Es decano de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU desde hace seis años –está en su segundo mandato de 4 años– y catedrático de Derecho Mercantil. Alfonso Martínez-Echevarría, hace balance, en esta entrevista, de un tiempo marcado por la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas.
Pero también sobre la estrecha relación de la Facultad, que ha estrenado nuevo edificio, con grandes firmas como Garrigues, Uría, Cuatrecasas o Pérez Llorca, presentes en las aulas y en los actos de graduación, y el convenio de doble titulación con la Fordham University School of Law de Nueva York, que permite a un puñado de alumnos cada año examinarse del Bar de Nueva York.
Martínez-Echevarría repasa además el crecimiento de la Facultad y su apuesta por una enseñanza de calidad y por la vuelta de los exámenes orales. El decano de la Facultad de Derecho de CEO, además, reivindica el lema de la universidad —»En la verdad está la libertad»— como brújula frente a un Derecho cada vez más cambiante. Y cuenta por qué.
¿Por qué se hizo usted abogado?
Vocacionalmente, desde el bachillerato, por el entorno familiar. Mi padre era economista y militar, no jurista, pero en mi entorno había muchos juristas.
Él animó a sus seis hijos a estudiar Derecho, y los seis lo hicimos. En mi caso, disfruté desde la primera hasta la última asignatura de la carrera. Hice prácticas en Martínez-Echevarría Abogados, que entonces ya se iba consolidando, y desde que acabé la carrera he ido compatibilizando el ejercicio de la profesión con la carrera académica.
¿De dónde viene su vocación docente?
También de mi padre. Es doctor en Económicas, fue profesor universitario en la Autónoma, en la Complutense y aquí en el CEU, donde fue jefe de estudios, y también en la Escuela Diplomática.
Al final de su vida fundó el Instituto de Estudios Bursátiles, con un máster en Derecho y Bolsa que sigue en marcha.
¿Diría entonces que su padre determinó su carrera?
Posiblemente no. Mi primera vocación profesional era ser militar. Él no me la disuadió, pero tampoco la alimentó: alimentó esta otra.
¿Es esta nueva Facultad un símbolo del éxito del CEU? Es evidente que han cambiado “de maceta” por una mucho más grande.
El crecimiento es solo parte del éxito, no todo. Ha sido un crecimiento cuantitativo, no solo de la Facultad sino de toda la Universidad en este campus: hace seis años teníamos 1.122 alumnos, ahora 1.519 —casi 400 más en este periodo—.
Hay quien dice que en esto o se crece o se muere; nosotros no buscábamos crecer, pero hemos crecido, y probablemente lleguemos a un punto en el que no se pueda seguir. De hecho, ya ha habido que construir un nuevo edificio.
Pero ese crecimiento va unido a una mejora cualitativa: la nota media de nuestros alumnos ha subido, y no solo la de bachillerato, también la de la PAU, lo que indica que no vienen de colegios que inflan las notas.
Este año hemos tenido dos grupos de excelencia, con una nota de corte de entre 8 y 10 —en el resto de grupos la media ha sido de 7,11—, y todo esto con menos solicitudes de admisión: vienen menos alumnos, pero vienen los que ya saben lo que ofrecemos aquí.
¿Cuál es el punto fuerte de la Facultad de Derecho del CEU, de su Facultad?
El cimiento sobre el que se construye es su excelente claustro de profesores. A diferencia de lo que ocurre en otras universidades, donde son los alumnos quienes dan prestigio al profesor, aquí es el profesor quien atrae al alumno: procuramos que el profesor investigue, para que esa investigación alimente su docencia.
Es un dato histórico: según las memorias de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, esta ha sido durante décadas la Facultad de Derecho de España con mayor número de académicos de número en su claustro.
Actualmente tenemos dos, y uno de ellos preside además la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Instituto de España, que reúne a todas las academias.
Tenemos catedráticos con proyectos de investigación vivos, cátedras temporales como la Jean Monnet, publicaciones y obras colectivas que salen cada año, y estancias de investigación en el extranjero.
