«Cuando la gente tiene que elegir entre el original y la copia, siempre elige el original» — Jean-Marie Le Pen.
El 12 de junio de 2026 entrará en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 tras cuatro años de negociaciones, llegará a su aplicación práctica en un continente irreconocible respecto al que lo concibió.
En Alemania, Alternative für Deutschland encabeza las encuestas en los länder orientales con el 40% en Sajonia-Anhalt.
En el Reino Unido, Reform UK de Nigel Farage lidera los sondeos nacionales por delante de laboristas y conservadores.
En Francia, Marine Le Pen está inhabilitada por desvío de fondos del Parlamento Europeo, pero su delfín Jordan Bardella aparece como favorito al Elíseo en 2027.
En Italia, Giorgia Meloni gobierna desde octubre de 2022 con una coalición de derecha radical estable. En los Países Bajos, Geert Wilders empató en escaños con D66 en octubre de 2025.
La migración —o más exactamente, su instrumentalización política— se ha convertido en el eje vertebrador del debate europeo.
Esta columna sostiene una tesis incómoda: el peligro real para Europa no es la llegada de migrantes. Es la incapacidad creciente del centro político para gestionar el fenómeno con racionalidad.
Y la prueba más evidente de esa incapacidad es la esquizofrenia institucional con la que el continente afronta junio de 2026: blinda fronteras de cara a la galería mientras las economías nacionales regularizan migrantes por la puerta de atrás, porque la pirámide demográfica no admite eslóganes.
La trampa: cómo la migración devoró todas las agendas
Hace dos décadas, los principales temas de campaña en Europa eran el empleo, la sanidad, las pensiones y, a partir de 2008, la deuda pública.
La migración aparecía intermitentemente, vinculada a episodios concretos: el Tampere de 1999, el debate sobre la directiva de retorno, las pateras en Lampedusa.
La crisis de los refugiados de 2015 alteró ese equilibrio. El verano de Merkel —el del «wir schaffen das», «lo conseguiremos»— marcó el inicio de un desplazamiento del eje del debate europeo del que el continente no se ha recuperado.
Diez años después, el panorama es radicalmente distinto. La migración no es un tema entre otros: es el tema.
Ha desplazado a la vivienda, ha eclipsado el debate sobre la transición energética, ha relegado la conversación sobre desigualdad.
En las encuestas del Eurobarómetro, la inmigración aparece sistemáticamente entre las tres preocupaciones principales del electorado europeo, y en países como Alemania, Países Bajos o Italia ocupa con frecuencia el primer puesto.
Esta centralidad tiene consecuencias estructurales. Cuando un solo tema absorbe el oxígeno del debate público, el resto de problemas dejan de tener tratamiento racional, y el tema dominante deja de tenerlo también, porque la sobreexposición lo convierte en pasión, y la pasión es enemiga del análisis.
Las redes sociales y los algoritmos de polarización han hecho el resto.
Cada incidente —un asesinato en Solingen, una agresión en Mannheim, una violación en grupo— se viraliza en cuestión de horas y se transforma en metáfora del fracaso civilizatorio europeo.
Los datos agregados, que muestran tendencias mucho más matizadas, no compiten en visibilidad con la indignación inmediata.
El marco de la «invasión», acuñado en los márgenes de la extrema derecha hace tres décadas, ha penetrado en el centro del lenguaje político. Y aquí empieza el problema mayor.
El suicidio del centro: el axioma de Le Pen padre, confirmado
Jean-Marie Le Pen lo formuló con la brutalidad de quien sabe lo que dice: cuando la gente tiene que elegir entre el original y la copia, siempre elige el original.
Marine Le Pen ha repetido la frase durante años como diagnóstico estratégico de su crecimiento. Y la evidencia empírica europea de los últimos diez años no ha hecho sino confirmarla.
Cada vez que un partido de centro o centroderecha ha endurecido su discurso migratorio para «recuperar» votos perdidos a la extrema derecha, el resultado ha sido el mismo: legitimación del marco rival, pérdida de credibilidad propia y crecimiento del original.
El SPD alemán, bajo Olaf Scholz, endureció notablemente su política migratoria en 2024 y 2025; el resultado fue una hemorragia de votos hacia AfD y hacia el partido de Sahra Wagenknecht.
