«We know what happens to people who stay in the middle of the road. They get run down» — Aneurin Bevan.
La noche del 7 de mayo de 2026 todas las cámaras estaban encendidas en el sitio equivocado.
Las redacciones del continente, los corresponsales en Westminster, los analistas de cancillería miraban hacia Sunderland, hacia Essex, hacia las concejalías del cinturón obrero del norte de Inglaterra, donde Reform UK arrasaba con más de 1.200 escaños y se hacía con una decena de ayuntamientos donde antes no tenía ni uno.
Era el relato esperado: el populismo de Nigel Farage convertido por fin en músculo institucional, el gobierno laborista de Keir Starmer en estado de necrosis política a menos de dos años de su victoria histórica, la sombra de Donald Trump alargándose sobre la política británica.
Un guión ya escrito.
Pero el dato verdaderamente sísmico ocurría a 400 kilómetros al oeste, en Cardiff. Y casi nadie estaba mirando.
Por primera vez desde 1922 —casi un siglo redondo— el laborismo dejaba de ser la primera fuerza en Gales. Había ganado todas las elecciones generales británicas en suelo galés desde aquel año, sin una sola excepción.
Había ganado las siete elecciones al Senedd celebradas desde su creación en 1999.
Y aquella noche, bajo un nuevo sistema proporcional de D’Hondt en dieciséis circunscripciones de seis escaños, perdía no a manos del populismo nacional-británico de Farage, sino a manos de Plaid Cymru: nacionalistas galeses, socialdemócratas y de tradición europeísta. 43 escaños para Plaid frente a 34 para Reform UK Wales y apenas 9 para el laborismo galés.
La primera ministra Eluned Morgan perdía incluso su propio escaño en Ceredigion Penfro. El centenario terminaba en humillación. Y, sin embargo, terminaba con un europeísta como vencedor.
Ahí está el dato que nadie está leyendo bien.
Ahí está, en realidad, la noticia.
Las dos Inglaterras que ya no caben en dos partidos
Empecemos por lo inglés, porque sin entenderlo no se entiende lo galés. Las municipales del 7 de mayo no fueron una elección cualquiera.
Se votaban 5.066 concejalías en 136 ayuntamientos ingleses, seis alcaldías directas y, en el mismo día, los parlamentos de Escocia y de Gales. Una jornada electoral de envergadura sin precedentes en la historia reciente del Reino Unido.
Y los resultados no admiten ambigüedad: Reform UK pasa de 2 ayuntamientos a controlar 10 —Sunderland, Essex, Thurrock, Newcastle-under-Lyme, Gateshead, Suffolk entre ellos— y se convierte en la fuerza más votada en proyección nacional, según las estimaciones de los profesores Rallings y Thrasher publicadas en Local Government Chronicle, con alrededor del 32% del voto.
El laborismo cae al 19%. Los conservadores, al 18%. Los liberaldemócratas se mantienen en torno al 16%. Y los Verdes, dato que también pasará desapercibido, suben al 15% y ganan por primera vez una alcaldía directa —Hackney— y el control del ayuntamiento de Norwich.
Lo primero que conviene asumir es lo siguiente: el bipartidismo británico, ese sistema de dos partidos que parecía consustancial al modelo de Westminster, ha dejado de existir en Inglaterra. No está herido. Está clínicamente muerto.
«El centro político británico, igual que el centro político europeo, lleva una década respondiendo a una pregunta identitaria con una respuesta tecnocrática. Y pierde, una y otra vez, la elección».
Cinco fuerzas se reparten el voto en franjas de entre el 15% y el 32%, sin que ninguna alcance siquiera un tercio.
El sistema mayoritario lo seguirá maquillando en escaños —un fenómeno conocido y temido—, pero la fragmentación del voto real es la nueva normalidad. Y nada hace pensar que vaya a revertirse antes de las próximas generales, previstas para 2029 a más tardar.
Lo segundo es entender el voto Reform UK sin las anteojeras del cordón sanitario. Sería cómodo despachar el fenómeno como un mero contagio del trumpismo o como la rabia atrasada del Brexit. Sería cómodo, y sería falso.
El votante de Reform en County Durham, en Sunderland, en las antiguas comunidades mineras del noreste y en las Red Wall del cinturón industrial, no vota a Farage porque admire a Trump.
Vota a Farage porque ni Starmer ni Kemi Badenoch le ofrecen nada que parezca pertenencia. Vota una identidad allí donde el sistema solo le ofrecía gestión.
Y aquí aparece el verdadero síntoma: el centro político británico, igual que el centro político europeo, lleva una década respondiendo a una pregunta identitaria con una respuesta tecnocrática. Y pierde, una y otra vez, la elección.
