La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de oficio Digno (Altodo) y la Red de Abogadas y Abogados reivindican la presencia de los despachos de «a pie» en la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley del Derecho de Defensa.
Así lo han manifestado ambas asociaciones después de que esta semana el Ministerio de Justicia anunciara que el presidente de honor del despacho Garrigues, Antonio Garrigues Walker, de 85 años, presidará esta Comisión.
Pese a reconocer la valía y el prestigio profesional de Garrigues, las dos asociaciones también han mostrado su rechazado a esta decisión del departamento de Juan Carlos Campo.
En sendos comunicados, reclaman la presencia de los pequeños despachos y de la abogacía de oficio, «con todo el peso específico que le corresponde», como «principal garante del derecho de defensa de los más necesitados».
Altodo, que se pregunta por la composición de esa comisión o su organigrama, pide que se integre no solo a la abogacía institucional y de grandes despachos, sino también a la abogacía “de a pie”, es decir, «la inmensa mayoría de la abogacía de nuestro país, que se organiza de forma individual o en pequeños y medianos despachos, la mayoría de ellos adscritos al Turno de Oficio», subraya.
La Red de Abogadas y Abogados de España coincide en la «indispensable» participación de los pequeños despachos en la comisión que se vaya a crear en pie de «absoluta igualdad» con el resto de de sectores profesionales.
Rechazo al nombramiento de Garrigues
Altodo apunta que «a priori» el nombramiento de Garrigues es «inadecuado» por «su perfil próximo a la abogacía de corte empresarial, multinacional y arbitral y alejado de los escenarios en los que habitualmente se ejerce el derecho de defensa, como son las comisarías de policía, las comandancias de la Guardia Civil, los calabozos, y centros penitenciarios, los Juzgados y Tribunales».
A juicio de esta asociación, puede «existir un cierto conflicto de intereses entre quien representa a uno de los principales bufetes españoles en términos de facturación y el espacio que necesariamente debe preservarse en la futura ley a la justicia gratuita y al Turno de Oficio».
En esta línea, la Red de Abogadas y Abogados considera que Garrigues representa a los grandes despachos, lo que supone, a su juicio, «una agresión directa al 85% de la abogacía de este país, caracterizada por una forma de ejercicio profesional absolutamente distinto del que representa el profesional elegido».
Por ello, solicitan al Ministerio de Justicia que rectifique dicho nombramiento, «encarnándolo en un profesional de la abogacía mucho más cercano al terreno en el que verdaderamente se desarrolla el día a día de la profesión».
Además, para Altodo «este proyecto de ley no es sino la respuesta difuminada del Ministerio de Justicia al borrador de Estatuto del Abogado de Oficio, que en su día la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) y esta asociación, presentaron tanto al CGAE como al Ministerio de Justicia».
En este sentido, resalta que «los primeros impulsores de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa no fueron precisamente los grandes despachos, ni fue tampoco la abogacía institucional».