Los conservadores británicos, convertidos en gestores de un Brexit en buena medida vendido en clave antiinmigración, fueron pulverizados en 2024 por un Reform UK que les acusó precisamente de no haber sido suficientemente duros.
Hoy son cuarta fuerza, por debajo incluso de los liberaldemócratas.
Emmanuel Macron, en su segunda legislatura, ha ido endureciendo la política de extranjería y ha terminado disolviendo la Asamblea Nacional para encontrarse con un Parlamento en el que la Agrupación Nacional dobla en votos a su Renaissance.
El patrón es transeuropeo y no admite excepciones significativas.
Cuando los partidos centristas y socialdemócratas asumen el marco lepenista —«hay demasiados», «hay que blindar fronteras», «hay que externalizar»—, lo que están diciendo al votante es que la extrema derecha tenía razón en el diagnóstico, pero no se les puede confiar la solución porque carecen de experiencia de gobierno.
El votante, que no es estúpido, hace la operación lógica inversa: si el diagnóstico es correcto, conviene votar a quien tiene la convicción para aplicar la receta sin titubeos.
El cordón sanitario, que durante décadas funcionó como mecanismo de contención democrática, se ha disuelto.
En Suecia, los Demócratas de Suecia sostienen al gobierno conservador desde fuera. En Países Bajos, Wilders entró en coalición de gobierno entre 2024 y 2025.
En Italia, Hermanos de Italia preside el ejecutivo. En Finlandia, los Verdaderos Finlandeses son socios de gobierno. La frontera entre la derecha tradicional y la extrema derecha se ha vuelto porosa, y la metabolización ha funcionado en una sola dirección: la radicalización del centro, no la moderación de los extremos.
La excepción a este patrón llega precisamente del país que fue durante años el laboratorio europeo del iliberalismo.
El 12 de abril de 2026, Viktor Orbán perdió las elecciones húngaras frente al Tisza de Péter Magyar tras dieciséis años en el poder.
Magyar no ganó copiando a Orbán, sino disputándole el espacio desde el conservadurismo europeísta, denunciando la corrupción del régimen y prometiendo el regreso de Hungría al núcleo de la Unión.
La supermayoría de dos tercios obtenida —138 escaños frente a 55— es el primer caso reciente en Europa de derrota incontestable de un populismo consolidado.
Y ofrece una lección incómoda para la socialdemocracia continental: al populismo no se le vence imitándolo, se le vence ofreciendo un proyecto alternativo creíble. Lo que ha funcionado en Budapest no ha funcionado en Berlín, en París ni en Londres, precisamente porque allí el centro renunció a tener proyecto propio.
El Pacto de junio de 2026: la respuesta institucional al miedo
En este contexto político se ha gestado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el 12 de junio de 2026.
Sobre el papel, el Pacto persigue un objetivo razonable: armonizar los procedimientos de asilo, repartir solidariamente la presión migratoria entre los Estados miembros y agilizar las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer.
En la práctica, el resultado es bastante menos ambicioso, y refleja con precisión el desplazamiento ideológico del continente.
El contingente de solidaridad para 2026 fija únicamente 21.000 reubicaciones —reducidas desde las 30.000 inicialmente planteadas— o, alternativamente, 420 millones de euros en contribuciones financieras de los Estados que prefieran no acoger.
La cifra es ridícula puesta en contexto: representa menos del 5% de las solicitudes de asilo presentadas anualmente en la UE.
«Bruselas no propone integrar mejor: propone filtrar antes y devolver más rápido. El Pacto no resuelve el problema político, lo administra. Y al administrarlo en clave defensiva, valida que el problema es lo que la extrema derecha dice que es».
La nueva lista común de países de origen seguros, formalmente adoptada en febrero de 2026, permitirá inadmitir a trámite las solicitudes de nacionales de esos países sin examen sustantivo.
La revisión del concepto de tercer país seguro abre la puerta —ahora con cobertura jurídica— a la externalización del procesamiento del asilo a Estados extracomunitarios, siguiendo el modelo italo-albanés que los tribunales habían frenado.
Polonia se ha mostrado reluctante a aplicar el mecanismo de solidaridad y Eslovaquia, bajo Robert Fico, ha hecho lo propio.