Cardiff: la elección que demuele un siglo
El cliché obligado del análisis comparado europeo es que el populismo identitario sólo se vence con más Europa, con más razón ilustrada, con más datos macroeconómicos.
La experiencia empírica del último decenio dice otra cosa: la razón ilustrada no compite en el mismo mercado emocional en el que opera la oferta de pertenencia. Cardiff lo acaba de demostrar.
Plaid Cymru no ha ganado el 7 de mayo negando que la identidad importe.
La ha ganado afirmándola: una identidad galesa, una lengua propia, un orgullo cívico construido sobre Aneurin Bevan y el National Health Service, sobre la lucha minera y la solidaridad obrera, sobre una tradición política propia que se reivindica con su pasado y mira a Bruselas con simpatía declarada.
El programa de Plaid es socialdemócrata clásico, partidario del autogobierno fiscal galés, comprometido con un Climate Action Plan ambicioso y con la devolución de competencias adicionales desde Westminster.
Su líder Rhun ap Iorwerth ha articulado una narrativa de orgullo galés que no necesita pedir prestado el discurso del miedo al inmigrante para movilizar al electorado.
El resultado: en una circunscripción donde Reform UK Wales podía haber arrasado —la propia líder laborista galesa Eluned Morgan había advertido que el partido de Farage era una amenaza existencial— el populismo identitario británico queda en segundo lugar, a 9 escaños del ganador, y sin posibilidad real de gobernar.
Plaid Cymru y los Verdes galeses suman lo suficiente para formar gobierno autonómico sin laboristas y sin Reformers. La cuestión de fondo es brutal: donde existe una identidad alternativa democrática, Farage no es invencible.
Donde no existe, lo es.
Esa frase —así, en cursiva si fuera necesario— es la única que merece la pena retener de toda la jornada electoral. Porque es la que cambia la pregunta que Europa lleva quince años haciéndose mal.
El centro tecnocrático y la respuesta equivocada
Llevamos una década entera de seminarios bruselenses, de cumbres del PPE y del PSE, de columnas bienintencionadas, repitiendo que la respuesta al populismo identitario consiste en hacer mejor pedagogía sobre los logros del mercado único, en explicar con más detalle los fondos de cohesión, en agitar mejores datos sobre el crecimiento del PIB y el descenso del paro.
El resultado de esa estrategia, evaluado con honestidad, había sido durante años un retroceso continuado: el Rassemblement National convertido en la primera fuerza política de Francia, AfD como segunda fuerza en el Bundestag tras las elecciones alemanas de 2025, Giorgia Meloni gobernando Italia con una coalición de derecha radical desde 2022, el PVV de Geert Wilders ganando las elecciones holandesas de 2023, Robert Fico de regreso en Eslovaquia y Viktor Orbán acumulando una cuarta legislatura consecutiva en Hungría. Es decir: el escenario más adverso para el europeísmo liberal desde 1945.
Y, sin embargo, en los últimos seis meses algo se ha quebrado en tres lugares muy distintos.
Primero, los Países Bajos: en las elecciones anticipadas de octubre de 2025, el PVV de Wilders perdió 11 escaños y quedó empatado a 26 con un D66 europeísta y socialliberal liderado por Rob Jetten, que el 23 de febrero de 2026 se convirtió en primer ministro al frente de una coalición tripartita con liberales y democristianos.
Wilders —que apenas un año antes parecía haber inaugurado un ciclo populista neerlandés— quedó fuera del gobierno y vio a 7 de sus diputados abandonarle a las pocas semanas.
Segundo, Hungría: el 12 de abril de 2026, Péter Magyar y su partido Tisza ganaron las elecciones con el 53,6% del voto y una mayoría parlamentaria de dos tercios, desalojando a Orbán del poder después de dieciséis años.
Magyar no era un europeísta tecnocrático ni un socialdemócrata pedagógico: era un conservador, antiguo militante del propio Fidesz, que decidió competir con Orbán en el mismo terreno emocional —el de la identidad nacional húngara, el patriotismo cívico, la dignidad del país frente a un poder corrupto— y le derrotó en su propio juego.
Tercero, Gales: el 7 de mayo de 2026, Plaid Cymru ha hecho exactamente lo mismo a escala regional.
Tres victorias en seis meses, tres geografías sin nada en común, tres derrotas inequívocas del populismo identitario británico, holandés y húngaro a manos de adversarios que decidieron no escabullirse de la pregunta sobre la identidad nacional, sino responderla en términos democráticos.
No es casualidad. Es un patrón.
