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La Justicia ante el reto tecnológico: ¿Garante de derechos o proveedora de datos?

De acuerdo con Fernando Javier Cremades López de Teruel, autor de la columna, no se trata de una revolución tecnológica, nos enfrentamos a una verdadera revolución social a la que la Justicia debe sumarse, y ya llega tarde.
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Tecnología y Justicia son dos conceptos con tiempos muy distintos. Frente a la extremada velocidad del hecho tecnológico nos encontramos ante la desesperante lentitud del sistema judicial.

Posiblemente, conjugando ambas velocidades podamos encontrar algo del anhelado concepto de eficacia.

Sin embargo, cuando se habla de velocidad, siempre hay que conducirse con notable prudencia pues, si bien una excesiva lentitud deja obsoleta cualquier herramienta tecnológica, una excesiva rapidez deja la Justicia al dictado del mercado y de las empresas que lo controlan.

Dictados que no atienden, ni les importa, las garantías y exigencias de un Estado de Derecho.

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A lo largo de los últimos veinte años, la Administración de Justicia ha estado sumida en un intensivo e interminable proceso declarativo de modernización tecnológica.

Son veinte años que dan para muchos titulares y también para algunas razones que explican por qué tras este tiempo seguimos hablando de la tecnología como salvadora y no como vertebradora del servicio público de justicia.

Un profundo desconocimiento técnico, un notable desacierto en las decisiones, una inexistente visión transversal, unas endémicas resistencias corporativas, una legislación voluntarista pero miope e ineficaz, y un constante, y ya absolutamente desacomplejado, incumplimiento de mandatos legales, compromisos institucionales y marcos de políticas colaborativas, son razones suficientes para explicar que no sólo no estamos a mitad de camino sino que nunca hubo caminar.

El estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, rotos dos de los principales pilares sostenedores del acto judicial, la presencia y el papel, se ha presentado como un verdadero test de resistencia para la Administración de Justicia ante el que ha fracasado estrepitosamente.

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Y como los malos estudiantes que no han seguido un estudio constante y ordenado, los que deciden en justicia de uno y otro poder del Estado, se han precipitado a tomar toda suerte de atajos para, ante la máxima expectación ciudadana, tratar de salvar el examen.

No sólo de videoconferencias se ha hablado, y practicado, estas semanas, también de teletrabajo y de juicios telemáticos; y en muchos territorios, el teletrabajo, y en algunos órganos judiciales, los juicios, se han llevado a cabo como celebradas experiencias al abrazo de aplicaciones de empresas como Webex-Cisco, Pulse Secure, Citrix, Fortinet, Zoom, todas ellas avisadas de alta vulnerabilidad por el Centro Criptológico Nacional, organismo adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.

Pero es más, también se ha hablado de los tribunales virtuales, del «blockchain», de la justicia entre pares, del proyecto Kleros, glosando con ello decenas de grupos y foros de nuevos especialistas en los que la ciencia ficción parece haber cobrado valor curricular.

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NOS JUGAMOS EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

Cualquier innovación tecnológica que se está proponiendo y aplicando pretende maximizar la eficacia del trámite, afecta a la veracidad, fehaciencia, e inmutabilidad de los actos procesales, y pone en juego la protección de los datos personales.

En definitiva, nos jugamos el principio de seguridad jurídica, y el derecho fundamental de las personas a un proceso con todas las garantías y a la protección de sus datos.

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El uso descontrolado e irreflexivo por la comunidad judicial, articulado y promocionado por sus autoridades, de toda suerte de aplicaciones informáticas, soportes y dispositivos, la mayoría domésticos, ha provocado un extraordinario efecto llamada para toda la ciberdelincuencia dado el fastuoso archivo de datos que maneja el sistema judicial.

Estudios publicados por, entre otros, la Universitat Oberta de Catalunya o la empresa de Ciberseguridad Flashpoint, informan que en la «dark web» se pagan hasta 870 euros por el pack completo de los datos de una persona, hasta 700 euros por los datos bancarios, hasta 1.000 euros por un historial médico, más de 2.500 euros por pasaportes y permisos de conducir, 3 euros por cuentas de gmail, y una amplísima carta de precios cuando los datos aparecen segmentados en función de origen, raza, religión, creencias, ideología o tendencias sexuales.

Esta es la apetencia del mercado de los datos.

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Nuestra es la responsabilidad de no ser sus proveedores.

Del inmovilismo y las reticencias al avance tecnológico a arrojarse en brazos del mercado y rendirse a sus propias leyes, hay un gran abismo que debemos someter a una mínima reflexión si lo que pretendemos es que la garantía de derechos sea la que guíe nuestro destino que es el propio del Estado de Derecho, pues sin estas garantías no hay tal Estado de Derecho.

La Justicia no es un mero negociado del sistema económico sino un servicio público garante de los derechos que sustentan una sociedad democrática sin más balance que el imperio de la ley.

No podemos caer en la tentación de hablar con ligereza de tecnología con el simple objetivo de acaparar titulares y alimentar falsas vanguardias.

Es imprescindible acometer el hecho tecnológico desde una visión transversal que asegure una implantación real, escalonada y eficiente, y alimentada con la única máxima de garantizar los principios sobre los que se construye nuestro Estado de Derecho.

Hacen falta medios, sí, pero sobre todo hacen falta preguntas sinceras y respuestas certeras.

No se trata de una revolución tecnológica, nos enfrentamos a una verdadera revolución social a la que la Justicia debe sumarse, y ya llega tarde.