La Hungría saliente de Orbán había anunciado abiertamente su negativa, aunque la victoria de Magyar abre un escenario nuevo cuya traducción práctica está por ver.
Dinamarca, opted-out del espacio europeo de Justicia e Interior desde 1992, mantiene su política de «cero asilo» y fuerza retornos a Siria desde 2021.
La paradoja es transparente: incluso la respuesta «europeísta» al fenómeno migratorio es, en buena medida, una capitulación al marco lepenista.
Bruselas no propone integrar mejor: propone filtrar antes y devolver más rápido. El Pacto no resuelve el problema político, lo administra. Y al administrarlo en clave defensiva, valida que el problema es lo que la extrema derecha dice que es.
La trampa dentro de la trampa: el «nosotros primero» aplicado a quien no es uno solo
Hasta aquí el argumento se ha sostenido sobre la ineficacia de la copia: el centro pierde cuando imita a la extrema derecha porque, como advirtió Le Pen padre, el votante prefiere el original.
Pero conviene formular la pregunta más incómoda, la que casi nadie en el debate europeo se atreve a plantear con todas sus letras: ¿es deseable, más allá de su ineficacia electoral, que Europa importe el marco trumpista del «nosotros primero»? ¿Le conviene a Europa, como sujeto político y civilizatorio, replicar la lógica del America First que ha vaciado de contenido la política exterior estadounidense bajo la segunda presidencia de Donald Trump?
La respuesta, una vez formulada con precisión, es de una claridad incómoda.
El trumpismo es funcional como ideología imperial estadounidense porque hay un solo sujeto soberano que la encarna. Estados Unidos puede decir «nosotros primero» y dictar términos al mundo, porque dispone de una sola moneda, un solo ejército, una sola política exterior y un Departamento de Estado que habla con una sola voz.
La frase es una declaración de poder coherente con su sujeto. Trasplantada a Europa, la fórmula no produce poder: produce fragmentación e impotencia. Porque en Europa no hay un sujeto, hay veintisiete. Y si los veintisiete son «primero», ninguno lo es.
La aritmética política del «nosotros primero» europeo es una imposibilidad lógica.
Una Italia que pone a los italianos primero, una Francia que pone a los franceses primero, unos Países Bajos que ponen a los neerlandeses primero, una Hungría —en su versión Fidesz, hoy en retirada— que ponía a los húngaros primero, una Polonia que pondría a los polacos primero, no pueden coexistir en una Unión funcional.
La solidaridad, la libre circulación y la proyección exterior común, los tres pilares sobre los que se sostiene Europa desde Roma 1957, exigen que cada Estado cedan parcelas de soberanía a un proyecto compartido.
El «nosotros primero», por definición, niega esa cesión. Por eso ya estamos viendo sus efectos visibles: doce Estados Schengen mantienen controles internos en sus fronteras, el mecanismo de solidaridad migratoria del Pacto se ha vaciado de contenido, las políticas energéticas hacia Rusia divergen entre Berlín, Roma y Budapest, y la respuesta europea a la guerra en Ucrania ha tenido que sortear los vetos sucesivos de Hungría y Eslovaquia.
Hay una ironía estratégica final que debería desvelar a cualquier europeísta serio. Copiar a Trump para «salvar la nación» debilita Europa.
Y una Europa débil convierte a cada nación europea en súbdita del verdadero America First.
«El Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará en vigor en junio sin haber resuelto nada de fondo, porque está diseñado para no resolverlo: es un compromiso entre Estados que no quieren acoger y Estados que no pueden seguir soportando solos la presión de las fronteras exteriores».
Mario Draghi lo formuló con sequedad técnica en su informe sobre competitividad de septiembre de 2024: Europa solo sobrevive si actúa como bloque, y solo actúa como bloque si renuncia a la lógica de los soberanismos nacionales.
Lo contrario es la receta de la irrelevancia. Cada líder europeo que adopta el lenguaje del «nosotros primero» creyendo blindar su soberanía nacional está, en realidad, regalando esa soberanía a Washington, a Pekín o a Moscú, los tres polos que hoy compiten por llenar el vacío de poder que dejaría una Europa fragmentada.
La copia produce, pues, exactamente lo contrario de lo que promete: en nombre de la nación, entrega la nación.