Conviene aceptar que algo no está funcionando en el diagnóstico. La cuestión no es si el centro político europeo sabe gestionar mejor que el populismo —seguramente sí—, sino si está ofreciendo lo que el electorado pide en el momento en que lo pide.
Y el electorado pide identidad, pertenencia, sentido. Pide respuestas a la pregunta de quiénes somos antes de la pregunta de cuánto crecemos.
La oferta del centro tecnocrático ha sido durante años un calculador macroeconómico. La oferta del populismo, una bandera y un enemigo.
No ha habido competencia: ha habido un mercado con un solo vendedor.
El liberalismo clásico —el de Ortega y Gasset, el de Cambó, el de Madariaga, el de Pla, el de Vargas Llosa— no fue nunca una doctrina sin patria.
Era una doctrina con una idea muy precisa de patria: civilización, ley, individuo, responsabilidad, mercado libre, libertad religiosa, cultura compartida, lengua viva.
Madariaga escribía sobre Europa como un proyecto cultural, no como una hoja Excel. Ortega hablaba de España como problema antes que como dato.
El error de la tradición liberal europea contemporánea ha sido renunciar a ese lenguaje, por miedo a confundirse con el nacionalismo.
Y al renunciar, dejó el campo libre al peor postor. La Haya, Budapest y Cardiff, en seis meses, acaban de recordar que ese campo es recuperable.
El «reset» herido y la incertidumbre del SAFE
Conviene ahora bajar al plano práctico, porque las consecuencias para Europa no son meramente filosóficas. La derrota de Starmer —que perdió más de 1000 concejales y 28 ayuntamientos en una sola noche— llega en un momento particularmente sensible para la arquitectura de seguridad europea.
El «reset» post-Brexit pacientemente negociado por Nick Thomas-Symonds y Maroš Šefčovič desde 2024 estaba dando frutos: la cumbre de mayo de 2025 había sellado un acuerdo sobre controles sanitarios y fitosanitarios, había abierto la puerta a la participación británica en el fondo SAFE —el instrumento europeo de 150.000 millones para rearme—, y había situado a Londres y Bruselas en una posición de cooperación reforzada frente a la doble amenaza rusa y americana.
Esa arquitectura está ahora herida. Y lo está por una razón muy concreta que ya circula en los pasillos del Berlaymont: ningún funcionario europeo razonable quiere firmar compromisos a largo plazo con un primer ministro a quien las casas de apuestas dan ya por amortizado.
Lo decía con crudeza un diplomático europeo citado por Euronews días después de la jornada electoral: «cualquier cosa que surja tendrá todavía que negociarse, y seremos cautos a la hora de apostarlo todo a Starmer si está fuera dentro de unos meses».
El 12 de mayo, apenas cinco días después de las elecciones, cuatro ministros del propio gobierno laborista dimitieron y pidieron públicamente la marcha del primer ministro; más de 90 diputados laboristas se declararon dispuestos a desencadenar un proceso interno de relevo.
La cuestión ya no es si Starmer dejará Downing Street, sino cuándo.
El cálculo bruselense es elemental: si la trayectoria política conduce a Farage al número 10 de Downing Street antes de 2029 —y todas las encuestas, todos los analistas, todas las dinámicas locales lo apuntan—, entonces cada concesión hecha hoy a Starmer corre el riesgo de evaporarse mañana.
Farage ya ha anunciado que renegociará el acuerdo post-Brexit para retirar derechos sociales a los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido.
Ya ha cuestionado abiertamente el sentido del acercamiento a Bruselas en materia de defensa. Ya ha calificado al gobierno de Starmer de marioneta de Macron.
La diplomacia europea trabaja con horizontes temporales largos. No puede permitirse el lujo de invertir en interlocutores con fecha de caducidad anunciada.
Esto explica por qué el encuentro privado entre Farage y Jordan Bardella celebrado en Londres el 9 de diciembre de 2025 fue mucho más significativo de lo que pareció en su momento.
No era una mera fotografía entre dos populistas. Era la formalización embrionaria de un eje cross-Canal: el presidente del Rassemblement National —favorito de las encuestas para la presidencial francesa de 2027— declaraba en el Daily Telegraph que Farage «será el próximo primer ministro británico», y ambos pactaban líneas comunes de actuación en política migratoria y energía nuclear.
Si esa hipótesis se cumple, la Unión Europea se encontrará atrapada entre tres potencias del Atlántico Norte —dos formalmente fuera, una dentro— orquestadas hacia ella en política comercial, en política migratoria, en política de defensa y en política energética.
El escenario no es de ciencia ficción. Es la línea de tendencia que conviene anticipar.
Escocia, Gales y la cuestión territorial que vuelve
Hay un último elemento del 7 de mayo que merece atención específica y al que la prensa española apenas ha dedicado un párrafo.
