La Audiencia Nacional (AN) ha acordado la extradición a México del exdirector general de la petrolera mexicana Pemex Emilio Lozoya Austin para ser juzgado en dos causas por delitos que en su país constituirían asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que en la legislación española se corresponden con asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
En un auto, dictado a 2 de julio y conocido hoy, el tribunal de la Sala de lo Penal (Sección Segunda), considera que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega.
Recuerdan que Lozoya presentó el pasado 29 de junio un escrito en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición).
Lozoya también fue impulsor de la compra del astillero vigués Barreras por parte de la petrolera mexicana.
El auto lo firman los magistrados Jose Antonio Mora Alarcón (presidente), Jose Ricardo de Prada Solaesa y María Fernanda García Pérez (ponente).
Contra esta resolución cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala.
El tribunal aplica en este caso el artículo 19 bis del Tratado bilateral en el que señala que “si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la Parte Requerida que consiente en ser extraditado, dicha Parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para expeditar la extradición, no siendo aplicable en estos casos la regla de especialidad”.
Emilio Lozoya está siendo investigado en México por presuntamente recibir 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano.
Según exponen, los hechos por los que está reclamado en la primera causa indican que Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mejicanos (Pemex), propiedad del Gobierno, se comprometió con la empresa Altos Hornos de Méjico (AHMSA), representada por el empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, conocido como el ‘rey del acero’, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.
De acuerdo con el relato aportado por las autoridades mexicanas, de ese modo, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de 3,4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el reclamado, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.
Según se expone en la reclamación de extradición, las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se efectuaron el 12 de junio y el 1, 9, 16 y 28 de noviembre.
Señala que desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre el reclamado formó parte del gabinete de transición del nuevo presidente electo.
Además, indica que entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 Tochos Holdin ingresó en distintas cuentas bancarias cuya titularidad correspondía al reclamado un total de 60.000 dólares“sin causa que justificase dichos pagos”.
Posteriormente, la misma empresa, ingresó en una cuenta a nombre de María del Carmen Ampudia 2.580.000 dólares señalando como concepto “Ladera num 20 casa 11 Col. Lomas de Bezares”, siempre según los hechos en los que se basa la reclamación extradicional.
Añade que al día siguiente, el reclamado en calidad de comprador, adquirió dicho inmueble por la misma cantidad.
Según exponen las autoridades reclamantes, en diciembre de 2013, Lozoya, en calidad de director general de la empresa Pemex, propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de Pemex, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.
Y lo hizo, según señalan, “pese a que los diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad”.
Explican que la compra se llevó a cabo estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, 264 millones de dólares.
Debido a la deteriorada situación de la mercantil, apunta el texto, fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación por valor de 450.000.000 dólares, siempre según la reclamación de las autoridades mexicanas.
PAGOS DE ODEBRECHT
Según exponen, respecto a la segunda causa por la que Lozoya está reclamado, en 2009 éste ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país.
También de acuerdo con el relato aportado por las autoridades mexicanas, a cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebretch para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en marzo de 2012, el reclamado «solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI, llevando a cabo la mercantil en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta 8 transferencias» por un total de 4 millones de dólares a empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan S.A, «vinculadas al reclamado o a su familia».
Señala que parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1,9 millones de dólares en el Estado de Guerrero en la República Mejicana por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers.
Según se indica en la documentación de extradición, como director general de Pemex, Lozoya otorgó en 2003 de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mejicanos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, comprometiéndose la citada mercantil a pagarle 6 millones de dólares a cambio del otorgamiento de la obra que finalmente obtuvo, firmando el contrato de obra pública en febrero de 2014.
De dicha cantidad, a Emilio Lozoya le fueron abonados 5 millones de dólares mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan, que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, el 24 de febrero, y 11 y 20 de marzo de 2014, expone.
FUE DETENIDO EN FEBRERO EN MÁLAGA Y ESTÁ EN PRISIÓN PROVISIONAL DESDE ENTONCES
Lozoya fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga en virtud de una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas.
Las autoridades mexicanas iniciaron una búsqueda internacional para detenerle tras fugarse en mayo de 2019 cuando su nombre apareció como presunto responsable de un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de Pemex.
“Gracias a la excelente colaboración existente entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional española se obtuvieron indicios que situaban al fugitivo en diferentes localidades españolas», indicó entonces la Policía, y señaló el alto poder adquisitivo de este Lozoya y sus lazos internacionales complicaban su localización.
Tras nueve meses de investigación, las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional permitieron situarle a principios de este año en la provincia de Málaga.
Una actuación conjunta del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría Provincial de Málaga culminó con la detención del fugitivo en la Costa del Sol.
Al día siguiente de su arresto, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, decretó su ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada, donde permanece.
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