«Es una cuestión de respetar dos principios esenciales en nuestro estado de derecho: el de justicia y el de igualdad. Los policías nacionales tenemos que tener el derecho a jubilarnos a los 59 años, con las mismas condiciones económicas que los policías locales. La situación actual es, claramente, discriminatoria».
Así de rotundo se expresa Chema García, el secretario general de Justicia Policial (JUPOL), el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). En las elecciones al Consejo de la Policía, celebradas en junio del año pasado, literalmente arrasó, consiguiendo 8 de sus 14 miembros.
Los marcos normativos que rigen, para estas circunstancias, en los policías locales son diferentes que los de los agentes de la Policía Nacional, siendo, como es, una actividad profesional similar, si bien, en el caso de los miembros del CNP, el grado de penosidad es mayor.
«La legislación actual permite que los agentes de las policías locales puedan jubilarse a esa edad, con el ciento por ciento, en aras al reconocimiento de esa penosidad y sin la necesidad de haber cotizado 35 años«, explica García.
«Eso supone, para que nos entendamos, que un policía local, pongamos, de Oviedo o de Avilés, se va a casa, jubilado, con, alrededor, de 2.100 euros líquidos. En nuestro caso, podríamos jubilarnos a los 59 años, en esas mismas condiciones económicas, siempre y cuando tengamos 35 años de antigüedad a nuestras espaldas», añade.
UNA SITUACIÓN DISCRIMINATORIA
«A nosotros, por el contrario, cuando llegamos a los 56, 57 o 58 años y se nos pasa a la segunda actividad, una especie de excedencia activa, sufrimos una merma económica grandísima. Pasamos cobrar poco más de 1.520 euros líquidos. Esto es discriminatorio e injusto y tiene que acabarse», afirma el secretario general de JUPOL.
García recuerda que si son precisamente esas condiciones de penosidad en la actividad laboral las que han determinado la jubilación anticipada de los agentes de policía local de toda España, las de los de la Policía Nacional no solo no son similares sino que, incluso, son más duras.
«Nuestras funciones son mucho más amplias que los de las policías locales. Nos encargamos de la custodia y el traslado de detenidos, hay especialidades como las de los GEOs o los TEDAX, o, incluso, las Unidades de Intervención Policial, por citar algunas, en las que nos jugamos literalmente nuestras vidas», precisa.
JUPOL está iniciando, actualmente, acciones legales y políticas encaminadas a conseguir la mencionada equiparación con el asesoramiento de José María Garzón, abogado y doctor en derecho, quien tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los funcionarios de policía.