Y aquí la migración deja de ser un tema sectorial para convertirse en lo que realmente es: el banco de pruebas donde se juega si Europa va a comportarse como sujeto político o como yuxtaposición de soberanías recelosas.
Si en algo tan estructural como la gestión de fronteras exteriores, la solidaridad demográfica y la integración laboral compartida la respuesta es cada uno a lo suyo, entonces no habrá Europa para nada más. Ni para defenderse de Trump, ni para competir con China, ni para sostener a Ucrania. La trampa migratoria es, en última instancia, la trampa europea entera.
La paradoja demográfica: lo que ningún partido se atreve a decir
Mientras Bruselas refuerza el cierre, los datos de Eurostat dibujan un escenario que ningún líder europeo se atreve a explicar al electorado con la claridad que merece.
La población de la Unión Europea alcanzará su pico histórico en 2026: aproximadamente 453 millones de habitantes.
A partir de ese año comenzará un declive sostenido. Sin migración neta, la población caería un 34% para 2100.
La población en edad de trabajar pasará de 265 millones en 2020 a 219 millones en 2070.
La tasa de dependencia de los mayores de 64 años se elevará del 31% en 2022 al 53,7% en 2050. Los hechos no admiten interpretación ideológica: por cada tres europeos que se jubilan, solo uno se incorpora al mercado laboral.
El cálculo de Oxford Economics es elocuente: para mantener el equilibrio del mercado laboral europeo, el continente necesita una entrada neta de aproximadamente 1,2 millones de inmigrantes al año. Esa cifra solo se ha alcanzado una vez en la última década, y fue en 2022, con la afluencia masiva de refugiados ucranianos tras la invasión rusa.
En el resto de años, el déficit ha sido sistemático. Los sectores más afectados —sanidad, hostelería, agricultura, construcción, cuidado de mayores— sostienen ya hoy su actividad gracias a trabajadores extranjeros.
España aportará un dato concreto: las proyecciones del INE estiman que entre 2026 y 2035 llegarán al país 4,59 millones de personas extranjeras, y aproximadamente el 80% estará en edad laboral.
La conclusión es elemental: el continente que cierra la puerta es el continente que se vacía. Y nadie lo está diciendo en voz alta. Ni la socialdemocracia, atrapada en la pinza de no parecer débil con la extrema derecha. Ni el centroderecha, pendiente de no perder votantes hacia los flancos.
Ni —por descontado— la propia extrema derecha, que vive de prometer al jubilado europeo unas pensiones que solo serán sostenibles con la mano de obra que esa misma extrema derecha quiere expulsar.
Es la mentira fundacional de toda la arquitectura política dominante en la Europa de 2026: el votante quiere pensiones sin migrantes, sanidad sin enfermeros extranjeros, geriátricos sin cuidadoras latinoamericanas, agricultura sin temporeros magrebíes y construcción sin albañiles ucranianos.
Y el político le dice que sí, que es posible. No lo es.
Lo que sí ha funcionado: tres lecciones europeas
No todo es derrota. En la Europa actual conviven al menos tres modelos que han logrado, con grados muy distintos de compatibilidad con los valores liberales, neutralizar el marco populista a base de hechos verificables, no de relato.
El primero es el modelo portugués de regularización ordenada. Portugal ha mantenido durante años un régimen de manifestación de interés que permitía a los inmigrantes en situación irregular pero con vínculo laboral acceder a un permiso de residencia.
El sistema, que se reformó en 2024 con tensiones evidentes, demostró durante una década que es posible reducir la economía sumergida y la precariedad laboral sin recurrir a redadas masivas ni a campos de internamiento.
La extrema derecha portuguesa —Chega— ha crecido, pero por razones más vinculadas al desgaste socialista que a la propia política migratoria.
El segundo es el modelo alemán de migración cualificada, articulado mediante la Fachkräfteeinwanderungsgesetz reformada en 2023.
Alemania ha flexibilizado las vías de entrada para profesionales cualificados de terceros países, ha reducido la burocracia de homologación y ha establecido cuotas explícitas por sector.
