La que fuera dirigente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra el Gobierno y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por un supuesto delito de prevaricación omisiva, «por no haber ordenado el uso de mascarillas al inicio del estado de alarma».
Según ha señalado en Twitter, ha decidido llevar este asunto ante el Alto Tribunal después de haberlo denunciado el pasado 8 de junio ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en un escrito de 12 páginas, y no haber recibido aún «ni acuse de recibo».
En la denuncia ante el Supremo, presentada ayer, explica que «al no haber recibido noticia alguna sobre la eventual incoación de diligencias informativas», da «a todos los efectos por reproducido el contenido» de la denuncia ante la Fiscalía.
Acabo de presentar en el Supremo una denuncia contra los miembros del Gobierno y contra Fernando Simón por un delito de Prevaricación omisiva por no haber ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso de mascarillas. Lo denuncié el día 8 en fiscalía; ni acuse de recibo. pic.twitter.com/ClRxndEOju
— Rosa Díez (@rosadiezglez) June 30, 2020
En su escrito a la Fiscalía, Díez reclamaba la apertura de diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación en su modalidad omisiva al no haberse ordenado el uso obligatorio de mascarillas antes del 20 de mayo, fecha en la que se publicó en el BOE esa directriz, pero también por no haber limitado todavía más la libertad de movimientos en caso de no poder abastecerse de las mismas.
A su juicio, el criterio de obligatoriedad de las mascarillas solo se puso de manifiesto cuando el Gobierno pudo garantizar el suministro de las mismas, pero no antes, «poniéndose por tanto en grave riesgo a todos los ciudadanos, lesionando su derecho fundamental a la salud por motivos políticos».
En la denuncia recoge unas declaraciones de Fernando Simón reconociendo que «en una situación de escasez en el mercado de mascarillas» desde Sanidad se quiso ser «muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar», y otras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegurando que, aunque las mascarillas eran útiles, no eran para estar por la calle.
Rosa Díez sostiene que si el Gobierno hubiera dicho desde el principio la verdad a los ciudadanos, éstos se podrían haber protegido y haber limitado cualquier eventual contacto con terceros al saber que no disponían de las adecuadas mascarillas.
«La prevaricación que se denuncia viene no por lo que se ha hecho, sino por lo que no se hizo de forma deliberada y a sabiendas y que debía hacerse», indica.
«Soy partidaria de que cada ciudadano haga lo que esté en su mano para que las instituciones funcionen y se haga justicia», señala hoy en Twitter.