En Escocia, el SNP de John Swinney ha vuelto a ganar las elecciones al parlamento de Holyrood con 58 escaños, mientras laboristas escoceses y Reform UK quedaban empatados en segundo lugar con 17 cada uno —un resultado humillante para Anas Sarwar y vertiginoso para el partido de Farage, que en 2021 no había obtenido un solo escaño en el parlamento escocés—.
En Gales, Plaid Cymru ha desbancado al laborismo por primera vez en cien años. La cuestión territorial, que parecía dormida desde el referéndum escocés de 2014, regresa al primer plano con una intensidad que sorprenderá a quien no lleve meses leyendo los sondeos.
El cálculo es de manual. Si Reform UK llegara a gobernar Westminster con un programa explícitamente nacional-inglés y antieuropeo, ni Escocia ni Gales aceptarían con docilidad un papel de representación marginal.
«La pregunta que Europa lleva una década evitando es si puede ofrecer pertenencia. Si puede articular una identidad europea —con sus lenguas, su cultura, su tradición jurídica, su mercado, sus fronteras, su política exterior y su capacidad militar— capaz de competir en el mismo mercado emocional en el que opera el populismo».
El SNP de Swinney ha vuelto a hacer campaña con la promesa de un segundo referéndum de independencia escocesa.
Plaid Cymru, sin abrazar la independencia como objetivo inmediato, ha hecho del autogobierno reforzado y de la devolución fiscal el eje de su programa.
Lo que el Brexit creó como tensión, el farageísmo en el poder lo convertirá en fractura. Y la fractura producirá oportunidades para Bruselas que conviene anticipar.
La política europea de la próxima década tendrá que aprender a hablar con dos voces hacia el Reino Unido: una hacia Westminster, presumiblemente farageísta y hostil; otra hacia Edimburgo y Cardiff, presumiblemente nacionalista y proeuropea.
Es un equilibrio incómodo, jurídicamente complejo, pero perfectamente compatible con el orden de competencias del propio Reino Unido. Pretender ignorarlo sería un error estratégico de primer orden.
La pregunta que Europa lleva una década evitando
Volvamos a Bevan, que es donde empezamos. El gran dirigente laborista galés decía que «sabemos lo que les pasa a las personas que se quedan en medio del camino: las atropellan».
Esa frase, brutal y exacta, resume con precisión la posición del centro europeo frente al populismo continental en los últimos diez años: ha caminado por el centro de la carretera, mirando al frente, convencido de que la prudencia y los datos macroeconómicos bastaban para conservar el liderazgo. Y, una a una, ha visto pasar las elecciones por encima.
El 7 de mayo de 2026 ofrece, paradójicamente, una hoja de ruta. La pregunta que Europa lleva una década evitando no es si puede gestionar mejor que Farage, Le Pen o Meloni.
La pregunta es si puede ofrecer pertenencia. Si puede articular una identidad europea —con sus lenguas, su cultura, su tradición jurídica, su mercado, sus fronteras, su política exterior y su capacidad militar— capaz de competir en el mismo mercado emocional en el que opera el populismo.
Si puede ofrecer al ciudadano europeo una respuesta a la pregunta de quién es antes de ofrecerle un cuadro de cuánto crece su PIB.
La paradoja del 7 de mayo es que la respuesta a esa pregunta no ha llegado desde Bruselas, ni desde el Elíseo, ni desde la Cancillería berlinesa.
Ha llegado desde tres lugares modestos, en seis meses, sin coordinación entre sí: La Haya en octubre, Budapest en abril, Cardiff en mayo. Un D66 europeísta y socialliberal, un partido Tisza conservador y patriótico, un Plaid Cymru nacionalista galés y socialdemócrata.
Tres formaciones que no podrían ser más distintas entre sí en ideología, geografía, tamaño o tradición, pero que han demostrado lo mismo en lo esencial: que se puede ganar al populismo identitario con otra identidad. No con su negación.
Con su afirmación, distinta, democrática, abierta, proeuropea.
Nuestro vaticinio, formulado con la cautela que el momento exige, es que la próxima década de la política europea no se jugará en los términos en que la prensa de hoy sigue narrándola.
No es una pelea entre populismo y democracia, ni entre nacionalismo y europeísmo, ni entre derechas e izquierdas. Es algo más profundo y más simple: una pelea entre dos ofertas de pertenencia. Y solo gana la que sabe lo que ofrece.
Bruselas, esta semana, debería estar leyendo Cardiff. Si en cambio sigue mirando Sunderland, habrá perdido la elección antes incluso de saber que se estaba celebrando.
