La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena presentó ayer una denuncia ante los juzgados de guardia en Madrid contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
Entienden delictivo que se justificara la razón de dicho cese en el hecho de que este mando no «articulara los mecanismos adecuados» para que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de los informes que una de sus unidades operativas de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid había realizado sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La investigación había sido ordenada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, con el fin de determinar si Franco, secretario general del PSM-PSOE, tenía información sobre la peligrosidad de la pandemia de coronavirus y si actuó como debía o no hizo nada.
Se da la circunstancia de que esta asociación es, junto a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, a la que Rodríguez-Medel ha atribuido la dirección letrada de la acusación popular en la causa contra Franco, en la que se han personado varias asociaciones y particulares.
En su denuncia contra Gámez, cuestionan la legalidad de la llamada que la directora general llamara personalmente a Pérez de los Cobos el pasado el domingo 24 de mayo para comunicarle su cese fulminante.
En esa comunicación Gámez habría argumentado que la causa del 8-M era delicada para el Gobierno y por ello estaba interesada en conocer lo que la Guardia Civil ha entregando a la magistrada.
A continuación siempre según la denuncia, la principal responsable política de la Benemérita refirió la fundamentación fáctica de la resolución de cese en las funciones del Coronel Pérez de los Cobos «por no articular los mecanismos adecuados para que el Ministerio esté informado», añadiendo además que la «cúpula» ya había decidido su cese.
Sobre quien es la persona o personas que integran esta «cúpula» se desconoce y deberá ser objeto de la instrucción, según los denunciantes.
Recuerdan que nada más instruirse el procedimiento, en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la titular de dicho órgano requirió absoluta reserva sobre la instrucción.
Esta orden fue reiterada en un oficio de fecha 25 de mayo –una vez conocido el cese– donde se recordaba a la Secretaría de Estado de Interior que la policía judicial tiene obligación de «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan», de modo que sólo ella sería informada de las diligencias.
DOCUMENTO DE CESE
A todo ello se añade la difusión en la prensa de la mencionada resolución en la que se cesa a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza y más concretamente «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento».
El documento está firmado digitalmente por la propia Gámez.
Se la circunstancia de que otro juzgado de Madrid, el número 11, inadmitió el pasado 3 de junio otra querella presentada por Vox contra Gámez y también contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y por las llamadas que realizaron al coronel cesado el domingo 24 de mayo.
El archivo se produjo, no obstante, antes de conocerse públicamente el documento de cese.
Para la asociación de consumidores, es «esencialmente grave» la fundamentación fáctica del cese del coronel relativa a no articular mecanismos para informar al Ministerio sobre las pesquisas que la Policía Judicial realiza sobre la presunta comisión de determinados delitos que implican a personas dependientes o relacionadas con dicho Ministerio, «pues sería tanto como organizar un sistema de información que pusiese en conocimiento de los investigados por alguna infracción penal, las pesquisas que lleva a cabo el juez que entiende de la causa».
Para los denunciantes, se trata de que «sistemáticamente se informe de los delitos a sus presuntos autores para que de este modo puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen, convirtiendo al Estado en una organización que protege a los autores de los delitos que se cometen a su amparo».
Convirtiéndose el propio Estado en una organización que utiliza como medio el delito para encubrir los delitos que se cometen bajo su amparo, «que es la definición más precisa de organización mafiosa».
