«Si no actuamos ahora para reducir la dependencia tecnológica de Europa respecto de actores extranjeros, corremos el riesgo de convertirnos en una colonia digital» — Michał Kobosko, eurodiputado de Renew Europe, 22 de enero de 2026
Se llama Kimberly Prost. Es magistrada canadiense del Tribunal Penal Internacional. Y un día del verano pasado descubrió que su tarjeta American Express había dejado de funcionar, que Amazon Canadá le había cerrado la cuenta sin previo aviso, que su Alexa enmudeció en cuanto entró por la puerta de su casa en La Haya.
Su delito: haber formado parte de una sala de apelaciones que en marzo de 2020 autorizó por unanimidad la investigación de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, algunos de ellos imputables a personal militar estadounidense.
La Administración Trump la añadió, el 20 de agosto de 2025, a la lista de sancionados, junto a terroristas, «hackers» norcoreanos y espías iraníes.
La propia Prost ha descrito el efecto sobre su vida cotidiana con una palabra exacta: «paralizante».
Lo que le pasó a Prost no fue un accidente burocrático. Fue una demostración. Una clase magistral, dirigida a los gobiernos europeos, sobre lo que significa depender de la infraestructura digital ajena cuando el dueño de esa infraestructura decide que ya no le interesas.
Y aunque la lección apenas duró unas semanas en los titulares, su contenido sigue intacto: si Washington puede pulsar un interruptor y borrar a una jurista respetada de la economía moderna, ¿qué impide que lo haga, mañana, con una empresa, con un ministerio, con un país entero?
Europa lleva tres años discutiendo defensa. Reciclando declaraciones sobre rearme, autonomía estratégica y capacidades industriales.
Mientras tanto, en silencio, está perdiendo otra guerra que nadie ha declarado y que ya está en marcha desde hace décadas: la guerra de la productividad.
Y la perderá enteramente —civilizatoriamente, podríamos decir— si no entiende a tiempo que el frente decisivo no está en los astilleros ni en los polígonos de tiro. Está en los servidores.
La brecha que nadie quiere mirar de frente
Los datos son tan conocidos como ignorados. Entre 1995 y 2025, la productividad por hora trabajada creció un 88% en Estados Unidos y apenas un 30% en los veinte países de la zona euro.
La brecha acumulada de productividad a favor de los Estados Unidos sobre la eurozona alcanza ya los 41 puntos porcentuales, según los cálculos del Atlantic Council, una distancia que más que compensa el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que muchos países europeos crecieron por encima del americano.
En menos de 40 años, Europa ha invertido el resultado de la posguerra y ha vuelto a la posición subordinada de la que parecía haber salido.
El motor de esa divergencia tiene un nombre concreto: tecnologías de la información. Entre 1988 y 2023, el crecimiento acumulado de la productividad total de los factores en el sector IT estadounidense superó el 178%, mientras que en los sectores no-IT apenas alcanzó el 12%.
Es decir: prácticamente toda la ventaja productiva americana sobre Europa de los últimos cuarenta años se explica por una sola variable.
No por la flexibilidad laboral, no por los impuestos, no por la cultura del riesgo —aunque todo eso cuente—, sino por la velocidad con la que las empresas americanas adoptaron, integraron y rentabilizaron el ordenador personal, internet, la nube y, ahora, la inteligencia artificial.
Mario Draghi puso por fin cifras y nombres a este desastre en su informe de septiembre de 2024 sobre el futuro de la competitividad europea. El dato más demoledor de aquel documento no era ninguna proyección: era una constatación arqueológica.
Ni una sola empresa europea fundada en los últimos cincuenta años ha alcanzado por crecimiento orgánico una capitalización superior a los 100.000 millones de euros. Ni una.
En ese mismo periodo, Estados Unidos ha producido varias compañías de varios billones de dólares, y China ha generado gigantes equivalentes antes de chocar con sus propios límites regulatorios.
Europa, mientras, exhibe orgullosamente sus campeones del siglo pasado y regula a los del siglo XXI.
La nueva ola y el nuevo retraso
Si la era del software ya nos costó la mitad del PIB potencial respecto a Estados Unidos, la era de la inteligencia artificial promete acabar con la otra mitad. Los datos disponibles a comienzos de 2026 son inequívocos.
Una encuesta conjunta del Federal Reserve Bank de San Luis, Vanderbilt, Harvard y el WZB de Berlín, publicada en marzo, muestra que el 43% de los trabajadores estadounidenses ya utiliza herramientas de IA en su trabajo.
En Europa, la media se queda en el 32%. Once puntos de diferencia que, escalados sobre las estimaciones de impacto agregado, suponen ya 3,2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento de productividad acumulado a favor de Estados Unidos desde 2022.
Y la brecha sigue ensanchándose.
El detalle interno es aún más inquietante. La adopción europea no es uniforme: oscila entre el 36% del Reino Unido —fuera ya de la Unión— y los porcentajes notablemente más bajos del centro y este del continente.
La brecha digital intraeuropea se está profundizando al mismo tiempo que la brecha transatlántica.
Mientras Bruselas legisla el AI Act, las empresas americanas están entrenando, desplegando y monetizando sistemas a una velocidad que ningún reglamento europeo logra capturar.
Y mientras tanto, una buena parte de las empresas europeas que sí adoptan IA lo hacen sobre la infraestructura, los modelos y el cloud de tres compañías estadounidenses.
La triple pinza: «cloud», chips, software
Aquí es donde el problema deja de ser meramente económico y se convierte en geopolítico. La dependencia europea no es solo cuantitativa: es estructural y, lo que es peor, asimétrica.
Entre el 70% y el 85% del mercado europeo de servicios «cloud» está en manos de tres compañías norteamericanas —Amazon, Microsoft y Google—, según el perímetro de medición que se utilice.
La inmensa mayoría de los chips avanzados que mueven esa nube proceden de Nvidia.
Las plataformas de productividad sobre las que trabajan ministerios, tribunales, hospitales y universidades son, en su práctica totalidad, americanas.
Y los sistemas de pago dominantes en la propia eurozona son Visa y Mastercard, con casi dos tercios del volumen de tarjetas; trece Estados miembros no disponen siquiera de una alternativa nacional.
Sobre todo este edificio pende un instrumento jurídico que muchos europeos siguen sin querer ver: el CLOUD Act de 2018, aprobado durante la primera administración Trump, que obliga a las empresas tecnológicas estadounidenses a entregar datos a las autoridades americanas con independencia de dónde estén físicamente almacenados.
Un servidor en Frankfurt o en Madrid no protege un dato si la matriz está en Redmond o en Cupertino. La jurisdicción americana viaja con el código.
El caso del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, demostró que esta arquitectura no es teórica. Sancionado por orden ejecutiva el 6 de febrero de 2025, en mayo perdió el acceso a su cuenta de correo de Microsoft y se vio forzado a migrar al servicio suizo Proton Mail.
La compañía de Redmond, en boca de su presidente Brad Smith, negó haberlo desconectado: «en ningún momento Microsoft cesó o suspendió sus servicios al TPI».
Pero el TPI no se conformó con el desmentido. El 31 de octubre de 2025 anunció su migración del paquete Office al sistema de código abierto OpenDesk, desarrollado por el Centro Alemán de Soberanía Digital, ZenDiS.
Y en febrero de 2026 el caso seguía debatiéndose en el Parlamento británico, con un alto directivo de Microsoft pidiendo corregir su propia declaración inicial sobre quién había decidido qué.
Una institución que arbitra crímenes de guerra había descubierto, demasiado tarde, que su capacidad de funcionar dependía de decisiones tomadas en Washington.
El acierto de Draghi y lo que Draghi no podía decir
El antiguo presidente del Banco Central Europeo merece, en este capítulo, un reconocimiento.
Su informe de competitividad de septiembre de 2024 fue el primer documento del «establishment» europeo que dijo, con todas las letras y bajo firma autorizada, que la interdependencia tecnológica europea con Estados Unidos —celebrada durante décadas como una bendición liberal— se había convertido en una fuente de apalancamiento y control. Es decir: en una vulnerabilidad geopolítica activa.
Pero hay algo que Draghi, por prudencia institucional, no podía formular abiertamente y que el lector debe formular por él.
La pregunta no es ya si Europa puede permitirse el coste de oportunidad de su retraso tecnológico. La pregunta es si Europa puede sostener una política exterior, una jurisdicción independiente, una soberanía monetaria y un Estado de derecho propios cuando la práctica totalidad de su infraestructura digital crítica está bajo jurisdicción extranjera.
Mientras la administración Biden mantuvo la ficción del aliado, esa pregunta podía aplazarse. Con Trump de vuelta en el Despacho Oval, la sanción a una jueza canadiense, las amenazas arancelarias contra los aliados, la negativa inicial a descartar la anexión de Groenlandia y el chantaje permanente sobre la financiación de la OTAN, la pregunta se ha vuelto urgente.
Existe, además, una cruel ironía temporal. Cuando Europa empieza por fin a reaccionar, lo hace con un retraso de veinte años.
La consultora Gartner ha calculado que la transición hacia un ecosistema tecnológico europeo viable —con alternativas reales en semiconductores, «cloud», software e IA— requerirá más de una década y abarcará varias generaciones de directores de sistemas.
Diez años, en términos tecnológicos, es una eternidad geológica. Y lo más probable es que esa cifra peque de optimista.
Lo que Europa empieza a hacer y por qué llega tarde
No es justo decir que Europa no se mueva. Lo es decir que se mueve tarde, mal y poco. En noviembre de 2025, los veintisiete Estados miembros firmaron en Berlín una Declaración para la Soberanía Digital Europea, comprometiéndose a reducir las dependencias estratégicas.
La Comisión prepara para 2026 el Cloud and AI Development Act, que pretende fomentar el desarrollo de centros de datos europeos y restringir la participación de proveedores no comunitarios en infraestructura crítica.
Un Quantum Act modelado sobre el Chips Act seguirá en el segundo trimestre. Y el 22 de enero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó, por 471 votos contra 68, un informe que reconoce explícitamente que la Unión depende de proveedores extracomunitarios en más del 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digital.
La frase que el ponente, el liberal polaco Michał Kobosko, utilizó para describir el futuro al que Europa se asoma si no actúa abre esta columna y merece ser repetida: «colonia digital».
A nivel nacional, el movimiento es desigual pero real.
El 26 de enero de 2026 Francia anunció que sus dos millones y medio de funcionarios abandonarán Microsoft Teams, Zoom, Webex y GoTo Meeting en 2027 para migrar a Visio, una plataforma francesa alojada en infraestructura nacional certificada SecNumCloud.
Las Fuerzas Armadas austriacas han migrado 16.000 puestos de trabajo a LibreOffice.
El Land alemán de Schleswig-Holstein está trasladando 30.000 puestos de la administración pública de Windows a Linux y de Office a LibreOffice, con el ahorro de licencias ya superando los 15 millones de euros.
Suiza ha aprobado una ley de código abierto que obliga a publicar como tal cualquier software financiado con fondos públicos.
La inversión en «cloud» soberano en Europa, según Gartner, se triplicará hasta los 23.000 millones de dólares en 2027 respecto al nivel de 2025.
Pero la propia magnitud de los anuncios revela la magnitud del problema. El monto agregado previsto en inversión pública y privada europea para «cloud», centros de datos, IA, semiconductores y comunicaciones por satélite en los próximos cinco años es de unos 100.000 millones de euros, según Deloitte.
Una sola compañía americana, Microsoft, comprometió a comienzos de 2025 inversiones por 80.000 millones de dólares en un solo año fiscal —el suyo, julio 2024 a junio 2025— exclusivamente para infraestructura de IA. La asimetría no es retórica: es presupuestaria.
Y mientras tanto, las pymes europeas —que componen el 99% del tejido productivo del continente— siguen pagando licencias en dólares, formando a sus empleados en herramientas extranjeras y exportando margen al otro lado del Atlántico cada vez que pulsan Enter.
El cálculo que Europa todavía no ha hecho
Existe una forma muy europea de equivocarse en este debate, y consiste en plantearlo como una elección entre apertura y proteccionismo, entre liberalismo económico y nacionalismo industrial.
Es una falsa disyuntiva. Lo que está en juego no es si Europa debe cerrarse al comercio tecnológico mundial, sino si puede permitirse el lujo de no producir nada de aquello que consume, en un sector que determina la productividad de todos los demás sectores y, por tanto, la viabilidad económica del modelo social europeo.
Quien crea que esto es exagerado debería detenerse en una cifra del informe Draghi que apenas ha sido comentada.
Para sostener simultáneamente el Estado del bienestar, la transición ecológica, el rearme defensivo y la convergencia tecnológica, Europa necesita inversión adicional anual del orden de los 750 a 800.000 millones de euros, equivalente al 4,5% del PIB.
Es decir, entre dos y cuatro veces el esfuerzo del Plan Marshall en términos relativos —el plan americano de reconstrucción de la posguerra supuso entre el 1% y el 2% del PIB de los países receptores—.
Y todo ese esfuerzo solo tendrá sentido si se canaliza hacia donde realmente compensa: hacia las tecnologías que multiplican la productividad de todo lo demás.
Cada euro gastado en una tecnología sustitutoria europea ahorra años de pago de licencias al exterior, retiene talento, cierra el ciclo del valor añadido en territorio comunitario y, sobre todo, recupera capacidad de decisión soberana.
El problema es que ese cálculo no está hecho en ningún ministerio europeo con la urgencia que merece. Se sigue pensando la tecnología como un capítulo del presupuesto, no como la columna vertebral de cualquier otra política.
Se sigue subvencionando un campeón nacional aquí y un consorcio europeo allá, sin masa crítica, sin coordinación entre Estados miembros, sin un mercado único digital realmente unificado, sin política de compra pública preferente coherente.
Y se sigue confiando, en el fondo, en que el aliado americano no llegará a usar la palanca que tiene en la mano. Es exactamente la misma confianza que se tenía respecto a la dependencia energética del gas ruso hasta el 24 de febrero de 2022.
El frente que decide los demás
Europa está acostumbrada a pensar la autonomía estratégica en clave militar, energética o monetaria. Es una herencia del siglo XX. Pero en el siglo XXI, la pieza que articula todas las demás es otra: la capacidad propia de generar, almacenar, procesar y proteger datos, y de transformar esos datos en productividad y valor añadido propios.
Sin esa capacidad, los Eurofighter dependen de software ajeno, los hospitales operan sobre nube ajena, los tribunales archivan en sistemas ajenos, los bancos liquidan en redes ajenas, las pymes facturan en plataformas ajenas y los gobiernos, a la hora de la verdad, descubren que sus propias decisiones son revisables desde el otro lado del Atlántico.
Nuestro vaticinio es que, salvo un sobresalto político mayor, Europa seguirá tratando este frente como un capítulo más del informe de competitividad.
Lo seguirá tratando con la solemnidad reservada a los problemas crónicos, no con la urgencia de los problemas existenciales.
Y dentro de diez años, cuando una nueva generación europea descubra que su productividad es la mitad de la americana, que sus salarios son la mitad de los americanos, que sus universidades pierden talento a un ritmo acelerado y que ningún sector estratégico opera sin permiso tácito de Washington, se preguntará por qué nadie hizo lo evidente cuando todavía era posible.
El caso de la juez Prost no fue un episodio menor de la administración Trump. Fue un mensaje cifrado, dirigido a Bruselas, a Berlín, a París, a Madrid.
Y el mensaje decía algo muy simple: lo que os puede pasar a vosotros ya le ha pasado a ella. Europa sigue creyendo que está debatiendo una política industrial. Está debatiendo, en realidad, si todavía quiere existir como sujeto político.
Y la respuesta, como ocurre con todas las preguntas que importan de verdad, no se da con discursos. Se da con presupuesto, con calendario y con decisión.
Los servidores no votan. Pero deciden quién manda.