El resultado no ha sido perfecto —la rotación es alta y la integración cultural sigue siendo desigual—, pero ha permitido cubrir parcialmente la escasez en sanidad, ingeniería e informática sin alimentar el discurso xenófobo, porque opera sobre perfiles que el votante percibe como aportación neta y no como carga.
El tercero —y el más incómodo de reconocer— es el modelo danés, que combina una política de asilo brutalmente restrictiva con una integración laboral férrea de quienes ya están dentro.
Dinamarca ha logrado mantener bajo control la entrada irregular y, simultáneamente, ha vaciado de oxígeno electoral a su extrema derecha: el Partido Popular Danés, que llegó a ser tercera fuerza, hoy es residual.
El precio ético es alto y el modelo no es exportable sin matices, pero la lección política es ineludible: cuando el ciudadano percibe que el Estado controla la frontera y al mismo tiempo integra al que ya está, deja de votar a quien le promete hacerlo.
Cómo evitar la implosión: cinco condiciones mínimas
Si Europa quiere evitar una implosión política derivada de la sobredimensión del tema migratorio, debe cumplir cuatro condiciones mínimas.
Ninguna es revolucionaria; todas son políticamente costosas, lo que explica que ningún gobierno europeo las esté abordando en su conjunto.
Primera: despolarizar el lenguaje. La migración no es un fenómeno único, sino tres fenómenos con tres lógicas distintas: migración económica regular, asilo, y migración irregular.
Confundirlos en el debate público —cosa que hacen sistemáticamente muchos, pero también buena parte de la prensa generalista— es la primera victoria del marco lepenista. La política pública debe diferenciar; la comunicación política, también.
Segunda: una política común real, no un Pacto cosmético. El Pacto que entrará en vigor en junio incluye un mecanismo de solidaridad voluntaria que no garantiza el reparto y permite que los Estados que se nieguen a acoger compren su salida con dinero.
Un sistema serio exigiría cuotas vinculantes proporcionales al PIB y a la población, financiación europea suficiente para los Estados receptores, y sanciones reales por incumplimiento. Lo demás es mecanismo de fachada.
Y la externalización a Túnez, Egipto, Mauritania o Albania es la abdicación de la soberanía europea sobre su propia política exterior, no su afirmación.
Tercera: integración laboral desde el primer día. El modelo «trabajar desde la primera semana», ensayado por Suecia hasta su giro restrictivo y por algunas comunidades autónomas españolas, reduce la dependencia de subsidios, acelera la integración y desactiva el principal argumento populista —el del «migrante que vive de la ayuda pública»— mediante hechos verificables, no mediante campañas de comunicación.
Cuarta: recuperar el debate demográfico honesto. Ningún ministro europeo ha explicado al ciudadano de a pie, en términos sencillos y verificables, que sin migración no hay pensiones.
Los datos son inapelables y deberían formar parte del lenguaje cotidiano de la política, no de los informes de Eurostat que nadie lee. La incomodidad de decirlo no exime del deber de hacerlo.
Quien gobierna está obligado a explicar lo difícil; cuando renuncia a esa obligación, deja el campo libre a quien promete soluciones imposibles.
El cierre del círculo
Nuestro vaticinio es claro y doloroso. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará en vigor en junio sin haber resuelto nada de fondo, porque está diseñado para no resolverlo: es un compromiso entre Estados que no quieren acoger y Estados que no pueden seguir soportando solos la presión de las fronteras exteriores.
La extrema derecha seguirá creciendo, no porque la migración aumente —los flujos se han estabilizado e incluso reducido en algunos corredores—, sino porque el centro político seguirá hablando su idioma con la esperanza ingenua de neutralizarla.
Y cuanto más lo hable, más legitimidad le otorgará y más votos le entregará.
Mientras tanto, la pirámide demográfica seguirá su curso silencioso.
Las residencias de mayores seguirán abriéndose con cuidadoras filipinas y peruanas. Los hospitales seguirán contratando enfermeros venezolanos y colombianos.
Los campos de Andalucía seguirán recogiéndose con manos magrebíes. Las obras de Berlín y Frankfurt seguirán levantándose con albañiles ucranianos.
Y los políticos que prometieron al jubilado alemán que esa Europa era posible sin esa migración seguirán prometiéndoselo, hasta que el jubilado alemán descubra que su residencia ha cerrado por falta de personal, o de fondos.