En definitiva: llamamos a los mejores alumnos ofreciéndoles el mejor profesorado posible.
«La memoria en la formación jurídica es un instrumento importantísimo. Sin comprensión no sirve para nada, y el mejor modo de memorizar es comprender lo que se estudia con intención de retenerlo».
¿Qué le sobra y qué le falta a los planes de estudios de Derecho en España, no solo en el CEU sino en general?
Acabamos de renovar nuestro plan de estudios para aproximarlo en claridad al de 1953. A todas las asignaturas les hemos puesto nombre y apellido, para que se identifiquen las disciplinas clásicas —civil uno a civil cuatro, mercantil uno y dos, administrativo, penal, procesal— bajo los nombres que tienen actualmente.
No creo que sobre nada, puesto que los estudios se han reducido de cinco a cuatro años, y nos falta tiempo para explicar lo que nos gustaría.
Eso lo hemos compensado con actividades que forman a los alumnos en competencias: oratoria, clubes de lectura, clubes de debate, moots de arbitraje europeo, con un año entero de preparación y coaches. Lejos de sobrar, esos complementos han venido a llenar un hueco.
¿La memoria sigue siendo importante en estos tiempos?
La memoria en la formación jurídica es un instrumento importantísimo. Sin comprensión no sirve para nada, y el mejor modo de memorizar es comprender lo que se estudia con intención de retenerlo.
Cuando llega un momento importante, el jurista no tiene que estar contrastándolo todo: no renunciamos a la memoria en absoluto.
Usted mismo se formó en la Complutense antes de llegar al CEU. ¿Qué tiene esta facultad que no tenga la pública?
Le estamos muy agradecidos: es mi alma mater. Creo que tenemos un trato más cercano con el alumno.
Tenemos cerca de doce másteres con un cien por cien de colocación desde hace años. La cercanía entre profesor y alumno está contrastada en las encuestas anuales.
Eso es algo que tenemos nosotros y que quizá no está en la Complutense.
¿Y qué envidia usted de la universidad pública?
La carga docente. Allí un profesor imparte seis horas semanales al año; aquí el punto de partida son doce horas, que se pueden ir reduciendo con sexenios o proyectos de investigación, pero seguimos partiendo de una carga docente más alta.
Tenemos, eso sí, un porcentaje superior al exigido normativamente de profesores con sexenio vivo y proyectos de investigación del Plan Estatal de Investigación en marcha.
Organizamos cada año el Congreso de Gobierno Corporativo, con ponentes de las grandes facultades de Derecho de toda España.
El coste por alumno, sin embargo, es mayor en la privada.
El precio que paga el alumno es distinto del coste real. El coste por alumno en la universidad pública es muy superior al de la privada, porque cuenta con los Presupuestos Generales del Estado: en cierto sentido, todos sus alumnos están becados.
El coste por alumno en la privada, aunque el precio que se paga sea mayor, no llega a cubrir el número de profesores ni los medios materiales: es más del doble en la pública que en la primera privada.
Además, el CEU es la universidad de España que más dinero dedica a becas: en torno a 25 millones de euros al año.
El lema de la universidad es «En la verdad está la libertad». ¿Sigue siendo sostenible en un Derecho cada vez más cambiante y politizado?
Sí, y me parece crucial, respetando otras aproximaciones a la vida. Esa frase procede de la Biblia, pero no me refiero solo a la perspectiva religiosa: ofrecemos a quienes vienen a formarse aquí los valores del humanismo cristiano y, desde el punto de vista filosófico, una alternativa al relativismo.
Nosotros no construimos sobre el relativismo, sino sobre la verdad metafísica. No concibo otra forma de enseñar Derecho, ni de educar a un universitario, que no sea construyendo sobre la base de la verdad.
¿En qué consiste el acuerdo con la Fordham University School of Law y cuántos alumnos acceden a él?
Es un acuerdo excepcional, que ha ido creciendo a lo largo de décadas: empezó siendo una estancia cuatrimestral voluntaria en Fordham.
