a la tutela judicial efectiva. Constituye, en este sentido, un instrumento ineludible para evitar la indefensión y garantizar la igualdad real entre las partes del proceso», manifiesta.
Además de ese aspecto, «la futura ley deberá abordar el régimen en que los profesionales de la abogacía prestan este servicio, regulando la dimensión deontológica propia con su función».
El nuevo texto también deberá recoger «el régimen jurídico que detalle las facultades y salvaguardas de quienes participen en los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción, como son la mediación o la conciliación».
Todo ello, «sin olvidar el aspecto asistencial del ejercicio de esta prestación por los abogados del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita».
Esta Comisión de expertos para la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa estará adscrita al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia.
Noticias relacionadas:
Noticias Relacionadas:
