La Comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa ha comenzado este lunes a trabajar estableciendo la metodología que seguirá para empezar a fijar las líneas directrices del nuevo instrumento normativo.
Dos meses después de conocer que el presidente de honor del despacho Garrigues, Antonio Garrigues Walker, había recibido el encargo de presidir esta comisión y una vez levantado el estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19, los expertos se han reunido para empezar a dar forma al encargo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Esta primera reunión, según ha informado Justicia en un comunicado, ha estado presidida por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, quien ha calificado de “oportunidad histórica” la integración en una única norma de las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho de defensa, actualmente dispersas en diferentes instrumentos legales.
La futura ley deberá regular las facetas procesal, profesional y asistencial de este derecho fundamental.
Por su parte, Garrigues ha señalado que uno de los principios rectores de la ley deberá ser su orientación al ciudadano “porque aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen”.
El ejercicio de la defensa es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y asegurándoles la tutela judicial efectiva.
El secretario de Estado ha explicado que el proceso de elaboración de la norma discurrirá de forma paralela a los que se están desarrollando para la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley de eficiencia procesal.
La comisión encargada de sacar adelante este trabajo esta integrada por el ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez.
Así como la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Mª Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García; la profesora de Derecho Constitucional, Alicia González; el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno; la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Paula Novo, que actuará también como secretaria de la comisión, y Javier Truchero, asesor del ministro de Justicia.