Aunque como universidad no está en las posiciones de Harvard, como Facultad de Derecho sí está entre las primeras de Estados Unidos.
Gracias a la convalidación de asignaturas cursadas en España, nuestros alumnos pueden hacer en un solo año lo que sería un cuatrimestre sin acreditación: cursan un máster en Estados Unidos y, después, pueden presentarse al examen del Colegio de Abogados de Nueva York para ese Estado.
A la vuelta, hacen el máster de acceso a la abogacía en España, que corresponde a un quinto año, y el examen de acceso a la profesión.
Por la selección de los alumnos, y porque es un programa ambicioso y costoso, se mueve en torno a diez alumnos por promoción, aunque esa cifra está creciendo desde que existe la doble titulación.
«Nosotros no construimos sobre el relativismo, sino sobre la verdad metafísica. No concibo otra forma de enseñar Derecho, ni de educar a un universitario, que no sea construyendo sobre la base de la verdad».
¿Cómo es la relación de la facultad con los grandes despachos de abogados?
Inmejorable. Nos hemos acercado desde hace años a los principales despachos: Garrigues, Uría y Cuatrecasas. En nuestros actos de graduación han apadrinado la promoción el presidente de Garrigues, Luis Fernando Vives; Jesús Remón, de Uría, hasta el reciente cambio; y Luis Pérez de Ayala, de Cuatrecasas este año.
También hemos contado con Cortés, Echeverría y Pombo, y con Pérez Llorca, que participó en la inauguración del máster de acceso.
Tenemos aulas específicas —»aulas CEU empresa»— con despachos como Ashurst, especializada en Real Estate, DLA Piper, Pérez Llorca o Squire Patton Boggs, a las que los alumnos asisten los miércoles por la tarde, cuando no hay clase.
Además, en el ránking de El Confidencial llevamos cuatro años seguidos en el top 15; este año estamos en sexta posición, junto a Complutense, Navarra o Barcelona.
¿Dónde encaja la inteligencia artificial en este modelo de enseñanza de la Facultad de Derecho del CEU?
Es un concepto muy simplificado. Ya en los años 90 llegaron los CD-ROM con toda la legislación y jurisprudencia de Aranzadi, que nos evitaron consultar cuatro tomos anuales.
Desde entonces el jurista trabaja con medios digitales que le ayudan a ser más eficiente en la búsqueda de jurisprudencia y legislación.
La IA es una herramienta todavía mejor, que en manos de una cabeza jurídica bien formada permite incluso purgar las llamadas alucinaciones, los datos falsos que dan estas primeras generaciones de IA.
Pero la IA un instrumento que exige dos aptitudes personales: la ética, y el conocimiento jurídico. Cuanto más conocimiento jurídico, mejor uso se hace de la IA, como el buen jinete de su caballo.
¿Cómo se enseña ese uso en la Facultad?
Tenemos un manual de uso de la IA, análogo al que ya elaboran las instituciones. Establece una triple categorización: un uso instrumental, que es recomendado; un uso intermedio, en el que hay que declarar con ética qué usos se han hecho de la IA —por ejemplo, para traducción de textos o para generar un primer borrador del índice de un trabajo, sea un TFG, un dictamen o incluso una demanda—; y una tercera zona de uso prohibido.
A los alumnos les explicamos que en el Trabajo de Fin de Grado podrán utilizar la IA, pero si no saben escribir ni saben Derecho, el resultado será mucho peor.
¿Y en el aula, ante el riesgo de fraude en los exámenes con medios electrónicos?
Hemos enviado un correo a todo el profesorado animando a que, de forma voluntaria, se vuelva al examen oral.
Ya tenemos bastantes profesores que lo hacen. Es un modelo que exige más tiempo —ya no es un aula con todo el grupo durante dos horas, sino un día entero de exámenes—, pero a quienes quieran aplicarlo se les anima a hacerlo.
«La IA es un instrumento que exige dos aptitudes personales: la ética, y el conocimiento jurídico. Cuanto más conocimiento jurídico, mejor uso se hace de la IA, como el buen jinete de su caballo».
Más allá de ese manual de uso, ¿qué otras herramientas ha incorporado la facultad?
Desde el año pasado tenemos un programa de Derecho Digital, reconfigurado a partir del que arrancó José Luis Piñar, catedrático nuestro y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos.
De primero a cuarto, los alumnos que quieran —estamos tentados de hacerlo obligatorio— pueden cursar un Diploma Universitario de Especialización en Abogacía Tecnológica, con profesores que son socios de despacho o directivos de empresa: Luis de la Peña, de Garrigues; Beatriz Rodríguez, de Roca Junyent; Alonso, de Écija; y también un ingeniero de Eulen, Ricardo López, responsable de ciberseguridad en la compañía.
Enseñan fundamentos de programación para juristas, ciberseguridad, ciberdelincuencia, legal operations y talleres de inteligencia artificial.
Además, hemos conseguido una licencia de uso gratuito de Harvey —una de las herramientas de IA de referencia para despachos de abogados— para nuestros 1.500 alumnos, nuestros 150 profesores y el personal de la facultad, sin límite de uso, con cursos de formación inicial para el profesorado.
¿Qué profesor le dejó mayor huella en su etapa universitaria?
Sin duda, Javier O’Callaghan Muñoz, catedrático de Derecho Civil. Lo tuve dos años, aquí en el CEU, cuando entonces era un centro adscrito a la Complutense —cursé tres años en la Complutense y dos aquí—.
En esa época era juez de Primera Instancia en Plaza de Castilla, de los primeros en ofrecerse voluntariamente a la digitalización de su juzgado; después llegó a magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Tenía su propio manual y fue, desde esa doble perspectiva de catedrático y juez, un modelo de profesor. Como persona me enseñó muchísimo, y su asignatura, Derecho Civil, está muy vinculada a la vocación que se fue gestando en mí como mercantilista: el Derecho Civil es la columna vertebral de cualquier jurista, y tuve la suerte de aprender de él durante dos años.
¿Qué libro de Derecho recomienda a sus alumnos?
El negocio jurídico, de Federico de Castro. Me encantó, y lo recomiendo porque el Derecho Mercantil no es una rama desgajada del Civil, sino al revés: nació autónomo y luego se injertó en él.
Ha hecho que las relaciones jurídico-privadas cobren muchísima importancia: está presente en sectores decisivos, no solo para las personas sino para los países —los mercados financieros, la banca, los valores—, y permite que la iniciativa privada, también dentro de las grandes empresas, genere riqueza.
Me gusta citar a juristas españoles, porque el Derecho es palabra performativa: una palabra que se pronuncia con autoridad, sea la del legislador, la del juez o la del abogado en un contrato, y que produce efectos.
El negocio jurídico, en un ámbito como el mío —Derecho Privado, Derecho Mercantil—, es la columna vertebral de las relaciones jurídicas que enseño.
¿Por qué se decantó por el Derecho Mercantil?
También influyó mi padre, que por entonces había fundado el IEB, donde el Derecho mercantil tenía mucho peso a través del máster en Bolsa.
Dentro de las dos grandes ramas del Derecho, la pública y la privada, me fue gustando más la privada, apoyada en la autonomía de la voluntad y en el Derecho Civil.
Viví la caída del Muro en 1989, y desde entonces me parece que la economía capitalista es la que ofrece mayores márgenes de libertad.
¿Ha pensado alguna vez en dejar el decanato para dedicarse por completo a la investigación?
A mí lo que me gusta es estar en el campo de batalla, no dirigir. Yo no busqué la dirección: se me pidió ser decano. Este es mi sexto año en el decanato. Los mandatos en esta universidad, como en otras, son de cuatro años y se pueden prolongar.
No tengo vocación de decano; mi verdadera vocación es la investigadora y la docente. Cuando llegas a la dirección, lo que haces es mucho más burocrático.
Vivimos en una España que se define, con acierto, como una economía social y de mercado, a medio camino entre el intervencionismo y la libertad; creo que hay que dar prioridad a la libertad, y el Derecho mercantil es una expresión de ella.
